Debido a que pone en riesgo las finanzas estatales para los siguientes años y que se aprobó la reestructuración de la deuda pública en Baja California y los nuevos contratos para proyectos APP, el candidato a la gubernatura del Partido de Baja California (PBC), Ignacio Anaya Barriguete, presentará junto a todo el instituto político denuncias penales contra los diputados que aprobaron las iniciativas enviadas por el Gobierno del estado en donde se encontraban dichas propuestas.
El contendiente indicó que prefirió ventilarlas primeramente en los medios de comunicación ya que tienen mucha más credibilidad que muchas de las instituciones públicas en Baja California, pues están captadas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Pero que en su momento si presentará las denuncias correspondientes.
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Los diputados que aprobaron las iniciativas mencionadas y serían los denunciados, de cumplirse lo dicho por Anaya Barriguete, serían Patricia Ríos, Alejandro Arregui y Benjamín Gómez del PRI; y Félix Arango, Alfa Peñaloza, Iraís Vázquez, Mónica Hernández, Sergio Tolento, María Trinidad Vaca, Carlos Torres y los mismo Ignacio García Dowrak y Raúl Castañeda, del PAN.
En rueda de prensa en Mexicali, el candidato sostuvo que la deuda que aprobaron en el Congreso del estado la mayoría panista pone seriamente en riesgo el desarrollo y la llegada de futuras participaciones federales que pidieran llegar a futuras administraciones estatales.
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Acompañado por el resto de los candidatos del instituto político, Anaya Barriguete puso como ejemplo, para dimensionar el problema financiero que provocaron para el estado los legisladores del PAN, y quienes lo apoyaron de otros partidos, la deuda en Coahuila alcanzó luego de los gobiernos de los hermanos Duarte los 37 mil millones de pesos. Con una población menor, la deuda en Baja California después del refinanciamiento y los nuevos contratos de los proyectos APP superaría los 40 mil millones de pesos.
Por otra parte, el candidato petista sostuvo que Jaime Bonilla, ahora contendiente de Morena al gobierno del estado, también tuvo una seria responsabilidad en el problema financiero que se vive actualmente pues cuando tuvo el cargo de responsable de programas de bienestar del Gobierno del República se encargó para retener recursos federales destinados a rubros como educación, afectando a los subsistemas Cecyte, Cobach y a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
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