La obligación que tiene el Estado de garantizar a la población el derecho a la seguridad ciudadana está asentada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo ordenamiento queda establecido, a partir de la reforma de 2011, que estas tareas -que recaen sobre el Sistema Nacional de Seguridad- deberán ser desempeñadas por la Federación, los Estados y los Ayuntamientos, a través de sus corporaciones policiacas, bajo una perspectiva de derechos humanos.
Pero hablar de seguridad no puede ni debe limitarse a la lucha contra la delincuencia, es preciso ampliar el discurso y la estrategia a la creación de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica entre las personas y para su desarrollo a plenitud, incluyendo el económico.
Por ello, en el concepto de seguridad se debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.
La seguridad, la seguridad humana y la seguridad ciudadana no son conceptos estáticos ni iguales, sino que se redimensionan con base a las necesidades y los hechos sociales, se van complementado entre sí y con otra serie de conceptos que están interrelacionados. Analizar la seguridad como derecho conlleva la observación de los derechos a la integridad personal, a la libertad, a la propiedad y a la vida sin violencia, entre otros.
Las condiciones de la seguridad humana se mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre.
La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se enlistan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y los escenarios regional e internacional. La prevención resulta imperativa.
La seguridad se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados, por ello la importancia de que el tema sea considerado como prioritario en la agenda no solo de las instituciones de gobierno, sino de la sociedad civil y de la academia y de que sea abordado desde diferentes aristas y perspectivas, incluyendo la de género y la de interseccionalidad.
El resultado de este proceso es el tránsito de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, en la que la sociedad civil tiene un papel más activo, un papel de corresponsabilidad, sin que dejen de observarse las obligaciones que tiene el Estado en la materia.
En Baja California se ha entendido este concepto y la sociedad civil ha dado muestra de activismo y compromiso, de corresponsabilidad a través de la labor que vienen desempeñando los consejos y comités de seguridad estatal y municipales que son buenos ejemplos de participación de la ciudadanía en la gobernanza.
A nivel nacional, el surgimiento del movimiento social #SeguridadSinGuerra ha sido crítico al señalar cómo la intención de una ley de seguridad interior y, posteriormente, la creación de una guardia nacional, podría representar un riesgo para el respeto a los derechos humanos, pero también se ha involucrado en las rutas de solución para la inseguridad y por ende la garantía del derecho a la seguridad.
México debe fortalecer el Estado de Derecho, cumplir el orden jurídico, garantizar la seguridad pública que mejoraría la gobernabilidad con un impacto en la calidad de vida de todas las personas en nuestro país.
Melba Adriana Olvera es Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California
Correo: melbaadriana@hotmail.com
