En enero de 2019, se crearon 94 mil 646 trabajos formales, cantidad inferior a la reportada el mismo mes del año anterior. El ingreso laboral per cápita de los hogares en el país disminuyó a mil 717.90 pesos durante el último trimestre de 2018, y aumentó el número de personas cuyo salario no alcanza para comprar la canasta básica
Un millón 960 mil personas buscaron empleo en México durante enero de 2019, lo que representa una tasa de desocupación del 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).
Comparándola con el mismo lapso del año anterior, se observa que el desempleo en el país creció 0.2% (alrededor de 112 mil personas) Con ello, la tasa de desocupación al inicio de 2019 es la más alta para un enero desde hace dos años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En contraste, los datos -dados a conocer el 27 de febrero- muestran que la tasa de desocupación descendió respecto a diciembre de 2018, cuando alcanzó el 3.6% de la PEA, como consecuencia de un aumento en el número de desempleados no visto desde julio de 2014.
Para José Alfonso Buozas Ortiz, investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el incremento en el desempleo obedeció a múltiples factores, entre éstos el “golpe dado al sector burocrático que fue significativamente fuerte”.
Aun cuando se había sostenido que se liquidarían plazas de altos funcionarios y de aviadores, “lamentablemente una buena franja de trabajadores del gobierno que debieran ser de base, pero que eran de confianza”, fue a quienes les “pegó el recorte” iniciado por la administración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Ante el anuncio del mandatario sobre la creación de 400 mil nuevos empleos durante el sexenio como parte del programa Sembrando Vida, el especialista consideró que “aún no están claras las políticas económica, laboral y en materia de empleo”.
Buozas Ortiz calificó como incipiente la política económica, y observó que en ella no se avizoran objetivos y perspectivas que resuelvan las dudas que existen: por qué se va a apoyar al campo, cómo se incentivará el desarrollo industrial, y cómo y en qué condiciones se apoyará a la migración de empresas extranjeras.
Desde hace tiempo el país vive en una incertidumbre, y si bien “tampoco podemos pensar que en dos meses de gobierno se iba a borrar”, no se ha visto que la política en materia de empleo esté dentro de las preocupaciones de esta administración, apuntó el académico, quien dijo estar “convencido que al señor presidente el tema laboral no le inquieta”.
Expuso que aún no está claro cómo se piensa construir la Cuarta Transformación, de qué factores económicos se va a valer, con qué fuerzas sociales se piensa construir, qué papel juegan las inversiones extranjeras y los países vecinos. A su juicio, en la medida que se esclarezcan estas interrogantes en el Plan Nacional de Desarrollo, habrá certidumbre.
En línea con la previsión hecha por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), de que la tasa de desempleo se mantendrá en 3.4% en 2019, Buozas Ortiz estimó que la formalidad bajará mientras que aumentará la informalidad. Indicador que se ubicó en 56.3% de la PEA durante enero de 2019.
SE DESACELERA CREACIÓN DE EMPLEOS FORMALES
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la creación del empleo formal se ha desacelerado a inicios de 2019, cuando se generaron 94 mil 646 empleos formales. Es decir, 19 mil 076 puestos menos que la cantidad reportada en igual mes del año anterior. Aunado a ello, en diciembre de 2018, el IMSS reportó la pérdida 378 mil 561 empleos a nivel nacional.
Por otro lado, el catedrático de la UNAM señaló que en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el país vivió una formalización de la informalidad. Es decir, “un reconocimiento del trabajo precario, del trabajo sucio, del trabajo informal como si fuera formal”.
Eso constituyó un “gatopardismo, porque sigue existiendo la importante tasa de desempleo, y el significativo bajo salario”, el cual incide en la pobreza, misma que “está haciendo mella social”.
José Alfonso Buozas Ortiz Reflexionó que si bien el incremento al salario mínimo fue limitado, dado que no era posible hacer una proyección mayor porque habría afectado otras variables económicas, es innegable que dicho aumento es el mayor en más 30 años.
DISMINUYE INGRESO LABORAL PER CÁPITA
Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, advirtió que la generación de empleo formal no implica necesariamente que el trabajo sea de calidad o con el que millones puedan vivir al menor con sus necesidades básicas cubiertas.
Refirió que datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), muestran que desde el segundo trimestre de 2018 se aprecia una reducción en el ingreso per cápita (de cada hogar), el cual se ubicó en mil 717.90 pesos durante el cuarto trimestre del año pasado, de acuerdo con la inflación.
En ese lapso, el ingreso promedio de quienes laboraban, ya sea en la formalidad o informalidad, fue de 4 mil 039.87 pesos. Pero cuando se analiza por género, se advierte que la percepción salarial en promedio de las mujeres fue mucho menor, de 3 mil 457.31 pesos.
Así, el número de personas con un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó 0.5% entre el tercero y cuarto trimestre de 2018. Durante el último lapso referido, 39.8% de la población en el país no obtuvo un salario que le permitiera adquirir la canasta alimentaria.
Este panorama se recrudece en zonas rurales, donde el porcentaje alcanzó 53.7% de quienes viven en ellas.
Los datos del Coneval son claros en cuanto a que la mayoría de las entidades federativas registraron una tendencia a la baja en los ingresos salariales a lo largo de los últimos meses de 2018. Los estados con percepciones más bajas son: Chiapas (871.08 pesos), Guerrero (960.99), Oaxaca (963.27), Morelos (mil 183.82) y Veracruz (mil 230.03 pesos).
Ley reglamentaria laboral podría aprobarse en marzo
Una vez que 17 congresos estatales aprobaron las modificaciones hechas a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 26 de febrero comenzaron las audiencias de consenso sobre la iniciativa de Ley reglamentaria de las reformas laborales en la Cámara de Diputados, que se prevé, sea dictaminada en marzo.
Cabe señalar que los cambios a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política -efectuados en 2017- implican la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, actualmente dependientes del Poder Ejecutivo, creándose un organismo que busque la conciliación entre patrones y empleados.
Adicionalmente, el organismo deberá registrar los contratos colectivos de trabajo y a las organizaciones sindicales. En caso de que no se resuelva el conflicto laboral en esa instancia, los asuntos se dirimirán en tribunales del Poder Judicial, mediante juicios “imparciales y modernos”.
En las reuniones para consensar la iniciativa de Ley reglamentaria, presentada por el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), diversas organizaciones sindicales expresaron su rechazo, al considerar que la propuesta conlleva un control de las agrupaciones. Entre los puntos que rechazaron, destaca el derecho a asociación y negociación colectiva, voto secreto, democracia y transparencia sindical, así como contratación colectiva.
Cuestionado sobre el impacto que tendrán los cambios en materia laboral en la creación de empleos, José Alfonso Buozas Ortiz, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, previó que el contexto político que actualmente prevalece permitirá que crezcan las acciones de los trabajadores.
Dijo que el gobierno de López Obrador ha declarado no estar dispuesto a reprimir ninguna acción de los trabajadores, ello, “nos coloca en un terreno complejo, porque reclama mucha responsabilidad de las organizaciones sindicales”, consideró.
Si algo puede hacer daño como sociedad, es la idea de que el gobierno de López Obrador es un gobierno que posibilita las acciones de los trabajadores, que éstas son irresponsables y que son la causa de que el país anda mal.
“Creo que ese es el escenario que hay que evitar, dado que las organizaciones gremiales tienen mucho qué pelear, hay más de treinta años de un control salarial alarmante”, agregó el investigador, para concluir que el empresariado mexicano es conservador e incapaz de dialogar históricamente. Empero, el momento es de un cambio que requiere diálogo y negociación.
En contraste, la percepción promedio en Baja California Sur fue la más alta, con 3 mil 064.09, seguida de Quintana Roo (2 mil 412.73), Colima (2 mil 387.36), Nuevo León (2 mil 363.68) y Ciudad de México (2 mil 348.88 pesos).
BC PIERDE MIL 882 EMPLEOS EN ENERO
Siguiendo la misma tendencia nacional, Baja California reportó 4 mil 743 empleos formales menos en enero de 2019 que el mismo periodo del año anterior.
Según datos del IMSS, en enero pasado se crearon 7 mil 691 puestos de trabajo, sin embargo, se perdieron mil 882 empleos respecto a diciembre de 2018. Dichas pérdidas correspondieron a Tecate y Playas de Rosarito. En cambio, en Mexicali se generaron 4 mil 718 empleos; Tijuana contabilizó 3 mil 764, y en Ensenada, mil 091.
Valero señaló que la tasa de desempleo durante el último trimestre de 2018 (2.2% de la PEA) es inferior a la que se tuvo un año antes. No obstante, advirtió que el indicador económico “está enmascarando un comportamiento perverso del mercado de trabajo”, toda vez que el número de personas ocupadas en la informalidad ascendió a 305 mil 109, “la cifra más alta de la historia”.
Aunado a ello, dijo, los salarios “continúan muy castigados”. De octubre a diciembre de 2018, 513 mil 037 personas percibieron hasta dos salarios mínimos. Ello explica por qué la gente está trabajando más, apuntó el economista, y precisó que “más del 30% de los bajacalifornianos trabaja más de 48 horas a la semana”.
Según el Coneval, el ingreso laboral per cápita de los hogares bajacalifornianos fue de 2 mil 327.80 pesos durante ese lapso. La cifra más baja en diez años.
A decir del especialista, la edad de los trabajadores en Baja California también ha ido incrementándose. Actualmente es de 37.9 años, lo que significa que “ya nos estamos acercándonos al periodo de envejecimiento poblacional y vamos llegando con una población empobrecida”.
De no atenderse “rápido ese problema vamos a tener una población pobre y vieja, y eso va a ser un escenario terrible para Baja California”.
Por otro lado, expuso que desde 2014 la entidad está expulsando trabajadores, sobre todo profesionistas, a quienes no se les está garantizando un empleo, ni un salario acorde a su nivel educativo.
En entrevista por separado, Roberto Rosas Jiménez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Tijuana, comentó que para impulsar la generación de empleos en la región es necesario dar seguridad a las inversiones y ofrecer mayor educación al personal, particularmente en el sector manufacturero, área donde cada vez hay más rotación del personal.
“Los empresarios y el gobierno no hemos hecho lo suficiente para saber retener y darle más oportunidad a las empresas que lleguen a Tijuana”, sentenció.
Recordó que anteriormente, para llenar las vacantes la industria maquiladora buscaba gente al interior de la República Mexicana, pero a raíz de la detonación y el crecimiento de la zona de El Bajío, donde también hay industria maquiladora, “cada vez se ha vuelto poquito menos atractiva nuestra ciudad para venir a trabajar aquí”, aun cuando sigue siendo una tierra de oportunidades.
Lo anterior, debido a que actualmente se ofrece “un pequeño” incremento salarial, que muchas veces es para rentar una casa, lo cual no constituye un atractivo para quienes tienen una propiedad en El Bajío.
Desde su perspectiva, también es necesaria una mayor infraestructura en esta ciudad fronteriza, ya que los parques industriales se encuentran en condiciones que son una vergüenza por la cantidad de baches que tienen, ocasionando pérdidas para las empresas.
