Iniciativa pretende democratizar a los sindicatos, pero no impone candados para que líderes no se reelijan. Está en riesgo la libertad sindical y la lucha por mejores condiciones de trabajo. Especialistas advierten que su implementación llevará años
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Con 14 meses de retraso, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 417 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones, el dictamen que modifica las leyes secundarias de la llamada reforma laboral, iniciada el 24 de febrero de 2017 tras publicarse los cambios y adiciones a los Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de México.
Lo anterior, en línea con la promesa de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de que la iniciativa sería aprobada por el Congreso de la Unión antes del 30 de abril, y en respuesta a las declaraciones de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el sentido de que el Congreso estadounidense ratificaría el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) solo hasta que se apruebe e implemente la reforma laboral.
Aunque la iniciativa fue calificada por Seade como la “legislación más avanzada de cualquier país en desarrollo”, luego de avalarse en la Comisión del Trabajo y Previsión Social el miércoles 10 de abril, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que “lo resuelto se aparta en aspectos torales de los consensos construidos con el Gobierno de México”. Vía Twitter agregó: “Es fundamental que un cambio de este calado tenga el apoyo de todos”.
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Mientras que especialistas consultados por ZETA consideraron que aun cuando la reforma pretende propiciar mejores condiciones laborales y de productividad, su implementación llevará años y el presupuesto que se le asigne, será determinante para que la Ley no quede en letra muerta.
Foto: Tomada de Internet.- Diputado Isaías González Cuevas.
“Es probable que el 1 de mayo conmemoraremos el Día del Trabajo con una nueva reforma, pero no podríamos celebrar con bombo y platillos, pues podríamos quedar bien en el papel frente al T-MEC y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el Convenio 98, pero mantener la brecha entre la realidad y la iniciativa”, apuntó Ricardo Corona Real, asesor jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En su opinión, si México no cumple con el compromiso del Capítulo 23 del T-MEC, y no proporciona certeza jurídica ni Estado de Derecho, podría afectarse la relación trilateral en perjuicio de la economía nacional.
Para Arturo Huerta González, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los demócratas estadounidenses se manifestarán por ir evaluando el desempeño y el cumplimiento de esta Ley, de manera que si el gobierno mexicano no se compromete, se volverá a revisar el tratado.
CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO
La reforma laboral establece la creación del Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales (CNCRL) como organismo público descentralizado, que contará con autonomía técnica, operativa y presupuestaria. Iniciará operaciones en un plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del decreto.
El director del CFCRL será designado por la Cámara de Senadores de una terna propuesta por el Presidente de la República. Entre las funciones sustantivas del CFCRL está la conciliación en la solución de conflictos laborales, individuales o colectivos, entre trabajadores y patrones, trabajadores y sindicatos, y/o entre sindicatos de orden federal.
Así como el registro de los contratos colectivos de trabajo, los contratos-ley, y las organizaciones sindicales, previamente avalados por los trabajadores mediante el voto directo, personal, libre, y secreto.
En tanto, la autoridad de Conciliación local iniciará actividades a más tardar tres años después de la entrada en vigor de la reforma laboral, a la par de los tribunales laborales -dependientes del Poder Judicial- que sustituirán a las Juntas de Conciliación y Arbitraje que desaparecerán. Todo ello, con la intención de que la mayor parte de los conflictos laborales se resuelvan mediante la conciliación y una minoría lo haga en juicios orales en esos tribunales, comentó Corona Real.
El propósito es hacer eficiente la impartición de justicia para brindar certidumbre a los trabajadores respecto a sus derechos, y a las empresas nacionales y extranjeras ante extorsiones sindicales.
No obstante, Huerta González consideró excesivo el plazo para que se concrete la operación de estos organismos ante la presión que está ejerciendo Estados Unidos, sobre todo los demócratas, para que se cumpla con la democratización de los sindicatos como condición para ratificar el T-MEC.
Expuso que la importancia de estos cambios radica en que al haber libertad y democracia sindical se espera que los trabajadores lucharán por mejores salarios, y disminuirá la diferencia entre las percepciones entre ambas naciones; de modo que se reduzca la instalación de empresas trasnacionales en nuestro país al aumentar la competitividad del país vecino.
Por otro lado, ambos expertos coincidieron en que no existe una estimación sobre el recurso económico que requerirá instaurar la reforma laboral, pero Huerta González cuestionó su viabilidad ante los recortes presupuestales de la administración federal. Tan solo en 2019, el Poder Judicial de la Federación recortó su presupuesto en cerca de 5 mil millones de pesos comparado con el año anterior.
DEMOCRACIA EN SINDICATOS, CON REELECCIÓN DE DIRIGENTES
Las reformas a la Ley Federal del Trabajo pretenden que los dirigentes sindicales sean elegidos mediante voto personal, libre, directo y secreto de sus afiliados, ajustándose al principio de igualdad de género. Es decir, que en las mesas directivas de las organizaciones haya mujeres y aumente el 8% de participación femenina que impera actualmente.
No obstante, el catedrático de la UNAM observó que la fracción II del Artículo 358 señala que “el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado”.
En su perspectiva, esto último protege los intereses de quienes pueden ser votados, “que son los dirigentes que manipulan las asambleas”, dejando abierta la posibilidad para que estos sigan perpetuándose. Lamentó que a pesar de existir pronunciamientos para acotar las dirigencias a seis años sin reelección, se haya dejado así la iniciativa, lo que -a su juicio- “refleja el poder de los sindicatos” para no hacer modificaciones al respecto.
“Para que cambien las cosas se necesita un nivel de concientización de los trabajadores a fin de que hagan cumplir la Ley y no se dejen llevar -como ha sido por décadas- por los dirigentes sindicales. La cuestión es que en los sindicatos hay mafias establecidas”, aseguró Huerta González.
Foto: Tomada de Internet
De acuerdo con la reforma laboral, los sindicatos deberán celebrar elecciones con procedimientos similares a los electorales, es decir, tendrán que emitir una convocatoria determinando fecha, hora y lugar del proceso, además de requisitos estatutarios.
Integrarán un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar, el cual deberá publicarse y darse a conocer al menos tres días antes de la elección, y establecer un procedimiento con el que se identifique a los afiliados con derecho a sufragar. Aunado a que ningún trabajador podrá vestir con un color, calcomanías, emblemas o cualquier elemento distintivo de algunos de los candidatos.
El día de la votación cada afiliado emitirá, dentro de mamparas electorales, su voto libre y secreto en boletas cuya autenticidad será validada en el escrutinio de votos. Para celebrar los comicios, el sindicato podrá solicitar ayuda del Centro de Conciliación y Registro, o bien, éste podrá verificar las condiciones en que las elecciones transcurren.
Algo similar ocurrirá para el registro de los sindicatos, los cuales deberán presentar por escrito una solicitud junto con los datos del patrón, actividad laboral y listado que acredite que la organización gremial cuenta con el respaldo de por lo menos 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo.
Ante el diagnóstico que indica que 90% de los contratos colectivos no es producto de una consulta hecha por líder sindical a su base, y en consecuencia el documento no defiende los intereses de los trabajadores, se estableció que en los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la reforma se revisarán todos los contratos colectivos del país.
Estos también serán votados y aprobados por al menos 30% del padrón de afiliados del sindicato, sin que el empleador pueda intervenir en las elecciones, y cuyos resultados se publicarán en los centros laborales, en el portal de internet del Centro de Conciliación.
Corona Real señaló que el T-MEC plantea que la aprobación del contrato colectivo deberá hacerse por la mayoría de los afiliados en lugar del 30% que marca la Ley, sin embargo, el menor porcentaje no afecta siempre y cuando se garanticen los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas. Cabe señalar que las actas de votación se resguardarán durante cinco años para que la autoridad las pueda verificar.
Desde su óptica, la reforma envía a los sindicatos el mensaje: “Se ponen las pilas, se renuevan y transparentan o desaparecerán”, sobre todo al eliminarse la cláusula de exclusión que anteriormente estipulaba que aquellos que dejaban de pertenecer una agrupación gremial podrían ser despedidos de la empresa.
BENEFICIOS PARA TRABAJADORES DEL CAMPO
Aunque la reforma laboral se enfoca en los cambios en los sindicatos, afectando directamente a 8 de los 20 millones de trabajadores formales en el país, no desprotege los derechos individuales, ya que hace énfasis en el combate a la discriminación. Además de determinar medidas contra el acoso y violencia laboral.
Incluye a trabajadoras del hogar, a quienes se garantiza un día y medio de descanso, así como su afiliación al Seguro Social, a los trabajadores del campo y a los eventuales. Sobre este último punto, la Ley establece que los empleadores llevarán un registro de los trabajadores contratados por estacionalidades, para establecer la antigüedad en aras de determinar sus prestaciones.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijará el salario de los trabajadores del campo considerando la naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos; así como el desgate físico ocasionado por las condiciones del trabajo. Además, obliga al patrón a suministrar agua potable y piso firme en las habitaciones de estos trabajadores para garantizarles condiciones mínimas de higiene.
Líderes sindicales, la otra mafia que sigue en el poder
De los más de tres mil sindicatos en México, solo cinco líderes han permanecido más de cien años al frente de organizaciones gremiales, amasando fortuna y poder, al amparo de los partidos políticos.
Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y actual senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha dirigido a los petroleros desde 1997. Acusado del Pemexgate, se estima que en 2018 recibió más de 100 mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos.
Otro caso emblemático es el de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, señalado de haber desviado más de 55 millones de dólares.
El otrora exiliado en Canadá y ahora senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dirige a 250 mil agremiados, y recientemente creó la Confederación Internacional de Trabajadores, con la cual pretende quitar poder a las centrales obreras priistas.
Víctor Flores Morales ha dirigido el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana desde hace 18 años, y el Gobierno Federal le paga un millón 547 mil pesos al mes. Ha sido diputado federal por el PRI en tres ocasiones.
Mientras que Francisco Hernández Juárez, líder de alrededor de 30 mil telefonistas, se mantiene en el cargo desde 1976 y ha sido diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática.
Del mismo partido fue diputado federal Agustín Rodríguez Fuentes, quien ha permanecido al frente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México por 24 años. Además del actual senador por el PRI, Joel Ayala Almeida, al frente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado por 21 años.
La lista de líderes que se han eternizado en los sindicatos también incluye a agrupaciones lejos de los reflectores, como Rafael Rivapalacio Pontones, dirigente del Sindicato del Infonavit desde 1977.
Actualmente, la reforma laboral fue votada por los diputados priistas Isaías González Cuevas y Carlos Pavón, líderes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y de la Unión Nacional de Sindicatos Minero, Metalúrgicos y Metalmecánicos de México, respectivamente.
En tanto que en el Senado, la iniciativa aprobada el jueves 11 de abril deberá ser discutida por Romero Deschamps (PRI), Gómez Urrutia (Morena) y Carlos Humberto Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (PRI); además de Pedro Haces Barba, dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (Morena).
OUTSOURCING, FUERA DE LA REFORMA
En entrevista con ZETA, el diputado priista Isaías González Cuevas señaló que el outsourcing no está contemplado en la reforma laboral porque los cambios constitucionales no lo consideraron. “Es solamente la impartición de justicia. Seguramente será para otra etapa”, agregó el legislador, quien previó que “lo más grave” que puede contener la iniciativa es una sobre regulación.
En contraste, Huerta González calificó como “ambiguo” permitir que en la iniciativa, el outsourcing se mantenga en casos excepcionales para trabajadores especializados que la empresa requiera, con la idea de que vaya desapareciendo. “Eso ya lo conocemos”, lamentó el investigador de la UNAM, y previó que ese esquema de contratación seguirá, al minimizar los costos para las empresas.
