El Congreso del Estado “pateó el bote” y en vez de realizar un trabajo profundo para definir los alcances del haber de retiro de magistrados, cederá la decisión al Consejo de la Judicatura del Estado, permitiéndole definir el mecanismo que mejor les convenga, siempre y cuando no exceda una cobertura de 7 años, que no sea transferible y no supere los 62 mil pesos. Esto se expone en el dictamen de las comisiones unidades de Gobernación y de Hacienda, el cual se realizó prácticamente al “fast-track” y con sólo dos reuniones de trabajo para atender el tema; los magistrados actuales recibieron un transitorio para alcanzar un haber hasta de 12 años
El Congreso del Estado prácticamente “pateó el bote” y dio la oportunidad al Consejo de la Judicatura de reglamentar el haber de retiro conforme a sus intereses, salvo por algunas medidas restrictivas impuestas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Entre ellas:
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*Cobertura máxima de siete años después de cumplir su encargo.
*Que la percepción mensual no supere el sueldo de un Juez de Primera Instancia (62 mil pesos).
*Que no sea transferible a familiares.
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*Que no exceda una tercera parte del tiempo de duración en el puesto.
*Que no puede incrementarse más que la inflación
Sin embargo, no todas estas medidas aplicarían para los actuales magistrados, pues en un transitorio establece que ellos podrían recibir una cobertura hasta de 12 años después de terminado el encargo, lo que la convertiría en una de las más amplias.
Pese a que el Poder Legislativo tuvo la oportunidad de definir el tema desde el 22 de agosto del 2018, no fue hasta las últimas semanas de marzo cuando iniciaron las mesas de trabajo; sólo se llevaron a cabo dos reuniones en todo este periodo para definir el dictamen donde escucharon a las partes y analizaron el estudio técnico de una institución educativa privada.
La diputada Victoria Bentley Duarte –quien votó a favor- se dijo molesta por que sus compañeros no le tomaron el interés que representa un tema tan delicado, al grado que decidieron llevar a cabo modificaciones a la Ley Orgánica, en vez de realizarlo a través de una reforma constitucional, pues la intención es facilitar el proceso legislativo, pasando por alto los consensos u opiniones de otros legisladores.
Ante esto, una reforma a la Ley Orgánica cedería por completo la oportunidad a los 7 consejeros, de los cuales 3 son magistrados –y una más fue impuesta por la magistrada con licencia, Perla del Socorro Ibarra, actual Procuradora de Justicia-, para decidir qué tipo de beneficios recibirán al término de su encargo, salvo por dichas reservas.
En febrero del 2016, cuando Jorge Armando Vásquez era presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura –que también presidía- emitió un reglamento que contemplaba un beneficio salarial del 100 por ciento los primeros dos años y un 80 el resto de su vida. Además, se consideraba transferible para esposa o concubina, y para hijos menores e “incapaces”.
Aunque fue aprobado de manera unánime por los consejeros –donde también se encontraba el actual presidente, Salvador Ortiz Morales-, el hecho causó gran escándalo en la opinión pública, lo que generó una serie de amparos y presiones por parte de colegios de juristas y diputados, que obligaron al Poder Judicial a dar marcha atrás.
El antecedente hace pensar que dejarles la oportunidad de legislar por su propia cuenta, permitirá que lo modifiquen a su antojo.
El primer estudio actuarial sobre el tema se realizó en 2011 y contemplaba que los magistrados que cumplieran 15 años en el cargo o los 70 de edad, podrían recibir una remuneración del 55 por ciento de su sueldo de manera vitalicia, sin la necesidad de otorgar aportaciones, pues se utilizaría un recurso sobrante de 15 millones de pesos para abrir el fideicomiso y se agregarían otros cinco millones cada año por parte de la misma institución.
Consejo decidirá aportaciones
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial leída por el diputado, Andrés de la Rosa, fue votada por unanimidad por 19 legisladores, los cuales acordaron que – por medio de un estudio actuarial que ellos mismos pagarán- el Consejo de la Judicatura determinará cuánto aportará cada magistrado para hacerse acreedor a un haber de retiro, sin tener algún tipo de restricción. Esto fue lo que aprobó el Congreso del Estado, en donde por lo menos tres magistrados podrían quedar exentos de emitir aportaciones, ya que dos están fuera del Tribunal Superior de Justicia y otro se retira este año.
En entrevista para ZETA, la diputada consideró que esto es injusto, pues los magistrados Raúl González Arias y Félix Herrera Esquivel, serían automáticamente beneficiados por la reforma, ya que se encontraban activos cuando se presentó el recurso ante la SCJN.
Quien se agregaría a esta lista sería el magistrado de la Cuarta Sala, Emilio Castellanos Luján, cuyo periodo concluye en julio del 2019 cuando cumpla los 70 años; no aportaría un sólo peso, ya que el recurso se contemplaría –según dijo la diputada- hasta el próximo ejercicio fiscal.
Para el 2020 se retirarían del cargo los magistrados Marco Antonio Jiménez Carrillo, Víctor Vázquez Fernández, y María Esther Rentería, en julio, abril y diciembre, respectivamente. Los montos establecen que para el próximo año se erogarían 9 millones 331 mil 620 pesos.
Bentley Duarte, aseveró que si bien se cuenta con un recurso de 60 millones de pesos provenientes de un fideicomiso, no se debe abusar de ello, pues se trata de dinero asignado para el Poder Judicial que se redujo de otras partidas para beneficio de los magistrados.
Es por ello que, consideró, debe ampliarse el periodo de edad de retiro para los magistrados de 70 a 75 años, con el objetivo de que generen ingresos al fondo de jubilaciones.
Pese a que la intención es que todos tengan que aportar una suma, no se estipuló en la Constitución, por lo que quedará a total discreción del propio Consejo.
PJ no presentó propuesta y dejó fuera a los jueces
Otra de las cuestiones que inconformó a diputados fue que nunca presentaron una propuesta formal ante el Congreso del Estado y que sólo vieron por sus intereses, toda vez que no les importó dejar fuera de este beneficio mutualista a magistrados súpernumerarios y jueces, quienes se encuentran en las mismas condiciones, pero con menos salario.
El diputado Catalino Zavala, comentó que a través de los medios de comunicación se enteraron que su intención era solicitar una pensión de 62 mil pesos mensuales, lo que representa el sueldo de un juez.
“El (Salvador Ortiz) planteó en la declaración que hizo el salario de un juez, no es un porcentaje, ese es un punto de partida que consideramos, peor deberá verse el porcentaje por año, ese tabulador que no está terminado”.
Bentley Duarte también se inconformó por la falta de un estudio actuarial actualizado por parte del Consejo de la Judicatura, para poder definir parámetros sobre las percepciones que pudieran recibirse.
Analizaremos incluir a los jueces: Ortiz Morales
Luego de la decisión emitida por el Congreso del Estado, el magistrado Presidente, Salvador Ortiz Morales, citó a conferencia de prensa para agradecer la legislación que beneficia a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
En su oficina, el funcionario agradeció el transitorio que agregaron en la reforma, que les permite alcanzar hasta 12 años a los actuales magistrados. Sin embargo, los nuevos integrantes sí tendrán el tope de 7 años.
Sobre los señalamientos de la diputada Victoria Bentley, en que dejaron fuera a los jueces, Ortiz Morales señaló que analizarán la propuesta dentro del Consejo de la Judicatura del Estado.
“También dentro de las pláticas, agradecer a todos los diputados como ya lo he dicho, sobre todo a Bentley, toda vez que vamos a secundar su propuesta para buscar que los jueces sean la segunda etapa de un retiro digno que estará en las condiciones que se puedan lograr con estos temas de austeridad presupuestal”.
Agregó que no saben cuánto aportarán al fideicomiso de retiro, pero el tope en todo el país ronda el 10 por ciento del salario.
Legislaciones de otros Estados
Baja California es una de las pocas entidades que no cuenta con haber de retiro para funcionarios de primero y segundo nivel en el Poder Judicial; sólo Colima, Chihuahua, Oaxaca, Aguascalientes e Hidalgo se encuentran en la misma situación.
La controversia constitucional que recibió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en enero del 2018, estaba prácticamente ganada por los promovientes, pero la sentencia dejó carta abierta a los diputados para que legislaran como mejor les pareciera.
Lo benéfico de esto es que se cuenta con un enorme parámetro de legislaciones sobre el tema, de los cuales 11 entidades otorgan una pensión vitalicia, mientras que 15 lo hacen por determinada cantidad de tiempo; ninguno excede los 7 años.
El abanico de posibilidades es muy amplio, pues en Jalisco se otorgaría el pago de una sola emisión de 12 meses de sueldo, además de 14 días de salario por cada año trabajado. Situación contraria a la que se vive en la Ciudad de México donde se otorga una pensión del 100 por ciento de su sueldo los primeros dos años y el resto de su vida 70%; la única condición es que aporten el 8% de su sueldo los primeros seis años y 4 el resto de sus funciones.
Otro ejemplo destacado es el de Querétaro, donde la jubilación se recibe tras 12 años de ejercicio en el máximo tribunal del Estado, y donde se otorgará un retiro mensual por seis años con el sueldo que marca la Ley de Trabajadores del Estado. Es decir, recibirían una pensión idéntica a la de los burócratas durante este periodo de tiempo.
Pocos son los Estados que amplían a sus beneficiarios, como el caso de Chiapas, donde magistrados, jueces y consejeros que culminen su encargo tendrán el pago de seis meses de trabajo íntegro.
Uno de los casos más peculiares es el de Tabasco, donde no se fija un monto, sino que el Consejo de la Judicatura define de forma discrecional las condiciones de retiro de cada uno de los interesados.
