De acuerdo a los registros oficiales, hubo más homicidios en el primer bimestre de 2019, bajo la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que en los primeros dos meses de 2018, último año del ex presidente Enrique Peña. Así lo refieren las estadísticas de la incidencia publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el 21 de marzo de 2019.
Fueron 4 mil 977 homicidios dolosos entre enero y febrero del año pasado, y 5 mil 649 asesinatos en el primer bimestre del presente año, lo que se traduce en un incremento del 13.5 por ciento.
Durante los 365 días del último año del presidente Peña el promedio mortal fue de 91.42 asesinatos diarios y en los primeros 90 días de “El Peje” se han registrado 94.71 víctimas de homicidio cada 24 horas.
Y aunque las estadísticas del SESNSP indican que los asesinatos se redujeron un 1.99 por ciento al comparar el mes de enero contra febrero, y justificarlo en el hecho de que el segundo mes hubo 57 muertos menos que en el primero, la realidad es que esa es una estimación engañosa, porque la reducción se debe a que el mes de febrero tienen tres días menos que enero, y con más de 94 ejecuciones al día como promedio, la “mejoría” resulta muy cuestionable.
En todo caso, ciertamente es menos imprecisa la declaración que hizo el presidente en el informe de sus primeros 100 días de gobierno de que “solo se ha logrado contener la incidencia delictiva”, aunque no ha sido en todo el territorio nacional
Apenas el 16 de marzo, las secciones de los periódicos locales en las planas dedicadas a las noticias nacionales e internacionales fueron crónicas de terror, además de la nota de que Donald Trump insistía en la construcción del muro fronterizo, se pudo leer que: un comando de 27 vehículos se enfrentó a grupo policiaco en Veracruz teniendo como resultado un oficial y 4 presuntos delincuentes muertos, también reportaron que hallaron 19 cuerpos embolsados, 18 hombres y una mujer en un canal de Jalisco; y que un comando criminal ingresó al poblado de Comanitos en Mocorito, Sinaloa, y quemaron casas y autos. Todo ello fue reportado en una sola página.
Veracruz además de registrar 300 homicidios los primeros dos meses del año, está ubicado en el primer lugar nacional en secuestros; en Guadalajara los reportes indican que el Cártel Jalisco ha invadido la cuarta parte de las colonias; y en Celaya, Guanajuato, identificaron un Cártel con el nombre de Santa Rosa de Lima, cuyo nombre fue tomado de un poblado en el que muchos habitantes operan con criminales. Y estos son solo algunos ejemplos de la inseguridad que reina en el país.
En Baja California, donde el Plan Nacional de Paz y Seguridad consideró a Tijuana como una de las zonas con más violencia y con necesidad de intervención prioritaria, sí se ha dado una reducción a partir del 4 de febrero, sin embargo los números manejados por el SESNSP son erróneos y menores.
Conforme a los registros del secretariado federal en enero en Baja California mataron a 234 personas y en la vida real fueron 262 víctimas, en febrero el sistema contabilizó a 184 y los homicidios dolosos fueron 195. Tal vez por eso en el informe ofrecido por el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González en la conferencia mañanera en Tijuana el 27 de marzo, habló de que las muertes diarias se redujeron de 5.2 a 4 por día.
Cuando de acuerdo a los números, también oficiales, de la procuraduría y secretaria de seguridad estatal, las ejecuciones diarias bajaron de 9.5 en noviembre de 2018, el último mes de Peña Nieto, a 8.7 por día en diciembre primer mes del gobierno de López Obrador. Y de ahí a 8.4 asesinatos cada 24 horas en enero. Ya con los operativos de coordinación en marcha fueron 6.9 muertes violentas por día en febrero. Mientras en los primeros 25 días de marzo con 151 cadáveres, el registro de victimas está en 6.04 diarias.
Como seis asesinatos al día siguen siendo muchos y las balaceras se dan en vía pública, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía no ha disminuido al mismo ritmo que las víctimas mortales.
Dicen los que saben y trabajan el tema de seguridad en Baja California, que el problema de la estrategia federal es que aún está en una primera fase dónde las fuerzas federales se concentran en presencia, patrullajes y apoyo en ejecución de órdenes de aprehensión. Y como el operativo no incluye aún, la captura de los líderes de las células del narcotráfico, cuando los miembros del crimen organizado identifiquen los recorridos y operativos, regresarán a las calles para detonar la incidencia delictiva.
Y aunque el presidente López Obrador sigue empeñado en declarar que, “…el objetivo de su administración no es capturar a los cabecillas de los cárteles de la droga…sino garantizar la seguridad pública”, y como los hechos muestran que los dos conceptos que intenta separar están amarrados, las autoridades locales esperan que como en otros temas, en esto también el mandatario federal se contradiga.
Los cabecillas criminales, sus cómplices y operadores son origen de los delitos de seguridad pública, narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de armas, de personas, o de especies animales en peligro de extinción, y hasta de algunos tipos de robo.
Como el primer paso ya está dado, ahora para que la reducción de la incidencia sea significativa, sostenida y permanente, las fuerzas operativas locales, aguardan la intervención de las fuerzas federales con trabajo de inteligencia financiera y operativa para neutralizar a los cabecillas de los cárteles, de las células, que por cierto, cometen delitos federales que el Presidente, su fiscalía, sus secretarias y policías, están obligados a constitucionalmente a combatir.
