El pasado 1 de marzo, personal de Gobierno del Estado e integrantes del Movimiento Antorchista acudieron a un predio ubicado en el kilómetro 148 de la carretera Tijuana – Tecate para tomarlo con la justificación de que aquí se construirán dos escuelas, sin embargo, la familia que se ostenta como dueña de esta zona acudió para impedir el acto y acusó a la autoridad de estar cometiendo un posible despojo.
El predio en cuestión son 1.6 hectáreas que la familia Ontiveros –el particular afectado- aseguró que le pertenecen, mientras que el Gobierno del Estado presentó documentación que acredita a otra familia como dueños de esas tierras.
“Este es un legado que nos dejó mi papá a mí y a mis hermanos, pero ahora resulta que nos quieren invadir, según para una escuela, aunque los mismos Antorchistas anduvieron diciendo que iban a regalar esos terrenos”, expresó.
Detalló que el grupo de Antorchistas fue acompañado por Enrique Méndez Juárez, subsecretario de Gobierno; Manuel González Reyes, oficial mayor de Gobierno del Estado; y Aarón Rodríguez Félix, jefe de Bienes Inmuebles de esta Administración Estatal, quienes harían la entrega del terreno a los líderes del movimiento.
La afectada mencionó que Gobierno del Estado está cometiendo actos de arbitrariedad en su contra, a manera de respuesta luego de que exigieron a la autoridad se les pague 10 millones de dólares que se les debe desde la administración de José Guadalupe Osuna Millán, por una invasión de Antorchistas en el año 2009.
En ese entonces, compartió, se llegó a un acuerdo con el fallecido Francisco Blake Mora para que se les pagara la tierra que se invadió a 100 dólares el metro cuadrado, pero no se recibió el pago en su totalidad y al reclamar una respuesta fue cuando ocurrió la nueva invasión.
“El predio no es de la familia Ontiveros”: Kiki Méndez
Por su parte Enrique Méndez Juárez, subsecretario de gobierno del Estado, detalló que el predio en cuestión pertenece a otra familia y no a los Ontiveros, y se llegó a un acuerdo con los que reconoce como dueños para que cedieran el terreno en comodato para construir una escuela primaria y un nuevo plantel Cecyte.
“El asunto es en el terreno que está fehacientemente acreditado como propiedad de la familia Quiñones, y así se ha hecho valer con documentos. En ese predio el Gobierno del Estado pretende construir una escuela”, explicó el funcionario.
Méndez Juárez relató que el día que iban a tomar posesión del predio con la documentación en mano, aparecieron los miembros de la familia Ontiveros a impedir la toma, lo cual fue una sorpresa porque no presentaron ningún documento que acreditara la propiedad, solo una solicitud de amparo en la que no venía la resolución de un juez o suspensión provisional.
Destacó que la polémica por el manejo de estas tierras data desde la administración estatal pasada, cuando falleció el señor Quiñones y se entabló un diálogo con sus descendientes para que se volviera a generar un acuerdo.
Agregó que si la familia Ontiveros acredita que el terreno es de ellos, se hará lo necesario para negociar, ya que el presupuesto para la construcción de las escuelas ya está etiquetado por parte del Sistema Educativo Estatal (SEE).
Francisco Ontiveros, miembro de la familia afectada, recalcó que la familia Quiñones tiene escritura de un predio, pero uno que colinda con otro terreno denominado Rancho Martínez, y de acuerdo a catastro, historial registral y varias periciales, Rancho Martínez y Rancho Ontiveros no están pegados.
Señaló que el problema de los predios de la familia Quiñones, y de “muchos otros predios más” es por el tipo de terreno que no permite delimitarlos adecuadamente.
Y añadió “Estamos en posesión del terreno, y si los Quiñones lo reclaman, que nos demanden y que un tribunal decida, no nos pueden arrebatar la posesión a la fuerza, se llama invasión y despojo”, dijo a ZETA.
Tanto Ana Luisa como Francisco Ontiveros presentaron documentación a este Semanario, que los acredita como dueños del predio en cuestión, heredado por su padre, y con las zonas delimitadas previamente.
Por su parte, el oficial mayor en Tijuana, Manuel González Reyes, aseguró que en estas situaciones de conflicto, la documentación hay que respaldarla con la verdad jurídica; por lo que invitó a la familia Ontiveros a acercarse y aclarar las delimitaciones de cada terreno y llegar a un acuerdo, ya que el único objetivo que tienen los funcionarios es construir la escuela.
