Sea en cuantiosos grupos de personas o en las reconocidas caravanas migrantes, estas nuevas modalidades de migración en tránsito, principalmente desde Centroamérica, han dejado a la deriva la atención y el enfoque a los deportados nacionales que día con día están siendo expulsados de Estados Unidos a México; situación que preocupa tanto a las autoridades migratorias como a especialistas y activistas enfocados en el tema, dado al recorte de recursos federales en el rubro y a la falta de programas integrales de atención a este sector. Se ha detectado que cada vez son más los deportados que ya tenían extensos periodos de tiempo en el país vecino
Alfredo Morales recorre diariamente la Zona Centro de Tijuana en busca de algún trabajo o actividad que le permita juntar unos pesos para sobrevivir. Lava carros, poda pasto, ayuda a descargar mercancía en mercados, barre calles, vende fruta en algunos semáforos. Por las noches regresa al puente de la colonia 20 de Noviembre para resguardarse principalmente de los policías.
Alfredo tiene 47 años de edad, es originario de Huetamo, Michoacán y fue deportado a Tijuana el 1 de enero, luego de más de 35 años radicando en Chicago, Illinois, ya con una vida, un negocio personal y una familia establecida.
Cuando lo detuvieron, luego de una redada cerca de su casa, ni tiempo le dieron para despedirse de su familia ni para “desearles año nuevo”, ya que pasó esa noche en un centro de detención, para posteriormente ser llevado a la Garita de San Ysidro, por donde lo regresaron a Tijuana.
Alfredo asegura haber tenido la “fortuna” de no ser “presa de los elementos policiacos que suelen rondar la zona para robarnos el dinero y las pertenencias”, como había escuchado antes por testimonios de conocidos: que luego los encargados del “orden y la seguridad” son quienes les ponen las primeras trabas.
Gracias a eso y a su intuición, ha podido mantenerse de esa manera en el anonimato, sin involucrarse en problemas, pero a la vez ganando un poco de dinero mientras retoma su vida en esta ciudad.
Desayunador Padre Chava, uno de los lugares que ofrecen alimentar a migrantes y deportados.
Alfredo es uno de los 14 mil 754 casos de migrantes connacionales que han sido deportados en lo que va del presente año ante el Instituto Nacional de Migración (INM): 10 mil 390 por Tijuana y 4 mil 300 por Mexicali. Un promedio de 163 personas deportadas diariamente.
Cifras que en comparativa son muy semejantes al mismo periodo del año pasado, pero que en contexto reflejan lo que especialistas y autoridades migratorias refieren como una nueva modalidad en el tema de deportaciones; el hecho que son cada vez más los connacionales con periodos de estancia más prolongados en Estados Unidos, los que están siendo deportados.
Anteriormente estos casos se registraban principalmente al momento del cruce o a unos días de haberlo realizado, sin embargo, ahora son personas que ya tenían 10, 15, 20 o hasta más años radicando en el país vecino, lo cual denota el cambio en políticas migratorias que las autoridades estadounidenses han venido dando en los últimos años.
Situación que de este lado de la frontera preocupa aún más tanto a los especialistas como a las autoridades, considerando que el trabajo de reincorporación social y laboral es nulo, además, la coordinación interinstitucional no es muy buena y con estos casos se requiere un esfuerzo doble y mayores recursos para su atención, lo cual el nuevo Gobierno Federal ha retirado al menos mediante la atribución a organismos de la sociedad civil.
OPACADOS POR LAS CARAVANAS; RECURSOS INSUFICIENTES
Laura Velasco Ortiz, profesora e investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y experta en temas de migración, considera que desde 2016, con la llegada de los haitianos, estas corrientes migratorias en colectivo han invisibilizado y dejado en segundo término a los deportados, principalmente desde el enfoque de la atención de gobierno.
En los últimos años se han comenzado a consolidar programas en términos de recepción y de inserción social y laboral, como el de Repatriación Humanitaria y la estrategia Somos Mexicanos que, a decir de la especialista, “tienen una visión mucho más amplia sobre cómo reaccionar ante los
Migrantes desaparecen una semana atrás y aún no hay denuncia
Luego que se diera a conocer que dos migrantes menores de edad y un bebé se encuentran desaparecidas, tras ser engañadas por un “pollero” que les prometió cruzar la frontera, el caso no se ha podido llevar a otras instancias legales ni generar una denuncia ante el Ministerio Público, debido a que al tratarse de menores no acompañadas, requieren de una figura jurídica que las represente, que en este caso sería DIF Estatal.
Se trata de Jennifer Garay García, de 14 años; Rosy García Serrano, de 17, y su hijo Juan Carlos, de un año y medio, todos originarios de Honduras, quienes no han sido localizados desde hace más de una semana, cuando salieron del albergue Ágape Misión Mundial.
Cristina Güicho, secretaria general del albergue, compartió que el viernes 22 de marzo, una de las menores le llamó para pedirle permiso de ir por un dinero que le enviaría su madre, ya que un muchacho la cruzaría a Estados Unidos.
La petición le fue negada, a ser menores y no tener esa jurisdicción, aunado a que no conocen a la persona que supuestamente las cruzaría y por los riesgos de implica un cruce ilegal.
El 23 de marzo, otros de los migrantes ahí alojados le comentaron que el “pollero” se estaba llevando a “grupos de cuatro y hasta veinte personas” con el engaño de que podía cruzarlos, que se irían cuando las autoridades no estuvieran en las instalaciones.
Como presunto responsable identificaron a Sebastián Nicolás Esteban, de origen salvadoreño, quien presuntamente llegó a Tijuana con la primera caravana migrante en abril de 2018.
Güicho relató que el lunes 25 de marzo se dieron cuenta de la desaparición de dos menores y dos mujeres, lo que fue motivo de preocupación porque no sabían si tenía que ver con tráfico o trata de personas.
La secretaria explicó que el 26 de marzo, Sebastián Nicolás Esteban regresó al albergue y decidieron confrontarlo tanto ella como el pastor Alberto Rivera Colón, director del albergue y varios migrantes, incluida una de las menores que logró escapar, y quien refirió que las tuvieron cautivas en distintos hoteles de la ciudad, de donde ella y otra -que ya se encuentra en Honduras- pudieron salir.
Llamaron a la Policía Municipal y dieron parte de lo sucedido a tres oficiales, acusando a Nicolás Esteban de secuestro y tráfico de personas. Sin embargo, el Informe Policiaco Homologado sólo fue presentado por “disturbios”, razón por la cual Nicolás recuperó de manera inmediata su libertad sin mayores investigaciones.
El 27 de marzo, los directivos del albergue presentaron una queja ante Sindicatura Municipal registrada con el folio INV-D-301-2019 y posteriormente en la Procuraduría de Defensa del Menor, bajo el procedimiento número 1041/18, debido que al tratarse de menores, deben brindar representación jurídica e interponer denuncia ante el Ministerio Público, lo cual hasta el cierre de esta edición, no había sucedido.
Al cierre de esta edición, el pastor Alberto Rivera Colón compartió que algunos migrantes le “pasaron el recado” que el “pollero” había mandado decir que a las dos menores y al bebé las habían cruzado al país vecino y se encuentran en un centro de detención.
Ante la situación, personal del albergue decidió solicitar apoyo al Consulado de Estados Unidos en Tijuana. El pastor confirmó que no se cuenta con registro de ellas en ningún centro de detención, por lo que le sugirieron seguir con la investigación e instar al DIF a interponer la denuncia. Manuel Ayala Chávez
flujos de deportación”.
Sin embargo, lamentan los especialistas que no existan protocolos de seguimiento a estos programas ni a los propios deportados, dejándolos a la deriva de sus circunstancias, lo cual resulta “preocupante” por la carencia y recorte a los recursos destinados a los albergues, que finalmente reciben a los deportados y han enfrentado el problema de forma directa.
Cuestión que desde la sociedad civil han estado señalando al Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su gestión anunció que se retiraría el apoyo directo a organizaciones de la sociedad civil, dejando también de lado el fondo de migralidad que se tenía contemplado para esta región y que en años anteriores sirvió incluso para la atención de haitianos y de los flujos de migrantes centroamericanos que terminaron relegando a los connacionales.
EL 30% SE QUEDA EN LA REGIÓN; MÁS COMPLICADA LA INTEGRACIÓN
De acuerdo con cifras del INM, del total de deportados, alrededor del 20% decide regresar a sus lugares de origen, el 50% intenta internarse a Estados Unidos por sus propios medios, y el 30% restante se queda en la región. Como Alfredo, quien optó por quedarse acá para buscar recomenzar su vida y estar un poco “más cerca” de su esposa y dos hijas que se quedaron en Chicago.
Para los especialistas y activistas, el porcentaje de personas que deciden quedarse en México es “muy significativo e importante” no por el hecho de que sean más o menos en comparación con otros años, sino por la diversidad de perfiles de los deportados, ya que hace 20 años se tenían otros.
Anteriormente el principal perfil era el de las personas captadas en los intentos de cruce de la frontera o que tenían poco tiempo de estancia en Estados Unidos, lo cual cambió y ahora son personas que ya llevaban un tiempo más prolongado de vida en el país, ya contaban con familia e incluso habían logrado su residencia y se encontraban en proceso de ciudadanización.
José María García Lara, director del albergue Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante en Tijuana, asegura que esta situación complica aún más la problemática, debido a que cambian los procesos de atención, de inserción social y laboral y estos requieren de una mayor atención integral y especializada.
“Son personas que lo perdieron todo, que tenían familia, en su caso un hogar o sus propios negocios, y de un momento a otro se los quitaron y los alejaron de ello, entonces el golpe emocional es diferente, es mucho más fuerte y requiere de otro tipo de atenciones”, dijo.
Albergue Juventud 2000 uno donde suelen albergarse los deportados.
Es el caso de Jorge Sánchez, de 39 años y originario de Ocotlán, Jalisco, que fue deportado el 13 de febrero y desde entonces dice no saber qué hacer con su vida, ni cómo reponerse del “duro golpe que me dio esto de la deportación”.
Jorge era dueño de un taller de carpintería en Reno, Nevada, adonde llegó a los 15 años con uno de sus tíos, quien le enseñó el oficio; luego de una década se aventuró a poner su propio taller y desde entonces no le iba “muy bien”, pero ganaba lo suficiente para sobrevivir sin carencia alguna.
Cuenta que llevaba casi 14 años con su negocio cuando llegaron por él los de Migración para deportarlo; achaca su “infortunio” a “las envidias” de otros mexicanos con quienes solía competir por los clientes. “Me pusieron dedo”, refiere sobre quienes lo acusaron con las autoridades migratorias y de un momento a otro terminó en Tijuana.
“El golpe fue más duro porque no fue por algo que yo hubiera hecho, ¿sí me entiendes? A mí me pusieron dedo, lo bueno es que ni casado estaba, si no, sabe Dios qué me hubiera hecho”, dijo.
Actualmente Jorge deambula por la colonia 20 de Noviembre en busca de quien le pueda proporcionar algo de dinero, no piensa regresar a su pueblo natal porque ya no va a reconocer nada ni a nadie de los que ahí queden, y lo único que hace es “ahí llevarla poco a poco”.
REDOCUMENTACIÓN, UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS
Uno de los grandes problemas que enfrentan los deportados para su integración inmediata, es que llegan sin documentos mexicanos y no saben cómo obtenerlos ni a dónde recurrir, sobre todo aquellos que tenían mucho tiempo viviendo en Estados Unidos.
Una vez que son deportados y recalan en el INM, la instancia les entrega una carta como identificación, con la cual pueden solicitar su credencial del Instituto Nacional Electoral -en caso de no tenerla- o acceder a servicios médicos; sin embargo, cuando salen de dicha instancia el primer obstáculo son los policías municipales, quienes aprovechan su autoridad para robarles pertenencias como dinero, relojes y teléfonos celulares.
Pero también para romperles sus documentos o quitárselos, motivo con el cual justifican la “vagancia” de la persona para ser llevados al centro de detención, encerrarlos unas horas y después dejarlos salir, a veces golpeados y totalmente a la deriva, con la confianza “por los suelos”, como lo relató el propio Jorge, quien ha sido víctima de estos abusos en reiteradas ocasiones.
Ello complica y acrecienta todavía más la problemática, como coinciden otros activistas consultados, puesto que provocan que los deportados terminen en situación de calle, involucrados en el consumo de alcohol o sustancias tóxicas.
MIGRANTES Y DEPORTADOS, TEMAS PRIORITARIOS PARA LOS CANDIDATOS
Bajo el contexto de Baja California entró en un periodo de elecciones a alcaldes y gobernador, activistas como José María García Lara resaltan que será sumamente importante que estos muestren en su agenda prioritaria el tema de la migración, específicamente el de los deportados.
Principalmente porque son los que fluctúan en el Estado y en el país, además, durante su estancia en Estados Unidos han contribuido a México con el envío de las remesas, por lo que esperan que “mínimo” les den un trato “digno” al momento de ser retornados.
“Muchos candidatos son de fuera y llegaron como migrantes para comenzar a hacer aquí sus vidas, saben de lo que se trata, por eso deben tomarlo en cuenta y promover tipos de acciones a emprender, visualizar programas de atención, entre otras cosas”, manifestó García.
La investigadora Laura Velasco resaltó que ante las circunstancias “no tenemos que quedarnos con los grandes acontecimientos, como lo han sido las caravanas; se tiene que dar seguimiento a estos procesos porque los deportados siguen siendo cuantitativamente importantes y cualitativamente están cambiando la dinámica social en México”.
Reformas a la Ley Nacional de Migración
En sesión llevada a cabo el miércoles 3 de abril, la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso de la Unión, dictaminó la modificación y reforma de algunos artículos de la Ley Nacional de Migración, en la cual se reitera la obligación del Estado mexicano de asumir el costo y proporcionar a los migrantes acceso a una adecuada defensa jurídica durante su tránsito por territorio nacional.
El cambio radica en que el articulado especifica la orientación garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Se votaron tres iniciativas. Una presentada el 8 de marzo de 2016 por las senadoras de la Legislatura LXIII, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La propuesta estipula que es necesario que el migrante tenga acceso a un profesional jurídico con formación en derechos humanos. De acuerdo con la reforma ya dictaminada, el Artículo 70 permite a “toda persona migrante sujeta a un procedimiento administrativo migratorio, tiene derecho a que se le notifique y contacte con su consulado, siempre que así lo desee y a un traductor; a contar con uno o varios representantes legales, uno o varios defensores licenciados en derecho y a estar asistido por las personas que libremente designe para protección y defensa integral de sus derechos humanos; a contar con asistencia médica y psicológica”.
A ello se agregó el Artículo 70 BIS, que explica: “… el Instituto Nacional de Migración está obligado a garantizar y permitir el acceso y la comunicación de los extranjeros con sus representantes legales y con su o sus defensores, en las estaciones migratorias o en lugares habilitados, donde se encuentre el extranjero al que se le esté llevando el procedimiento administrativo migratorio”.
De igual forma, reformaron el Artículo 93, iniciativa presentada el 5 de febrero de 2015 por el senador Teófilo Torres Corzo, con el objeto de “evitar posibles errores de interpretación que deriven conflictos por invasión de competencias, para precisar la facultad de control, verificación y revisión del Instituto Nacional de Migración”
Además, el Instituto “conocerá de las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos, sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria que corresponda, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente”.
La reforma al Artículo 93 instruye que “el Instituto solicitará información al Ministerio Publico sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de los delitos, sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria”, y cuando los particulares presenten denuncias ante él, “deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente para conocer y enviará de forma inmediata al particular ante la autoridad competente para que presente la denuncia correspondiente”.
La tercera reforma se aplicó a los artículos 109 y 140, mediante una iniciativa presentada el 16 de marzo de 2017 propuesta por la diputada Lorena Corona Valdés e integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con la que se estipula “… no limitar los derechos de los presentados en una estación migratoria y no nada más los derechos previstos en la Ley de Migración, sino en todas las demás leyes y evitar que los servidores públicos cometan violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes”.
Para ello la Comisión dictaminó reformar la fracción XV del Artículo 109 y el segundo párrafo del Artículo 140 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:
Artículo 109.- XV. “Las demás que se establezcan en esta Ley, en otras disposiciones jurídicas aplicables y en las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría”.
Artículo 140.- I. a VII. “Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución e inhabilitación, la actualización de las conductas previstas en las fracciones IV y VI del presente artículo, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables”.
