31 años se cumplen hoy, 20 de abril, del homicidio premeditado y alevoso cometido contra el codirector fundador de ZETA, Héctor Félix Miranda, del cual, el autor intelectual de este asesinato continúa impune.
Dos homicidas materiales detenidos y sentenciados, Victoriano Medina y Antonio Vera Palestina, cumplen ya tres años en libertad, protegidos como lo han estado durante estas tres décadas por su jefe Jorge Hank Rhon, casinero de Baja California y para quién fungían como escoltas cuando asesinaron a “El Gato”.
Hank Rhon también ha estado tras las rejas, pero en su caso solo por 11 días, en junio de 2011, después que elementos del Ejército Mexicano aseguraran en las inmediaciones de su residencia, dentro de los terrenos del Hipódromo en desuso, 88 armas, 40 de alto calibre y dos de ellas ligadas con homicidios cometidos en Tijuana. En esas mismas fechas, la Procuraduría local lo investigó, sin éxito, por su posible participación en el homicidio de la novia de uno de sus hijos y madre de uno de sus nietos.
2004 fue el último año en que alguna autoridad mostró disposición por avanzar en la búsqueda de quien ordenó la muerte de Héctor Félix, después de que en una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apoyada por el Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), exigieran y lograran la apertura de una Fiscalía Especial para revisar -no reabrir- el expediente del crimen contra “El Gato”, que atendería a una comisión encargada de buscar: “diferencias entre lo declarado en 1988 y 89, comparado con expresiones públicas en la actualidad. Omisiones. Encubrimientos. Citatorios a declarar no cumplidos. Personas no mencionadas. Hasta situaciones fiscales”.
De encontrar algo anormal, se presentaría otra denuncia penal; al respeto, el exgobernador Eugenio Elorduy declaró; “Ciertamente los asesinos no se mandaban solos. Alguien les ordenó matar a `El Gato’ Félix”.
El responsable de esa revisión era el entonces editor general de ZETA y licenciado en derecho, Francisco Javier Ortiz Franco, quien fue asesinado en junio de ese mismo año, y de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, uno de los sospechosos del crimen, aparte de miembros del Cártel Arellano Félix y de Los Zetas, fue precisamente, Jorge Hank Rhon. Después de eso, el entonces codirector Jesús Blancornelas fue de abogado en abogado y nadie aceptó tomar el caso por temor a represalias o a perder la vida.
De 1988 a la fecha, lo más cercano a una indagatoria, que haga preguntas respecto al autor intelectual por la muerte de Félix, ha sido la investigación periodística presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hace 25 años, en 1994, seis años después del asesinato.
El informe de la SIP también explica que la policía en el gobierno de Xicoténcatl Leyva, simplemente no se tomó la molestia de investigar al jefe de los homicidas, porque uno de ellos, Victoriano Medina, había admitido la culpa y decidieron no buscar más implicados: “La policía señaló que Hank Rhon no era sospechoso y que no se le había interrogado formalmente. Un guardia de seguridad le informó a la policía que Vera había cobrado el día del crimen, un vale en pesos equivalente a 10.000 dólares. El hipódromo explicó que el dinero iba a utilizarse para pagar al personal de seguridad. Los investigadores abandonaron el asunto, aunque no se buscó ni encontró una confirmación satisfactoria del testimonio respecto al dinero”, se detalla en el reporte.
También explican: “Tanto el jefe de Homicidios, Sam Fierro, como la subprocuradora estatal de Tijuana en ese tiempo, Josefina Fregoso de Ezkauriatza (el procurador general era Roberto Morales Grajales), señalaron que la única indicación disponible en la época de la investigación y el juicio respecto a quién había sido el “autor intelectual” del crimen, estaba en la confesión de Medina, en la que se responsabilizó de ser la persona que concibió, planeó y ejecutó el asesinato”, acompañado de Vera, así que los policías decidieron no buscar a más implicados, ni revisar otro tipo de evidencias.
Relatan que ya en tiempos del gobernador Ernesto Ruffo (1989-1995), nombró a un par de investigadores policiales con experiencia para dirigir sus esfuerzos. El exgobernador refirió que “a poco tiempo aparecieron pequeñas evidencias en torno al hipódromo”, y que pudieron capturar a Vera en mayo de 1990 porque siguieron a una mujer que le llevaba “mensualidades del Hipódromo en Los Ángeles”.
El informe de la SIP también indica que Miguel Ángel Barud, el juez que condenó a Vera Palestina, “revisó los libros de contabilidad del hipódromo -tres años después-, en un infructuoso intento de determinar si los 10 mil dólares que Vera cobró el día del asesinato fueron realmente para pagarle a los guardias de seguridad”, y reconoció ante los entrevistadores de la SIP:
“No creo que hayamos llegado al fondo de este caso y no es que no quisiera…Yo sinceramente tenía toda la intención de llegar hasta las últimas consecuencias, pero me encontré frente a limitaciones legales y prácticas”.
Así, hoy como hace 31 años, las autoridades continúan sin investigar al autor intelectual, a la persona que ordenó matar a “El Gato”, y el asesino sigue gozando de total y plena impunidad. Mientras en ZETA reiteramos la interrogante perenne al titular del Poder Ejecutivo de Baja California -Francisco Vega de Lamadrid-: ¿Podrá su gobierno capturar a los que ordenaron el crimen?, porque se duda que el tema le despierta un mínimo de interés, debido a sus evidentes filias con el Grupo Caliente.
