Treinta años en el poder han desgastado sin duda al Partido Acción Nacional al frente del gobierno del estado y de los ayuntamientos, en el primero de manera ininterrumpida y en los segundos alternándose con otras fuerzas políticas: los bajacalifornianos demandan acciones de gobierno que se traduzcan en mejor calidad de vida (servicios públicos, educación, salud, movilidad), mayor seguridad para sus familias y desarrollo económico. Ni más ni menos lo mismo que demanda el pueblo en todo México.
Pero las colonias y poblados en los que habitan los que todos los días hacen funcionar y producir la maquinaria económica en las maquilas, en los campos algodoneros de Mexicali, en los de fresas y legumbres y en las empacadoras de San Quintín, los que atienden a los turistas en restaurantes, comercios y otros servicios, siguen en la marginación más desoladora. Por ejemplo, cientos de miles sin alumbrado público, en muchos casos en fraccionamientos como Delicias en los que no se prenden las lámparas porque la empresa que vendió las casas no ha “entregado” el fraccionamiento al municipio. Y mientras se echan la bolita unos funcionarios con otros, el nivel municipal al estatal y el estatal al federal, y éste a los otros dos, o todos ellos a las empresas inmobiliarias, la gente sigue sufriendo asaltos y otro tipo de agresiones en calles que parecen bocas de lobo. Ese es solo un ejemplo, y de los menos dramáticos.
A los ciudadanos, a las familias afectadas, no les queda otro camino que el de insistir en la atención a sus muy diversas demandas; pues la otra sería resignarse a no progresar, a no vivir como seres humanos o, ilusoriamente, esperar que algún día ocurra el milagro de que sin necesidad de la intervención organizada y consciente del pueblo se cambie el modelo político y económico. La mejor manera de ir avanzando en la mejoría, que no en la solución de raíz, de estas carencias es la suma de voluntades, de voces y de esfuerzos de los marginados del sistema para exigir a los gobernantes en turno que se atiendan sus problemas más urgentes, reconociendo, lo mismo en vecinos cercanos, del mismo barrio o pueblo que los que habitan en otras lejanas regiones de la nación, a los hermanos de pena, a los que padecen iguales o semejantes agravios, a los de similar condición social, y de esta manera tener la claridad social no solo de los problemas comunes y de las causas que los generan sino también de las soluciones de fondo y de las fuerzas y recursos necesarios para lograrlas.
Por ello a los políticos y gobernantes, lo mismo que a los empresarios más retrógrados, les causa no solo escozar sino hasta rabia que el pueblo se agrupe y les exija soluciones de manera organizada, como lo permite la Constitución de la República, lo aconseja la experiencia de la lucha popular en el mundo y lo exigen las actuales condiciones de los trabajadores y sus familias. Recuerdo cuando en 2005 un subsecretario de gobierno en Tijuana molesto por los gritos de vecinos de colonias populares que le demandaban vivienda, agua y drenaje, pretendía aleccionarme de que en Baja California no eran necesarias las manifestaciones, que no era lo mismo que el resto de México y que ellos, el gobierno de Eugenio Elorduy, únicamente tratarían con ciudadanos individuales, que no precisaban de organizaciones intermediarias y que los interesados deberían acudir uno por uno.
El discurso actual de López Obrador en contra de las organizaciones no es más que un refrito, no solo de los gobiernos mexicanos panistas, pues desde los albores del régimen burgués, apenas triunfante la Revolución Francesa, la nueva clase dominante promulgó la llamada Ley Le Chapelier para perseguir y castigar las asociaciones del pueblo para la defensa de sus intereses.
Han pasado más de 13 años, en mi experiencia en estas generosas tierras norteñas, conviviendo y compartiendo la suerte y la lucha de mis hermanos antorchistas de Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali; Planicie, El Peñón y Altiplano, las primeras colonias en las que hubo antorchistas organizados, ya tienen los servicios básicos y algunas tras mejoras pero en la zona este de Tijuana rondan el millón los que viven con el Jesús en la boca por la inseguridad, en casas construidas con materiales de desecho, llenas de goteras que se quedan incomunicados por los lodazales en épocas de lluvias.
La presión popular a las autoridades insensibles y omisas ante esta realidad es más necesaria que nunca, pues aun cuando se consigue alguna promesa o acuerdo verbal o escrito para que se atiendan algunas de estas necesidades, los funcionarios encargados de materializar lo prometido fingen ignorancia, se esconden y someten a los bajacalifornianos humildes a un desgaste que pretende desalentarlos para que dejen de insistir.
Esta es la situación que vienen sufriendo decenas de bajacalifornianos agrupados en las filas antorchistas, a los que entusiasmó la respuesta del gobernador del estado, que en audiencia con el comité estatal antorchista ofreció solucionar diversas demandas de educación, servicios y obra pública, pero que a la fecha los licenciados Francisco Rueda Gómez, Alfonso Álvarez Juan y Miguel Ángel Mendoza González, secretarios de Gobierno, Desarrollo Social y de Educación, respectivamente, ha sido omisos e atender y cumplir as instrucciones dadas por el Gobernador Constitucional del Estado. ¿Fue pura actuación la del gobernador al instruir que se atendieran las justas demandas de los bajacalifornianos agrupados en Antorcha? ¿Lo ignora y hacen rebelión pasiva sus funcionarios? No lo sabemos todavía, pero lo que percibe el pueblo sigue siendo insensibilidad e incumplimiento.
El Profesor Ignacio Acosta Montes es dirigente del Movimiento Antorchista en Baja California y Coordinador Regional en el Noroeste.
