Luego de que trascendiera que ya habían aparecido los tres menores hondureños, entre los que se cuenta a un bebé de meses, que habían sido reportados como desaparecidos hace un par de semanas, autoridades estatales compartieron a ZETA que aún no hay una confirmación oficial sobre ello y esperan que sea en próximos días cuando puedan tener noticias al respecto.
En entrevista el pastor Alberto Rivera Colón, director del albergue Ágape Misión Mundial donde se alojaban los menores desaparecidos –dos jovencitas y un bebé-, mencionó que hace un par de días personal de seguridad de Estados Unidos le confirmaron que habían intentado cruzar la frontera, pero en su intentona fueron detenidos y se encuentran en un centro de detención migratorio en Mesa de Otay.
La coordinadora de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, María del Carmen Sánchez Arias, compartió que hasta el miércoles 10 de abril no tenían ninguna información oficial sobre si las niñas y el bebé habían cruzado de forma ilegal hacia Estados Unidos y si efectivamente están en un centro de detención.
“No hay ningún informe ni del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU), ni del consulado americano o autoridad correspondiente que nos hayan notificado de manera oficial que ellas están allá, cuando a nosotros –por ser los representantes legales- deberían decírnoslo”, destacó.
Sobre estos hechos, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confirmó que en el caso de Rosi García, de 17 años, y el bebé Juan Carlos, recibieron la notificación oficial de autoridades de Estados Unidos de que fueron detenidos por cruzar ilegalmente la frontera, pero de Jennifer Garay, de 15 años, no les compartieron información y desconocen su paradero.
El pasado 27 de marzo, la Procuraduría de la Defensa de los Menores realizó un reporte de localización ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No Localizados (antes CAPEA), asentadas con el número 443 para Jennifer Garay, y el 444 para Rosi García Serrano y el bebé Juan Carlos.
Reportes en los que solamente se menciona que las menores señaladas “se salieron” del albergue, la PGJE instrumentó una pesquisa de búsqueda y localización que no trascendió en medios de comunicación y de la cual tampoco se enteraron los coordinadores de Ágape.
La coordinadora de la Procuraduría para la Defensa de los Menores, María del Carmen Sánchez Arias, dijo que el día 30 de marzo interpusieron una denuncia penal en la Unidad de Tramitación Masiva de Causa (UTMC) de la PGJE, por el delito de tráfico de personas en contra de Sebastián Nicolás Esteban (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), de origen guatemalteco, por ser señalado como responsable de haberse llevado a las menores bajo engaños de cruzar la frontera de forma “fácil y rápida”.
Sin embargo, ni la coordinadora de la dependencia adscrita al DIF Estatal ni la PGJE, pudieron confirmar el número o registro de denuncia del caso, pese a que les fue solicitado para comprobar que efectivamente se había realizado y que se le daba seguimiento al caso como lo han estado exigiendo los coordinadores del albergue.
Por su parte, Sánchez Arias compartió que el último aviso que le dieron fue el 9 de abril, explicándole que en la PGJE están por canalizar la averiguación previa a la agencia que corresponda, cosa que hasta el cierre de edición no se había realizado, y compartieron el Número de Atención Ciudadana (NAC) 2228 y 2229 que les dieron.
Denuncian a autoridades por “irregularidades”
Por considerar lo anterior como “una serie de irregularidades”, el pastor Alberto Rivera Colon y otros migrantes, en su calidad de víctimas del supuesto “pollero”, presentaron el 10 de abril una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), asentada en el expediente 1651/2019.
Esta queja se interpuso en contra del Ministerio Público por “no permitir a la menor de edad denunciar que un pollero que la secuestró, le pedía mil 500 dólares para cruzar por el cerro y llevársela hasta Los Ángeles o mil 500 pesos por cruzarlos por Playas (de Tijuana)”.
En contra de la Subprocuradora de la Defensa del Menor –quien acogió la queja en un principio y de quien no se proporcionó el nombre- porque “no ha procedido la denuncia que según ella metió ante el Ministerio Público y también por amenazar con clausurar el albergue”, entre otras autoridades.
“Nuestra denuncia es porque los derechos humanos de las menores están siendo violados, las autoridades no permiten a una menor de edad no acompañada y sin familia que denuncie cuando han secuestrado a otra menor de edad y el sujeto sospechoso anda libre, poniendo en riesgo a la sociedad”, destacó el pastor Rivera Colón.
