La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene abiertas 13 carpetas de investigación en relación con las estaciones de venta de gas de la empresa “Blue Propane”, de acuerdo con el Subprocurador en Tijuana, Jorge Álvarez Mendoza.
Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) de Baja California por delitos ambientales, de violación de sellos e incumplimiento de situaciones de índole ambiental.
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“De manera precautoria, nosotros hicimos el aseguramiento de cinco gaseras y las demás las estamos analizando, para determinar cómo se va a proceder”, declaró el funcionario.
Mencionó que este tipo de investigaciones se tienen que integrar antes de determinar cuál es la pena correspondiente, ya que en ocasiones son faltas administrativas, o bien, a la cuestión ambiental,
“Hay que ver si va a ser un tema de sanción hacia una persona en particular, o en su momento, pudiéramos resolver como persona moral hacia la empresa que no está cumpliendo las normas”, añadió.
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Detalló que probablemente ni siquiera sea tema de la Procuraduría (PGJE) la cancelación del proyecto o que se sigan construyendo las distintas estaciones, ya que son temas más administrativos.
Semanario ZETA buscó a los representantes de “Blue Propane”, empresa que ubica su central en Navojoa, Sonora, sin obtener hasta el momento una respuesta a las peticiones de entrevista que se les hizo en distintas ocasiones por la vía telefónica. Sin embargo, en un recorrido que se realizó por las estaciones que continúan en construcción se logró la declaración parcial del velador de la edificación ubicada en el bulevar Casa Blanca, quien afirmó que tenía “prohibido por parte del Ingeniero decir cualquier cosa relacionada con el negocio, pero de que se va a construir, se va a construir”.
Agregando que “esto es sólo un negocio, no sólo es nada ilegal como el narcotráfico o cosas así, el Ingeniero me tiene prohibido decir algo porque ya han venido personas a querer cerrar, pero esto no se va a parar, esto se va a construir”, repitió constantemente.
Un grupo de vecinos que se encontraban en el lugar, en protesta permanente contra la construcción, declararon que en algunas ocasiones, el velador – quien no quiso decir su nombre- les decía que se fueran de ahí, que seguramente alguien les pagaba para que estuvieran todos los días protestando, pero que no importaba lo que hicieran, no iba a servir de nada.
Thelma Castañeda Custodio, secretaria de Protección al Ambiente en el Estado (SPA), aseguró que la dependencia no tiene la facultad para clausurar la construcción de gaseras, sin embargo, sí tienen la obligación de darle continuidad a las denuncias ciudadanas.
“Nosotros lo que hicimos fue atender una denuncia ciudadana a finales de enero, o principios de febrero, y lo que se hace es abrir un procedimiento administrativo para corroborar los hechos y deslindar responsabilidades”, detalló.
La funcionaria destacó que una vez que se hicieron las visitas, se determinó que la SPA no tenía la facultad de clausurar ese tipo de comercios expendedores de gas, ya que le corresponde al Ayuntamiento de la ciudad y al organismo ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) a nivel Federal, sin embargo presentó las denuncias correspondientes ante la PGJE.
El 23 de marzo del presente año la PGJE aseguró cinco de estas estaciones, para lo cual colocó sellos de la dependencia que indicaban que se encontraban bajo investigación, pero estos fueron retirados por los empleados para continuar las construcciones.
La presidenta de la asociación Retos y Logros Cumplidos, Isabel Hernández Jáuregui, comentó que los empleados siguen laborando, como pasó cuando la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) puso los sellos correspondientes cuando detectaron que no contaban con los permisos y estudios de suelo necesarios.
“La prohibición es clara, tiene que haber más de 300 metros de distancia entre un uso habitacional, comercial y un centro de concentración (escuelas, iglesias u hospitales). El Gobierno Municipal ha sido más que tolerante con estas ilegalidades, ha sido y es cómplice de estas empresas”, dijo.
Por su parte, Ana Marcela Guzmán Valverde, síndico procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, explicó que la moratoria que se promulgó en diciembre de 2016 indica que se suspende toda expedición de permisos en materia de uso de suelo para las gaseras y así se ha hecho valer durante la actual administración municipal.
“La Sindicatura ha hecho lo propio en estas investigaciones, tan es así, que se han venido registrando resoluciones condenatorias, inhabilitaciones y pues este asunto así va a continuar, mientras exista esta moratoria”, declaró la funcionaria.
