La procuraduría no mostró resultados de la investigación en contra de ex alcalde Gilberto Hirata Chico y su ex tesorero. La ASF detectó 2 mil 563 casos de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos que equivalen a un daño por 95.57 mil millones de pesos a la Hacienda pública
Con poco más de medio millón de habitantes, el municipio de Ensenada figura en el top 10 de los municipios de México que hicieron “perdedizos” sus recursos públicos.
Con 282.4 millones de pesos “perdidos” por las autoridades ensenadenses, el puerto comparte créditos con municipios como Chamula y Oxchuc, Chiapas; e Iztapalapa en Ciudad de México.
Le siguen los ayuntamientos de Ayutla de los Libres y Matamoros, según un informe de 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Fueron dos años de investigación y llamados a declarar al ex alcalde priista Gilberto Hirata Chico y su ex tesorero, Samuel Jaime Aguilar, pero no pudieron explicar a la máxima autoridad qué hicieron con esos millones.
Del total, 89.68 millones de pesos son del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), mejor conocido como Ramo 33.
Este dinero era para invertir en las comunidades más pobres para mejorar la calidad del agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización, electrificación rural, infraestructura básica del sector salud y educativo.
Los 192.74 millones de pesos restantes, pertenecían a otros programas federales y pago de impuestos.
A nivel nacional, los recursos que los estados y municipios faltan por comprobar son “gigantescos” y suman 26 mil 718 millones de pesos, de los cuales 23 mil 647.56 millones corresponden a entidades.
Los 3 mil 070.89 millones restantes, es decir, el 11 por ciento, son de municipios, lo que representa casi un tercio del dinero que falta por comprobar de participaciones federales.
En específico, no se ha aclarado el uso de 162.39 millones de pesos destinados al Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach).
ENSENADENSES PAGAN POR EL DESVÍO
Aunque el responsable solidario es el ex presidente municipal Gilberto Hirata Chico, él fue electo por decisión popular en votaciones, por lo tanto, los gobiernos entrantes deberán responder.
Aunque se le inició un procedimiento, la ASF, a través de un procedimiento resarcitorio, cobrará el faltante por medio de las futuras participaciones, debido a que el recurso lo entregaron al gobierno, no a una persona física; es un caso similar al de los desvíos registrados en Veracruz.
Ex alcalde Gilberto Hirata Chico
SIN “MIMOS”, TESORERÍA SACÓ ADELANTE GOBIERNO
Guadalupe Méndez Maldonado, tesorera municipal, reconoció que desde un inicio fue difícil asumir la responsabilidad de administrar un gobierno que venía ya en quiebra.
A pesar de la situación y crisis, no teme por futuras denuncias ni auditorías.
“Esto ha sido un reto, como saben, la situación financiera del Ayuntamiento siempre ha estado compleja, el hecho de hacer un esquema de prioridades y un exhaustivo programa recaudatorio”, sostuvo.
El trabajo se ha basado en recuperar dinero en todo concepto de la Ley, “he tratado de eliminar complacencias, sobre todo plazo y apoyos que se acostumbraban en otras administraciones para no pagar lo que correspondía, además, he eliminado todo tipo de gastos innecesarios con políticas muy estrictas de austeridad”, aseguró.
Por lo menos se ha logrado disminuir el déficit financiero, cubriendo poco a poco los compromisos impostergables.
La aplicación de los recursos federales se está aplicando de acuerdo a cada ejecutor, lo cual tiene que ver con sus respectivos lineamientos y responsables.
Méndez mostró la tabla de programas federales, donde se aprecia que de los 499.5 millones de pesos, se han ejercido 492.5 millones.
Cuestionada respecto a la labor de Tesorería para evitar futuras denuncias penales, respondió:
“Mi trabajo es técnico, y el equipo con el que he logrado sacar esto es también técnico”.
ESTAMOS EN NÚMEROS AMARILLOS: NOVELO
“He batallado mucho porque desde que empecé, me han retenido el 70% de las aportaciones federales”, expuso ante la situación el alcalde Marco Novelo Osuna, para después consolarse en que si bien no han bajado considerablemente la deuda, tampoco han generado más.
Según Novelo, concluirá su gobierno con una deuda de 2 mil 400 millones de pesos y una contabilidad en números “amarillos”.
Aseguró que durante su gestión han abonado 295 millones a capital, con lo cual este año tapará baches y entregará obras del Ramo 33 por más de 120 millones de pesos.
INHABILITACIÓN, CASTIGO DE SINDICATURA
La síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos, mencionó que la oficina a su cargo cumplió con el trabajo que correspondió al inhabilitar a Hirata y al ex tesorero Jaime Aguilar.
Pese a que presentó denuncias en Ciudad de México, por la carga de trabajo de las autoridades en el centro del país, el expediente fue devuelto para que la Delegación Ensenada de la Fiscalía General de la República (FGR) se haga cargo. Hasta el cierre de esta edición, no se les había notificado algún avance.
Tras la inhabilitación, Hirata presentó un recurso de inconformidad, pero se le negó la suspensión; el asunto está en manos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en Mexicali.
Por su parte, el ex tesorero no recurrió a la sentencia de inhabilitación.
Aunque no es consuelo, la síndico procuradora agregó que un 80% de los municipios del norte tuvieron desvíos de recursos económicos, e incluso Veracruz “está en problemas serios”.
PGJE Y DIPUTADOS, NEGLIGENTES ANTE DENUNCIAS
Hace seis años, el Centro Empresarial de Ensenada interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra del gobierno de Enrique Pelayo Torres, por supuestas negociaciones ilícitas, abuso de autoridad, coalición de funcionarios y desvíos.
El entonces síndico procurador, Iván Barbosa Ochoa, presentó documentos para respaldar la querella. A la par, el síndico social Félix Ojeda Ortega, solicitó al Congreso del Estado iniciar el proceso para juicio político; meses después lo desecharon por falta de información en el expediente.
Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), describió el proceso legal que llevó el ex alcalde como “decepcionante”, ya que la procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva, no lo quiso enjuiciar.
“Al final del camino no ha pasado nada”, acotó.
No obstante, cuando se abrieron las sospechas de que el “Profe” Hirata -como lo llamaban, por ser de formación profesor- también desvió dinero, consideraron llevarlo ante los tribunales. Pero no fue necesario, ya que la actual síndico procuradora presentó las denuncias ante la Federación.
“Sin duda hay desánimo, pero el proceso (contra Pelayo) sigue abierto. Al estilo de los abogados, le echan tiempo al proceso legal, le apuestan al olvido, y esa es la constante de las autoridades mexicanas”, destacó.
Tesorera municipal
Han tenido reuniones con Sindicatura para presionar. Ahí están esas cuestiones y denuncias en proceso.
“Gobiernos van y gobiernos vienen, pero la realidad es que las reglas son claras y, si te dan dinero para el ramo fulano y lo desvías, lo aplicas en sueldos, tarde o temprano hay que devolverlo. No cabe duda que aquí pagarán justos por pecadores”, advirtió.
EL ESTUDIO
En 2016, La ASF detectó 2 mil 563 casos de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, equivalentes a un daño a la Hacienda pública por 95.57 mil millones de pesos, refiere el estudio de la agrupación denominada ¿Fuiste Tú?
De total, el 46% de las auditorías desencadenaron en presunciones de posibles daños a la Hacienda pública.
Este ranking incluye las dependencias que “nos preocupan”, al tener la mayor cantidad de dinero que falta por comprobar, con relación al dinero total auditado.
Fueron auditadas 266 entidades de gobierno, como secretarías federales, gobiernos estatales y municipales, universidades autónomas, comisiones, entre otras.
De acuerdo al estudio, la intención es empoderar a los ciudadanos para que cuestionen el mal uso de recursos públicos y, por otro lado, reconocer a aquellos que ejercieron el dinero público con responsabilidad.
Tras el extenso análisis basado en datos de la ASF, consideraron urgente que los estados y municipios usen sólo una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de participaciones y reporten su destino y resultado al Ejecutivo federal.
De igual manera, proponen que los funcionarios tengan capacitación y preparación en el manejo del dinero de estos programas, además de exigir que el titular de la dependencia contratante suscriba los contratos y la información correspondiente a la adquisición sea incorporada al sistema CompraNet.
