Con Tijuana alcanzando un primer lugar mundial en homicidios, Ensenada integrándose a la lista de ciudades más violentas del mundo, y los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de dicho municipio reconociendo el efecto negativo de esta situación en la inversión, llegó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, como encargado de despacho, el licenciado Fernando Sánchez González.
Todavía no terminaba de presentarse con los titulares de las otras áreas de seguridad y los representantes de la sociedad participativa, cuando un grupo armado disfrazado de policías estatales secuestró al hijo y sobrino de quien fuera administrador del Cártel Arellano Félix, Jesús “Chuy” Labra.
Contrario a sus antecesores más cercanos, Daniel de La Rosa y Gerardo Sosa Olachea, don Fernando ni la buscó, ni había manifestado a sus compañeros querer la Secretaría de Seguridad Pública. De hecho, al licenciado en Derecho le cayó del infierno que quemó al notario Sosa por las investigaciones de inteligencia criminal en contra de uno de sus vástagos.
Pese a que el gobernador ya llevaba más de un mes solicitando la renuncia de Sosa, al final la salida fue abrupta y a Sánchez le avisaron 24 horas antes que él sería el designado, cuando se encontraba en el Estado de Yucatán comisionado en un encuentro de seguridad. Entonces le instruyeron regresar para tomar posesión el viernes 15 de marzo.
Protestó guardar y hacer guardar la Ley, en un Estado donde las estadísticas oficiales publicadas recientemente indican que se denuncian 244 delitos al día, del total 180 son robos y 104 se cometen con algún tipo de violencia. Además, cada 24 horas, 16 personas reportan haber sido lesionadas y ocho víctimas son asesinadas.
Esto a pesar que el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Marco Sotomayor, informó recientemente que en la ciudad que él resguarda, clasificada como la de mayor incidencia criminal del Estado, los números de denuncias van a la baja comparados con los primeros dos meses del año pasado. Mencionó reducciones del 2 y hasta 6%, dependiendo del delito.
De acuerdo a los boletines informativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), tienen 27 certificaciones nacionales e internacionales, su programa de atención social llegó a 507 comunidades en 2018, y en el mismo período, su Policía Estatal Preventiva (PEP) capturó mil 941 delincuentes, de los cuales sólo seis eran objetivos prioritarios. También sacaron de las calles 61 millones de dosis de droga.
Conforme a estadísticas nacionales, la PEP tiene los mejores números en capturas y decomisos, lo que no sólo habla de la eficiencia local, sino de la gran deficiencia en las corporaciones en el resto del país.
Sin embargo, como el ex secretario Sosa lo dijo y lo cumplió, por año y medio no se ocupó en perseguir y neutralizar a los capos de los cárteles que controlan el trasiego a gran escala, el narcomenudeo, los asesinatos, las extorsiones, el tráfico de personas, los delitos de alto impacto. Ello permitió el empoderamiento incluso de narcomenudistas de poca monta que escalaron en el organigrama criminal.
Cierto, como el notario metido a funcionario se dedicó a hacer relaciones públicas, normalmente en espacios vigilados y cerrados para resguardar su seguridad, la realidad es que al recién estrenado encargado de despacho de la secretaría, Fernando Sánchez González, tampoco le dejaron la vara muy alta.
De entrada recibió el espaldarazo de los grupos ciudadanos y la iniciativa privada en voz del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, quien calificó su designación como “… acertada, ya que lleva diez años en la dependencia y conoce muy bien los temas, por lo que habrá seguimiento en las acciones…”.
Ahora lo que el “secretario en funciones” debe tener claro es que no se trata únicamente de dar continuidad, que con siete meses por delante puede y está obligado hacer, si no milagros, sí la diferencia, porque dado al trabajo de su antecesor, lo que haga se va a notar en un Estado con tanto pendiente en materia de seguridad.
Podrían empezar, por ejemplo por aprovechar la información de las áreas de inteligencia de la SSPE para coordinarlas y explotarlas con las procuradurías para dejar de reciclar y detener a los líderes de células de los cárteles.
También debería reclamar los cientos de policías estatales que tienen asignados a escoltas de funcionarios y parientes del gobernador y regresarlos a trabajar a las calles, que es la función para la que fueron capacitados y contratados, no de servidumbre oficial.
¿Por qué no? Colaborar con el Gobierno Federal, asistir a las reuniones de pacificación diarias -a las que el gobernador y los alcaldes panistas se niegan a asistir-, presentar y coordinar un programa operativo que de verdad, más allá de los retenes, ayude a controlar y reducir los delitos de alto impacto en Baja California.
Asimismo, lo quiera mencionar o no en público, para combatirlos está obligado a conocer los cárteles y sus integrantes, que han robado la tranquilidad de los bajacalifornianos.
Y aunque la mayoría de sus años de carrera en materia de seguridad, Sánchez los ha pasado tras el escritorio, fue perito criminalista y conoce de facto los estragos de la violencia. Así que debe estar consciente de que los ciudadanos esperan de él mucho más que relaciones públicas, proximidad social y operativos policiacos aislados, sin más estrategia que el espectáculo.
En suma, la crisis de inseguridad en la entidad requiere menos presentaciones oficiales y, ahora sí, trabajo con resultados palpables. Porque de promesas sosas, inacción policial e impunidad para con los criminales, Baja California ya tuvo de sobra.
