En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el jueves 7 de marzo de 2019 ya estaba listo el proyecto que daba respuesta a las cuatro impugnaciones que se presentaron contra la resolución del Tribunal Electoral Estatal de Baja California, en la cual cambiaron un transitorio de la Ley para modificar de dos a cinco años el periodo para la siguiente gubernatura del Estado.
El proyecto del magistrado Indalfer Infante González, revocaba la sentencia del Tribunal Electoral Estatal y regresaba el periodo de dos años para la gubernatura a elegirse el domingo 2 de junio de 2019.
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Uno de los argumentos fue que la impugnación presentada por la morenista Blanca Estela Favela se hizo de manera extemporánea, es decir, fuera de los tiempos que marca la Ley para impugnaciones. Por lo tanto, el Tribunal Electoral de Baja California, debió considerar eso y “sobreseer la demanda del recurso al haberse interpuesto de manera extemporánea, en atención a lo dispuesto en los invocados preceptos legales”, confió un analista a esta columnista.
Efectivamente, el recurso de Blanca Estela Favela fue presentado ante el Tribunal Electoral local el 22 de enero de 2019, mientras que la convocatoria para la elección a gobernador de Baja California para el periodo 2019-2021, fue publicada en el periódico El Mexicano por el Instituto Estatal Electoral el 31 de diciembre de 2018.
Además, la convocatoria se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 4 de enero de 2019. Considerando que es válida a partir del día siguiente de la publicación -5 de enero de 2019-, cualquier interesado debió impugnar en los tiempos legales, del 6 al 10 de enero. No el día 22, como lo hizo la enviada de Morena/Jaime Bonilla.
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El magistrado hizo énfasis en el Artículo 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, que textualmente establece: “Los recursos deberán interponerse dentro de los cinco días siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna”.
Lo cual indica claramente que la abogada Favela pudo haber impugnado desde los primeros días de enero de 2019, dado que la convocatoria del IEE se hizo pública el 31 de diciembre de 2018. Por alguna razón no lo hizo. O en ese entonces no era de su interés ser aspirante a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional, o le era indiferente que fuese de dos años, o nadie se lo había solicitado. Pero no lo hizo y, cuando actuó, fue de manera extemporánea, por lo cual su recurso debió sobreseerse en el ámbito local.
Pero no sucedió. Dos de tres magistrados electorales locales votaron a favor de cambiar el transitorio y dejar una gubernatura de cinco años.
Y efectivamente, el proyecto del Trife estaba listo el jueves 7 de marzo y revocaría la sentencia local… hasta que “alguien”, cercano de hecho a la Presidencia de la República, dio la orden que el proyecto fuese regresado para su análisis a la sala judicial y no fuese votado aún. Con ello, se detuvo de manera indefinida la resolución que, de entrada, daba marcha atrás de la decisión local y regresaba el periodo de dos años que fue votado en el Congreso del Estado de Baja California en 2014.
A la par de lo que sucede en el Trife, en Baja California los demonios de la negociación y el interés económico andan sueltos en el Congreso del Estado. Quienes están al tanto de las “operaciones” políticas, informaron que es intención del diputado de Morena, Héctor Mares, que en la sesión de hoy viernes 8 de marzo, se vote la iniciativa que en su momento presentó la priista Patricia Ríos y que fue congelada en ese Cámara, para cambiar el periodo de dos a cinco años de gobierno en la siguiente administración.
Esto lo hace el diputado de Morena y sus ahora aliados, cuando en el Trife existen cuatro impugnaciones (una del PAN, una del PRI, una de Jaime Martínez Veloz y otra más de Francisco Jiménez de la Peña) aún sin resolver, contra la resolución del Tribunal Electoral local para, precisamente, ampliar el periodo de la siguiente gubernatura.
Héctor Mares es de las personas más cercanas y ligadas a Jaime Bonilla Valdez. Lo hizo diputado federal cuando fue suplente, y le ha dado prácticamente el partido antes de hacerlo diputado local al solicitarle a Víctor Morán que solicitara licencia al cargo de legislador bajacaliforniano.
Para el madruguete que quieren hacer en el Congreso del Estado tienen cómplices, pues a Morena, con sus aliados no le alcanzan los votos. Son necesarios los del PRI, y particularmente los del PAN. En el Revolucionario Institucional, los de Morena aseguran contar con los favores de Marco Antonio Corona, y en el PAN, con la querencia de Carlos Torres Torres, quien dicen, anda muy pegado a Morena por razones afectivas personales.
Entre los tres, Mares, Corona y Torres, aseguran el primero de 19 votos para hacer una reforma constitucional y modificar el periodo de dos a cinco años. También presumen que no ha sido gratis. Que ha costado, y ha costado dinero.
Considerando que los asesores de Morena alardean que ya traen ocho de los trece votos del PAN, el mismo jueves 7 de marzo por la noche tenía pensado arribar a Baja California el dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés, para meter orden entre los legisladores azules, pues el gobernador Francisco Vega de Lamadrid o no puede, o no ha querido, o ya adquirió compromiso con quien se asume será el primer gobernador de Movimiento Regeneración Nacional en la entidad.
Y así, la transa de la gubernatura de cinco años para cumplirle el capricho a Jaime Bonilla, se juega en dos pistas: en controlar y/o manipular las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en controlar y comprar los votos en el Congreso del Estado de Baja California para hacer una reforma constitucional que requiere de 17 levanta-dedos. Ojo, mucho ojo.
