Magistrados revocan fallo que amparaba
a Juan José Pérez Vargas para que no
fuera extraditado a la Unión Americana.
De requerirlo autoridades mexicanas y
estadounidenses, podrían materializar la
entrega del reclamado en cualquier
momento. Sin embargo, al presunto narco
le sumaron un proceso federal por al
menos ocho secuestros ocurridos en
Guadalajara antes de 2012, cuando
militaba en un grupo criminal contrario al
CJNG. Se investiga su participación en el
multihomicidio de 26 personas ocurrido
el 24 de noviembre de 2011 en Jalisco
Cuando parecía que la suerte le favorecía al presunto narcotraficante Juan José Pérez Vargas “El Piolín” o “El JP”, su situación legal cambió, al serle revocado el amparo indirecto concedido meses atrás por un juez, que lo libraba de la extradición internacional a Estados Unidos.
Por si fuera poco, al ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana (CJNG o Cártel Tijuana Nueva Generación) le encausaron penalmente por su probable participación en diversos secuestros en Jalisco ocurridos antes de 2012, cuando militaba en la célula criminal de La Resistencia, grupo antagónico del CJNG.
En una decisión dividida, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, resolvieron que la Cancillería mexicana sí equiparó correctamente la clasificación legal de los delitos materia de la acusación en la Unión Americana con la legislación penal de nuestro país.
La resolución que revocó el amparo a Pérez Vargas fue pírrica, pues el magistrado que hizo la ponencia, Martín Ángel Rubio Padilla, propuso confirmar el fallo del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de Zapopan, quien concedió la protección de la justicia federal al quejoso.
Sin embargo, los dos restantes magistrados resolvieron darle vuelta al proyecto de sentencia y optaron por contradecir el criterio de su colega y del juzgador, para negar el amparo al presunto capo reclamado por la Corte del Distrito Sur de California, en San Diego, por el delito de asociación delictuosa para distribuir drogas.
Con esta resolución, de querer hacerlo, el gobierno mexicano podría realizar la entrega física del reclamado al gobierno extranjero que le requiere para juzgarlo por ilícitos registrados en su territorio y bajo su jurisdicción, a pesar de que el connacional aún tiene procesos penales pendientes en tribunales ubicados en Jalisco.
ORDEN DE EXTRADICIÓN
Como ZETA lo ha informado en diversas ediciones, la Corte del Distrito Sur de California, a petición de la Fiscalía de la misma jurisdicción, dictó orden de aprehensión contra Juan José Pérez Vargas el 30 de enero de 2017 por su probable responsabilidad en dos cargos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas como integrante y jefe de células del CJNG en Tijuana.
Según autoridades norteamericanas, “El Piolín” se asoció delictuosamente con otras personas, “comenzando en fecha conocida por el Gran Jurado y continuado hasta y durante enero de 2017 dentro del Distrito Sur de California, para distribuir y causar la distribución de sustancias controladas”.
Foto: Archivo.- Juan José Pérez Vargas, “El Piolín”, “El JP”, “El Amarillo”, “El R7”, “El Juanillo”.
En un primer cargo se señala que las drogas señaladas son:
* 500 gramos y más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de metanfetamina (sustancia controlada conforme a la clasificación II).
* 5 kilógramos y más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína (clasificación II).
* Un kilo y más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de heroína (clasificación I).
* Una tonelada y más de marihuana (clasificación I).
“Todo lo anterior, intencionalmente, a sabiendas y con causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas a los Estados Unidos; todo con violación a las secciones 959, 960 y 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos”, destaca el documento de la extradición transcrito al español en el juicio de amparo promovido por Pérez.
En un segundo cargo, los estadounidenses señalan: “A sabiendas e intencionalmente se asoció delictuosamente con otras personas, comenzando en fecha desconocida por el Gran Jurado y continuado hasta y durante enero de 2017 dentro del Distrito Sur de California, para importar a los Estados Unidos desde un lugar en el extranjero, sustancias controladas, a saber (las mismas cantidades antes descritas, pero con violación a las secciones 952, 960 y 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos)”.
Al recibir la solicitud del gobierno norteamericano de detener a Pérez Vargas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) turnó la petición (AS/230/2444/2017) a la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) para que el Ministerio Público Federal determinara la viabilidad de consignar el asunto, lo que finalmente ocurrió con la consiguiente solicitud de una orden de detención provisional con fines de extradición.
Un juez federal concedió el mandamiento 02/2017 y ordenó que el reclamado quedara en el interior del mismo penal, donde se encontraba a disposición de la SRE.
El 2 de febrero de 2018, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, emitió su opinión jurídica al respecto y destacó (en su resolución escrita a foja 194 del tomo IV de pruebas): “En nuestro sistema penal federal no están tipificados los delitos de asociación delictuosa para distribuir y ocasionar la distribución de más de las drogas y cantidades de las mismas detalladas párrafos atrás”.
El juzgador aclaró a la Cancillería que las conductas referidas están más relacionadas y previstas con el delito de delincuencia organizada en las hipótesis que estable el Artículo 2, fracción I, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO); pero el 11 de marzo de 2018, la SRE emitió un acuerdo por el que se concede la extradición internacional del reclamado Juan José Pérez Vargas a las autoridades estadounidenses.
Entonces “El Piolín” interpuso el juicio de amparo 628/2018 ante el Juzgado Octavo de Distrito de la especialidad en Guadalajara, cuyo titular le dio la razón al juez federal para emitir la opinión jurídica que cuestionaba la equiparación de delitos entre la legislación penal de ambos países y concedió la protección de la justicia federal al quejoso, ahora revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Jalisco.
CARGOS POR SECUESTROS
Luego de que Juan José Pérez Vargas fue detenido el 19 de septiembre de 2017 en el cruce de dos importantes avenidas de Guadalajara, durante una revisión policial, al presunto delincuente le fue detectada una orden de aprehensión dictada en su contra en años anteriores por el delito de violación cometido en agravio de una mujer vecina de esa ciudad.
En la inspección al automotor de “El Piolín” y dos de sus colaboradores, de nombres Efraín “N” y Luis “N”, lo más que le encontraron elementos de la Policía Estatal fue un cargador para arma calibre 9 milímetros con nueve balas, 70 mil pesos en efectivo y una cantidad de dólares americanos no precisada.
Debido al mandamiento judicial dictado en 2015 por el abuso sexual, Juan José, que utilizaba el falso nombre de Alberto Rodríguez Vargas, fue internado en el Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco. En Baja California no contaba con ninguna orden de captura, a pesar que se le mencionaba como uno de los factores en el incremento de la violencia en esta frontera.
En 2018 se decretó la orden de aprehensión en la Corte Federal del Distrito Sur de California, lo que derivó en una orden de detención provisional con fines de extradición dictada por un juez federal del Estado de Jalisco, situación que impidió a Pérez Vargas abandonar la cárcel una vez que había librado el proceso por la violación sexual.
De pronto, autoridades ministeriales que detectaron su estancia en el centro penitenciario jalisciense se dieron cuenta de que había una orden de captura en su contra por una serie de secuestros ocurridos de 2012 hacia atrás por la organización criminal que se denominaba “La Resistencia”, que contendía contra el CJNG por los espacios vacíos que había creado la escisión de ambos grupos del Cártel de Sinaloa tras la muerte del narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal en 2010.
Actualmente Juan José es procesado en el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en Guadalajara por su probable responsabilidad en el delito de plagio o secuestro en agravio de por lo menos ocho víctimas de identidad reservada, junto con por lo menos una docena de coacusados, entre quienes figuran Francisco Daniel Yeme Gómez “El Pacorro”, que en aquellos tiempos era su jefe en “La Resistencia”.
Al “Piolín” se le dictó auto de formal prisión (en el sistema penal tradicional-mixto) dentro de la causa 5/2018, situación jurídica que fue confirmada apenas el 30 de noviembre próximo pasado por el Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito en el toca penal 141/2018. Expediente compuesto por 16 tomos de actuaciones.
El proceso será largo para Pérez Vargas, pues hasta el momento solo tres de las ocho víctimas de secuestro han sido localizadas, mientras que cinco están en calidad de desaparecidas y, por cuestión de procedimiento, a todas se les tiene que notificar de la marcha de la causa criminal y recursos promovidos por los imputados. Para el efecto de localizar a las víctimas faltantes, el juez de la causa y los de amparo han ordenado a diversas dependencias federales informar si en sus padrones tienen registrados los domicilios donde se pueda encontrar a las referidas personas.
Cabe mencionar que al grupo delictivo “La Resistencia”, integrado por gente del Cártel de Milenio, La Familia Michoacana y del Golfo, se le responsabilizó del asesinato masivo de 26 personas cuyos cadáveres fueron abandonados en dos camionetas el 24 de noviembre de 2011, debajo del paso a desnivel del monumento conocido como Arcos del Milenio, por lo que no se descarta que al “Piolín” pudiesen relacionarlo con el multihomicidio.
