Enfermedades diarreicas por la comida suministrada a presos de los penales de Puente Grande y Altiplano son replicadas en Nayarit y Guanajuato. Estudios advierten que la alimentación y el agua contienen organismos coliformes, fecales y totales, originados por la falta de higiene y mantenimiento. Un ex recluso que trabajó en cocina en las Islas Marías cumplirá tres años de reclamar adeudos y su fondo de ahorros. A ocho años de una fuga en el Cefereso Número 6 de Tabasco, persisten dudas de la complicidad de algún trabajador de la empresa
Las historias de terror que viven las personas privadas de su libertad con relación a la alimentación que les proporciona en las prisiones del país con servicio concesionado a La Cosmopolitana, SA de CV no tienen fin. Al cultivo de bacterias y enfermedades de internos, se suma la práctica de presunta explotación laboral, la sospecha de introducción de sustancias prohibidas y hasta fugas como la ocurrida en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Huimanguillo en 2011.
Un reportaje divulgado por VICE México y apoyado por Quinto Elemento Lab, que dio acompañamiento editorial y financiamiento a la investigación, arrojó anomalías detectadas en la contratación de la compañía particular con dependencias de los gobiernos Federal y de diversas entidades. Más de 700 contratos suscritos con los penales federales, reclusorios estatales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
ZETA ha dado seguimiento al jugoso negocio de autoridades bajacalifornianas con La Cosmopolitana, que inició vínculos en el suministro de alimentos para unos 3 mil 500 reclusos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali en 2016, y al año siguiente se extendió a todo el sistema penitenciario estatal para atender a los aproximadamente once mil presos que había en las cárceles de la entidad por un monto cercano a 300 millones de pesos. En 2018 el negocio continuó con la frecuente queja de reos y custodios que calificaron la comida proporcionada como una “porquería”.
Ya se tenían los antecedentes de la intoxicación de más de 600 internos del Reclusorio Preventivo de Puente Grande, Jalisco la tarde-noche del 24 de mayo de 2014 y de la huelga de hambre del Cefereso Número 1 Altiplano en julio del mismo año, cuando decenas de narcotraficantes y secuestradores se inconformaron por la comida, a veces echada a perder, que les daban en los menús.
Entre los inconformes estaba uno de los líderes de Los Zetas, Jaime González Durán “El Hummer”, quien en fecha posterior a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, escribió a un juez: “Nos dan los alimentos varias horas después de que fueron preparados, llegando en total estado de descomposición ya que los productos que usan están en ocasiones caducados, ya que el mismo personal del penal ha manifestado que ellos no comen de lo que nos sirven a nosotros por que huelen a podrido”.
Cuatro días antes del escrito, el 8 de septiembre de 2015, había muerto misteriosamente su compañero Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”.
Entre los casos investigados por este Semanario se encuentra la infructuosa lucha legal que había iniciado el preso General Juan Manuel Barragán Espinoza, condenado por servir al Cártel de Sinaloa, en contra de la irresponsabilidad de La Cosmopolitana en Altiplano; los más de once enfermos en un penal estatal de Guanajuato que contrajeron diversas bacterias documentadas por el Poder Judicial Federal; los tres años que lleva un ex recluso de Islas Marías batallando para que le entreguen su fondo de ahorros por sus servicios como cocinero; y la extraña fuga de un preso por el área de la concesionaria en el Cefereso Número 6 en Tabasco en mayo de 2011.
GENERAL SE DESISTE
De no mejorar su situación legal, el General Juan Manuel Barragán Espinoza, condenado a quince años de prisión por su fallida promesa de interceder para frenar la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2012, estará encarcelado por lo menos hasta 2027. Por ello, el divisionario intenta no pasarla “tan peor” en el Cefereso Número 1 Altiplano, en el Estado de México.
Desde abril de 2017 se ha quejado de lo que ya antes muchos de los internos de ese penal enclavado en Almoloya de Juárez reclamaban: el sometimiento a ingerir alimentos de insuficiente calidad. Así lo hizo saber en una demanda de garantías presentada en uno de los Juzgados de Distrito desde aquel entonces.
De los directivos penitenciarios y del representante legal de La Cosmopolitana se quejó: “Nos proporcionan una alimentación en cantidad insuficiente, de bajo contenido nutricional, desbalanceada, de baja calidad en sus ingredientes y sobre todo, indigna, para el ser humano”.
Además, expuso la escasa ración recibida en el comedor, con comida “mal elaborada y condimentada, de bajo contenido nutricional, preparada con ingredientes de baja calidad, acompañada de pan duro y rancio que en ocasiones no permite su consumo, sustituyendo ingredientes naturales por artificiales, sin que se nos proporcionen alimentos naturales para el cuidado de la salud, como son aguacate, limón, yogurt y gelatina, así como frutas de temporada como mangos, peras, duraznos y otros similares, no obstante el menú los contempla”.
El General rindió batalla durante algunos meses. Incluso presentó dos impugnaciones al considerar que no se le estaba tomando en serio su suplicio. Sin embargo, finalmente sucumbió y tanto él como el interno Marco Antonio “N”, que le acompañaba en su intentona de mejorar las condiciones de encierro y salud, desistieron del juicio de amparo a finales de noviembre de 2017.
DIABLO CON MIEDO
A un ex líder de la organización criminal La Familia Michoacana le apodan “El Chamuco”. Se llama Marco Arturo “N”, y desde septiembre de 2009, se encuentra preso. Fue entonces cuando conoció el infierno del Cefereso Número 4 Noroeste en El Rincón, Nayarit.
En 2016 elevó sus reclamos ante un juez federal alegando la violación a la garantía del derecho a la protección a la salud. Señaló que en ese centro penitenciario no le realizaban “una valoración médica adecuada en la especialidad de dietética y nutrición, para que se determine específicamente qué alimentos puedo consumir y cuáles no, por ser perjudiciales a mi salud, debido a las enfermedades que presento actualmente”.
“El Chamuco” solicitó ser atendido de urgencia por un nutriólogo que le proporcionara una dieta adecuada a su situación personal y se dolió de las autoridades “por la omisión de otorgarme alimentos nutritivos, balanceados, higiénicos, en buen estado y en cantidad suficiente, que sean acordes a las restricciones médicas que se me han indicado”.
Pero no sólo responsabilizó a los servidores públicos de no preocuparse por la salud de los presos y las consecuencias de esos hechos.: “Reclamo una atención profesional de la empresa La Cosmopolitana, al seleccionar, preparar y suministrarme mis alimentos, colaciones y bebidas, solicitando que estos alimentos sean acordes a las prescripciones médicas y a la dignidad que como persona humana asiste al suscrito quejoso”.
Y prosiguió:
“Su señoría, respetuosamente hago de su conocimiento que la empresa denominada La Cosmopolitana es quien no cumple las indicaciones establecidas en cuanto a mi régimen alimenticio señalado por el personal del área médica de este centro federal, ya que dicha empresa es la encargada de proporcionarme mis alimentos (…) dando alimentos no adecuados para mi enfermedad”. El juicio de amparo causó sobreseimiento al no acreditar sus dichos.
COCINA DE INFECCIONES
Varios casos sin precedente se registraron en el Estado de Guanajuato entre 2017 y 2018, donde diversos presos de un módulo de máxima seguridad del Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago promovieron juicios de amparo, y en el Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en Irapuato, no sólo les hicieron caso, sino que se ordenó el desahogo de análisis microbiológicos de alimentos y agua potable, fe judicial de los sitios de cocina y análisis clínicos (cultivos bacteriológicos) de los quejosos.
Los testimonios de las demandas eran asquerosos: “Considero que la comida no es adecuada, porque nos la dan cruda, los alimentos podridos, ya están echándose a perder. Una vez me dieron pollo y lo guardé como una hora porque había desayunado tarde, y cuando lo destapé ya estaba burbujeando en mal estado, las albóndigas vienen crudas, lo que es la mortadela, salchicha, los embutidos a veces están babosos, ya uno ni come y se llena con puras tortillas”, describió uno de ellos.
Otro narró que “a veces nos dan de comer pescado, pero está crudo, bien babosote y con mal olor, a mí me gusta el pescado, pero el que nos dan no está bueno”. Además, se quejaron de que el agua fresca o natural siempre tiene restos de la bebida anterior y de que en las noches -cuando se sienten mal del estómago- gritan a los custodios o hacen ruido para que les atiendan, pero “nos dicen que si seguimos tocando la puerta o llamándolos, nos van a castigar”.
Los resultados de los diversos análisis fueron impresionantes. Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria V en Salamanca, concluyeron el 18 de julio de 2017 que la alimentación y el agua no reunían los requisitos de ser adecuadas, de calidad, saludables e higiénicas. Otras pruebas, como la del 29 de septiembre del mismo año, determinó la presencia de organismos coliformes, fecales y totales, originados por la falta de higiene en la preparación de los alimentos y en la limpieza periódica de los instrumentos utilizados para el tratamiento del agua potable, en detrimento de la salud de los internos.
El peligro en la salud al que las autoridades penitenciarias expusieron a los quejosos, se corroboró con los padecimientos detectados por medio de análisis clínicos a por lo menos once internos. Algunos tenían sobrecrecimiento bacteriano en heces, quistes de giardia lamblia, crecimiento de bacilos gram negativos, bacilos cocos gram positivos, y las bacterias denominadas E. Coli, E. Histolytica e infección por candida albicans.
En la fe judicial y visita de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de 16 de marzo de 2018 a las instalaciones donde se elaboran los alimentos en el penal guanajuatense, se asentó en las actas: falta de pintura y mantenimiento encima de la campana extractora de humo y en el techo de la cámara de refrigeración; falta de mantenimiento en la malla mosquitera; falta de limpieza en todas las rejillas ubicadas en el área de proceso; contenedores sin tapa y sin identificación; y el sanitario carece de papel higiénico, toallas desechables y rótulo de lavado de manos.
Los peores hallazgos ocurrieron al mover objetos. Había encharcamientos de agua y basura, se carecía de dispositivos para el control de insectos y roedores, había moscas y un costal de papas con cucarachas. El personal operó en las áreas de producción o elaboración sin capacitarse en buenas prácticas de higiene y manufactura, y no se contaba con registros o bitácoras de limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios. El juez concedió los amparos ante tal brutalidad para que autoridades y empresa prestadora de servicios corrigieran todo aquello que vulnera los derechos humanos y dignidad de los privados de la ibertad.
JINETEO DE FONDOS
Daniel “N” pasó más de diez años en la cárcel. En agosto de 2008 se le ocurrió atracar a una persona en el Mercado de la Merced en la Ciudad de México y fue a parar a uno de los reclusorios capitalinos. Con los años le remitieron a pagar su condena a las Islas Marías, donde se enroló laboralmente con la empresa La Cosmopolitana durante un buen tiempo en el área de cocina. De repente le dieron las gracias y se quedó sin trabajo.
El interno apodado “El Chaparro”, quien habitaba el módulo de Laguna del Toro en el penal del Pacífico, decidió reclamar el dinero que le debían y su fondo de ahorro acumulado, pero en respuesta recibió una rotunda negativa. No se quedó con los brazos cruzados y en 2016 presentó una demanda de amparo en un Juzgado de Distrito de Sinaloa. A la fecha han transcurrido tres años y el asunto no se ha resuelto, pero la compañía ha dado muestras de querer liquidar el asunto.
Con defensora de oficio en su representación y la dificultad de haber sido trasladado en 2017 al Cefereso Número 8 Norponiente, en Guasave, Daniel continúa con el caso. La empresa le ha depositado en oficinas de Telecom de la Ciudad de México, al parecer parcialidades, no podía hacerlo en su centro penitenciario. Incluso se desconoce el monto total que deberá entregarse al quejoso, pues la empresa no responde a las solicitudes del juez de que informe cuál era el sueldo quincenal del trabajador.
En uno de sus escritos, “El Chaparro” le decía al juez en marzo de 2018: “Con todo respeto lo único que pido es mi dinero ya que llevo dos años con este amparo”. Hoy, a tres años de distancia y para su fortuna, Daniel recuperó su libertad a principios de febrero de 2019 y ya tendrá oportunidad de aclararlo todo, ahora que más necesitará de su dinero. Primero tenía como beneficiario a un primo. Desde hace unos meses a su hermana Carolina y el resultado era el mismo: la empresa mandaba el dinero al sitio donde no se podía cobrar.
VERSIÓN DE HUMO
Han pasado casi ocho años desde que un interno del Cefereso Número 6, en la Chontalpa tabasqueña, se escapó y aún se desconoce hasta dónde pudo haber llegado la responsabilidad de trabajadores de La Cosmopolitana en el desafortunado hecho. El 26 de mayo de 2011 -por la noche-, el recluso Federico “N” fue visto por última ocasión, cuando cruzaba por el patio que llevaba al área de servicios generales donde estaba asentado el complejo empresarial que atendía al penal en sus necesidades alimentarias y en otras tareas.
Al comandante de guardia, con seis años de experiencia en reclusorios federales, le pasaron el reporte de que “había un incidente entre un interno y empleados de La Cosmopolitana (servicios múltiples de limpieza, cocina y mantenimiento de distintas áreas), por lo que al trasladarse al lugar “sólo observé gente alterada de la empresa, y personal de seguridad que realizaba una movilización en la perimetral interior”. Con el paso de los minutos se puso en claro que había ocurrido una fuga.
Un empleado de la compañía privada fue precisamente el que dio el primer aviso. Según su versión, un preso había brincado al área, donde se encontró con una persona de la compañía que estaba lavando una camioneta y le exigió las llaves, como no se las dio, Federico “N” siguió su camino hacia la barda perimetral, supuestamente arrojó una sábana y al parecer huyo trepando la muralla. Nadie encontró las huellas o lugar del escalamiento. La búsqueda fue infructuosa.
Con el transcurso de los días y de las investigaciones, varios custodios fueron consignados. La nueva versión fue que el preso había salido del penal dentro de un bote de acero rellenado de basura dentro de un camión recolector que egresó por la puerta trasera del presidio. Rumbo al basurero, aquél interno se habría bajado de una maloliente unidad.
Con el paso de los años persiste el misterio de aquella versión de trabajadores de la empresa y la ayuda que alguno o algunos de ellos pudiesen haber brindado al evadido. La verdad legal queda en el expediente y la verdad real probablemente nunca se conocerá.
INTRODUCCIÓN DE PASTILLAS
En el penal federal de Puente Grande, Cefereso Número 2 Occidente, despidieron de su empleo a Mónica Adriana. Tenía muchos años de servicio y nombramiento de jefa de cocina, pero se desempeñaba en el área de Lavandería. El 24 de febrero de 2016 fue sorprendida camino al dormitorio “A” llevando un pastillero que contenía 19 tabletas y media de medicamentos diversos.
Eran las 9:15 am cuando Mónica ingresó a la esclusa del diamante V6 Nivel C para dirigirse al Módulo I y entregar uniformes a los internos. El custodio de turno la pasó a un cubículo para hacerle la revisión rutinaria y asegurarse que no introdujera objetos prohibidos. Al momento que la mujer desabrochó su pantalón, la mujer elemento de seguridad le observó un pequeño bulto dentro de su pantaleta, sostenido por el resorte del lado izquierdo.
Al preguntarle a la trabajadora qué era lo que llevaba, ésta respondió sorprendida: “Ay, se me olvidó el pastillero, pensaba dejarlo en mi locker. Pues ni modo. Procede”. Cuando la custodia abrió aquél recipiente plástico, en un compartimiento se contaron 17 pastillas y media de color blanco, y en otro espacio, otras dos pastillas de color azul claro, para un total de 19 comprimidos y medio que fueron asegurados y puestos a disposición de sus superiores.
A Mónica no la consignaron, incluso en el expediente no se hace referencia de las características químicas de las pastillas, pero si la destituyeron y la despidieron con causa justificada. La ex trabajadora peleó en tribunales del trabajo, pero se consideró irrefutable que no hubo violación alguna de sus derechos laborales o humanos.
