A pesar de estar explícitamente prohibido, el alcalde ha encabezado actos en donde se entregan recursos públicos, lo hace en calidad de presidente municipal pero también como precandidato oficial del PAN violando la ley. Además, a días de arrancar la campaña, el cabildo aprobó una ampliación de 30 millones de pesos para repartir becas a estudiantes y cheques a organizaciones civiles en donde ya se detectaron irregularidades beneficiando a grupos ligados al partido
Los recursos públicos de Tijuana está en manos de un candidato y las arcas del municipio han estado al servicio de sus apetitos electorales.
Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien busca reelegirse por un periodo más como alcalde, ha violado la ley en repetidas ocasiones utilizando el erario de los tijuanenses.
Desde septiembre del 2018, cuando arrancó el proceso electoral, no hubo poder que pudiera evitar que El Patas hiciera mal uso del presupuesto a favor de su imagen. Y, a decir, de regidores, lo seguirá haciendo durante la campaña.
En la última sesión de cabildo, celebrada el 2 de abril, a días de arranar la campaña, los regidores panistas y sus aliados aprobaron al alcalde ampliaciones presupuestales por un monto de 30 millones de pesos para repartirlas en becas y en “apoyos” a organizaciones civiles.
ZETA ha documentado casos de cómo en el gobierno municipal se utilizan los recursos por medio de la Secretaría de Desarrollo Social destinados a apoyar organizaciones civiles que son propiedad de militantes panistas o proyectos sin alcance social.
O bien, como quedó demostrado, que desde el gasto social de la oficina de Presidencia, el gobierno municipal entregó 4 millones de pesos para la “asociación civil” de colonos de Puerta de Hierro, uno de los desarrollo habitaciones más exclusivos en la ciudad y en donde vive el suplente del alcalde para reparar una calle dentro del mismo fraccionamiento.
“En estos 45 días de campaña, Juan Manuel y sus colaboradores pretenden comprar con los recursos de Tijuana la confianza que se han dedicado a traicionar desde el día que tomaron protesta como funcionarios públicos, dedicándose al negocio con el patrimonio de los tijuanenses”, declaró Mónica Vega Aguirre, regidora de Transformemos.
Lo que dice la Ley…
El consejo general del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), emitió el pasado 14 de marzo el dictamen 15, donde quedaron estipulados los lineamientos para el registro de candidaturas a los cargos de gubernatura, munícipes y diputaciones en el proceso electoral 2018-2019.
En dichos lineamientos, se señalan algunos actos prohibidos para los candidatos que buscan la reelección, por ejemplo, se incluyó lo que ya dicta el artículo 9 Ter de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en donde queda establecido que los Presidentes Municipales, Síndicos, Procuradores y Regidores que participen en un proceso electoral en busca de ser reelegidos, “No podrán utilizar recursos públicos que le correspondan por el ejercicio de su encargo para promover o influir de manera alguna en el voto a su favor o en contra de algún candidato”, “No podrán estar presentes en actos públicos relacionados con la entrega de beneficios derivados de programas sociales”, y además, “No podrán promocionar o publicar las acciones de gobierno realizados en el periodo que comprende desde el inicio de las precampañas hasta la conclusión de la jornada electoral”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- Mónica Vega señala “cadena de corrupción”.
… lo que le importa al Patas
El 22 de enero inició la etapa de precampaña para quienes buscaron la candidatura a presidente municipal, la cual finalizó el 20 de febrero, quedando un poco más del mes antes de las campañas, sin embargo, para Juan Manuel Gastélum Buenrostro, fue la comenzó su “afición” por repartir apoyos sociales, entregar obras públicas, adquirir más vehículos y patrullas.
Por poner algunos ejemplos, en las últimas semanas ha encabezado al menos seis entregas de apoyos derivados de programas sociales, en la mayoría fue entrega de apoyos económicos.
El primero de estos se dio el 11 de febrero, cuando entregó 80 apoyos de material para construcción a ciudadanos de escasos recursos, dos días después, el 13 del mismo mes, entregó cerca de 91 instrumentos musicales para el Centro Comunitario Florido.
No conforme, el alcalde en turno, continuó en sus prácticas sin que nadie mediara palabra para detener el curso de sus acciones, y así, el 21 de marzo entregó 180 cheques a madres de familia por 2 mil pesos cada uno; el 23 de marzo dio apoyos de este tipo a otras tantas beneficiadas.
Para el 26 de marzo, estuvo entregando de su propia mano 23 cheques a organismos de la asociación civil, de los cuales 12 apoyos fueron por 50 mil y 11 por 80 mil pesos, siendo uno de los beneficiados Lorenzo Herrera, de la asociación Fondo de Asistencia para el Sida A.C., mismo que en días recientes ha convocado a la comunidad LGBTTTIQ, a través de medios locales, para que ejerzan lo que denomina “el voto rosa”, sin indicar de forma explícita a quien apoyará.
Además de estos apoyos, el 29 marzo entregó 15 de un total de 40 títulos de propiedad, a quienes resultaron afectados por los deslaves en las colonias Camino Verde y Sánchez Taboada.
Induciendo el voto
ZOOM POLÍTICO entrevistó a un grupo de abogados electorales y constitucionalistas, quienes apelaron al Artículo 134 Constitucional federal y 100 de la Constitución local que establecen que “los servidores públicos tienen la obligación de aplicar imparcialmente los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia electoral”.
Para los expertos, los lineamientos avalados por los consejeros electorales, los cuales incluyen al artículo 9 Ter de la Ley del Régimen Municipal, existe para asegurar “la equidad en la contienda y la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, particularmente la del régimen que establece que los que pretenden elección consecutiva o reelección no están autorizados a participar en actos en los que al ser funcionarios se hagan entrega de beneficios de programas sociales”.
Y concuerdan en que “la norma pretende evitar que ello genere presión en los electores a partir de la entrega de apoyos sociales de quien tiene una pretensión electoral”.
Incluso el Artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla como infracción de los servidores públicos “la utilización de programas sociales para inducir o coaccionar a ciudadanos para votar a favor o en contra”.
Los principios que se velan en estas normas jurídicas son neutralidad, imparcialidad y equidad en el proceso electoral.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- Le autorizan 30 millones para repartir.
“Es un saqueo constante”: Mónica Vega
La regidora de Transformemos fue una de los tres únicos ediles que votaron en contra la pasada sesión de cabildo a la ampliación de 30 millones de pesos para que el gobierno reparta 15 millones en becas y 15 a organizaciones civiles (Tito Quijano votó en contra excepto la ampliación para el DIF y destinados a los apoyos a ONGs).
Estos recursos fueron solicitados a través de la regidora Elvia Rangel García, quien de paso, también busca la reelección para el mismo cargo y quien hasta el momento preside la comisión de Hacienda.
“Es una medida desesperada del gobierno del señor Juan Manuel, porque conoce perfectamente el desprecio que ha despertado su desgobierno, su falta de honestidad, su desastroso papel para cumplir con los servicios públicos, los negocios personales que ha hecho al cobijo de la presidencia junto a su hijo y sus colaboradores”.
La regidora remata: “los ciudadanos conocen este terrible gobierno que cree que aumentando y acelerando la entrega de los apoyos económicos, las preferencias electorales van a favorecerlo, son lamentables actos de fragrantes delitos”.
Vega Aguirre sostiene que en el caso del reparto de apoyos económicos en asociaciones civiles es muy común que el gobierno municipal busque prestanombres, algunas incluso presididas por empleados municipales o personas cercanas a algunos funcionarios para poder “lavar” el recurso y disponerlo en efectivo. Hay una cadena de corrupción y desvíos enorme en la administración panista que debe denunciarse, perseguirse y castigarse”.
Por su parte, el regidor de Morena, Manuel Rodríguez Monárrez advirtió en el mismo sentido “Tengo la intuición que (el acalde usará recursos públicos) porque ciertas estructuras de gobierno este año, están solicitando ante Hacienda aumentos considerables en sus presupuestos. Dicen que el DIF no se toca, por eso se tiene que auditar, porque lo que yo quiero saber es cómo van a gastar tantos millones que han estado pidiendo, y la dirección de Desarrollo Social Municipal es la otra… Esas dos entidades están sometiendo en Hacienda considerables aumentos para este año. Yo siempre lo dije, son dos agendas las de este gobierno –municipal-, la de los negocios privados y la electorera”.
IEE: confirma violación
En entrevista para Zoom Político, la consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Lorenza Soberanes Eguía, quien también preside la Comisión de Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, confirmó que en el caso que un candidato a reelección, ya sea para alcaldía, sindicatura o regiduría, se presentara en eventos públicos en donde se entregaran apoyos derivados de programas sociales, estaría vulnerando estos lineamientos y por ende la Ley.
Explicó que fue el mismo Partido Acción Nacional (PAN), quien dos días después de la publicación de los lineamientos, interpuso un recurso de impugnación ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) ya que no estuvieron conformes con lo que estos indicaban, sin embargo, subrayó que aun cuando estos criterios fueran desestimados por el tribunal, la violación seguiría vigente, según lo que indica el artículo 9 Ter de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, y que de forma indirecta también estarían por encima de lo que menciona la Constitución Política en su artículo 134.
