Levantones operados por células de la delincuencia organizada siguen registrándose sobre todo en La Paz. En Los Cabos, asociaciones y autoridades siguen en la búsqueda de fosas clandestinas de decenas de personas en calidad de desaparecidas, en predios apartados de la comunidad
“Había reporte de dos levantones y otros dos más inmediatamente, los eventos se registraron muy seguidos, uno de ellos en la colonia Navarro Rubio y otro en Centenario, ambos fueron operados de la misma forma, amenazas con gente armada y los suben a vehículo. Es algo de lo que no nos hemos salvado y siguen ajustes de cuentas”, reveló a ZETA un .elemento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.
Así se sumaron dos víctimas más al enfrentamiento a muerte que se tiene en Baja California Sur entre grupos delincuenciales que operan la plaza y los que quieren ingresar, aunque la rivalidad que se ha evidenciado por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) es entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y De Sinaloa (CDS), cuyas células locales buscan proteger su territorio.
La joven María Liliana Capistrana Jiménez, de 33 años de edad, y un hombre de entre 25 y 35 años en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la PGJE, fueron torturados y ejecutados de un tiro en la cabeza.
Vecinos, testigos y familiares, en la calle Primera y Alfredo V. Bonfil del Ejido El Centenario, vieron cómo María Liliana fue levantada por un comando armado.
“La joven cuenta con hematomas en brazos, piernas, rostro, pechos, amarrada de manos y pies con un lazo para tendedero de color amarillo que se puede adquirir en cualquier ferretería, además de un tiro en la cabeza. La mujer vestía short color rosa, sin calzado y una blusa azul con estampado de flores, seguramente al no encontrarse el casquillo percutido ya había sido privada de la vida y cubierta con vestimenta para evitar que se produjeran manchas hemáticas, pero sin duda localizando el vehículo podremos encontrar evidencia”, externó un experto en medicina forense contactado por ZETA.
Según los datos recabados en la investigación, la mujer fue levantada el 28 de febrero y hasta el 3 de marzo se encontró sin signos vitales en una brecha de Avenida Miguel Alemán en el mismo ejido, a dos kilómetros desde su domicilio.
“Es muy probable que los agresores se encuentren muy cerca o por lo menos uno de los participantes, ya que la manera en que fue privada de la vida, el lugar y por donde fue visto el automóvil (que por secrecía de la investigación se omiten características), todo parece indicar que se trata de gente local”, refiere la Agencia Estatal de Investigación Criminal.
En otro hecho relevante, al día siguiente del hallazgo de María Liliana, fue encontrado un cuerpo semienterrado en las inmediaciones del arroyo El Cajoncito, cerca de una antena color amarilla y de unos almacenes”, indicó la PGJE.
En el lugar fue localizado un montón de llantas usadas y apenas se apreciaba una mano. El cadáver de un hombre en avanzado estado descomposición, contaba con signos de violencia, por lo que se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.
Levantones operados por células de la delincuencia organizada siguen registrándose y con mayor presencia en La Paz, por lo menos los hallazgos así se han realizado, pero es sabido que en Los Cabos asociaciones y las mismas autoridades siguen en la búsqueda en predios apartados de la comunidad, fosas clandestinas de decenas de personas que siguen en calidad de desaparecidas.
Es claro que una banda delincuencial está operando en La Paz y Los Cabos, incluso en la PGJE hay indicios que células desarticuladas recientemente operaban en ambos municipios, pero al día de hoy, siguen operando.
Álvaro de la Peña Angulo, Secretario General de Gobierno reconoció que ha habido un incremento en la violencia, además de que urge que verdaderamente se haga un trabajo coordinado y la depuración policial
AUMENTAN PRIVACIONES ILEGALES DE LA LIBERTAD
A través de los informes que entregó a ZETA, la PGJE reconoce 17 delitos que atentan contra la libertad personal o también conocidas como privaciones ilegales de la libertad en enero de 2019, mientras que el promedio mensual en 2018 fue de 10.75 delitos de privación ilegal de la libertad personal.
Es claro que la mayoría de las privaciones ilegales de la libertad o levantones tienen que ver con la delincuencia organizada, pues en el afán de extraer información de células delictivas, sicarios torturan hasta la muerte a sus víctimas y son arrojadas en lugares apartados de zonas habitadas.
Según las estadísticas analizadas por este Semanario, en Comondú se registró un levantón en enero de este año; Mulegé contabilizó tres; en Los Cabos, destino turístico de spring break, fueron cuatro; y en La Paz se perpetraron nueve.
“Ya no son muy sonados los operativos que se realizan, pero cuando los ciudadanos se enteran de movimiento policiaco es cuando hay razón de ser para las autoridades, cuando existe preocupación y reclamo salen las diferentes instituciones a dar la cara y tratar de cambiar la percepción, pero los números recientes refieren que algo está pasando”, explicó el representante del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal.
La solicitud de las autoridades de BCS, incluido el gobernador Carlos Mendoza, es que la Guardia Nacional se mantenga en la entidad y el apoyo de las fuerzas armadas sea incondicional, pues en ocho años que se han establecido la llamada “depuración policial” ha quedado a deber, pues no hay tal depuración y la confianza de los ciudadanos es nula.
Si bien se denuncia gran parte de privaciones ilegales de la libertad, sin embargo, no hay detenidos al respecto, pues aunque ha habido aseguramientos recientes de arsenales y presuntos sicarios, hasta la última semana se seguían dando levantones.
“No puede existir justicia cuando siguen habiendo policías de diversas corporaciones al servicio de delincuentes, las bases de datos e investigaciones, la inteligencia que se utiliza para investigar, está siendo utilizada por malos elementos para que células criminales las operen”, refiere el Consejo Ciudadano.
Mil 177 elementos de seguridad de diversas corporaciones como Estatal, Ministerial, Municipal, Personal de Custodia y demás, están reprobados en Control y Confianza o pendientes de evaluación, por lo cual siguen sin atenderse y quizá operando en contra de la justicia.
FALTA VOLUNTAD PARA LA SEGURIDAD
En cada reunión de la Mesa de Seguridad Pública de Baja California Sur hay dudas, todos tienen conocimiento de los hechos y llevan sus propios informes del suceso, la misma reunión se hace en los municipios, al menos con regularidad en La Paz. Parecen más reuniones de informes, más que de estrategia, pues los hechos siguen a las luces.
Justamente el secretario general de Gobierno y vocero de la Mesa de Seguridad, Álvaro de la Peña Angulo, hizo un llamado a que se tomen las cosas en serio: “En un tema de absoluta coordinación, donde nos sentamos en la Mesa y nos seguimos sentando todos los titulares de las áreas de Seguridad y Justicia. Es un tema de voluntad política para invertirle a la infraestructura, a las acciones que esto implica, la Guardia Nacional tiene que funcionar en México, siempre y cuando va a funcionar si los gobernadores y los alcaldes y alcaldesas y todos, se toman el papel en serio, lo digo con todo respeto. Que se metan en serio a este tema de la seguridad y la justicia, si no, no va a funcionar”.
Los eventos registrados recientemente obedecen a lo que sucede en Estados Unidos con Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa, pero también tiene mucho que ver la llegada de la nueva administración federal de Andrés Manuel López Obrador y sin duda el relanzamiento del CJNG que ha expendido de nueva cuenta su terreno.
Baja California Sur no ha sido la excepción y ha resentido la purga entre cárteles, llevando a una guerra interna entre grupos de narcomenudeo.
“En todo el país ha habido un incremento en cuanto a la violencia, desgraciadamente, sin embargo, aquí seguimos con los índices abajo, con un homicidio que haya para nosotros es preocupante, lo quiero dejar muy claro, no necesitamos y no deseamos tener los índices que se tuvieron en el pasado aquí, estamos haciendo un trabajo de contención muy fuerte con, insisto, las Fuerzas Armadas, con toda las instancia que se encuentra trabajando en el Estado, para que esto no se incremente. Que no tengamos de nuevo la violencia que se tuvo aquí, eso es lo que tenemos que seguir haciendo todos”, comentó De la Peña Angulo.
A través de las autoridades que confiaron en ZETA para descifrar el principal factor de homicidios, se ha confirmado que por más que se diga que la violencia está contenida, la realidad es que “los violentos” siguen presentes en la entidad. Falta erradicar las amenazas a la seguridad pública de Sudcalifornia.
Fotos: Cortesía.- María Liliana Capistrano de 33 años que fue levantada desde su domicilio por uncomando armado, dejó dos pequeños a cargo de sus hermanos / Hombre fue localizado en el Arroyo el Cajoncito en La Paz, fue encontrado semienterrado debajo de unas llantas
“Ha habido situaciones personales, de riña, cuestiones totalmente ajenas al crimen organizado, sin embargo, la mayoría de los casos que ha habido en este año han sido relacionados con este tipo de incidentes, pero hay que destacar que las detenciones que ha habido de personas, han sido sumamente importantes. Hemos detenido a personas con armas largas, con armas cortas, con objetos del delito, y eso habla de un combate a la impunidad y eso es importantísimo destacar. El que venga a delinquir a BCS, se va a encontrar con la justicia”, enfatizó el secretario general de Gobierno.
Es imperante que todos los municipios participen coordinadamente y no que cada uno lleve su propia estrategia dividida. De ahí el resultado actual: operativos estériles con algunos chispazos de genialidades.
LUCHA INTERMINABLE
“Son miembros de células delictivas locales dedicadas principalmente al narcomenudeo, sin embargo, hay casos también en los que sicarios asesinan a sicarios de bandos contrarios, lo que genera una lucha interminable entre células que buscan el control de la venta y distribución de drogas narcomenudeo. Hay gente incluso cercana a los delincuentes, amigos y familiares que sirven para extraer información”, dio a conocer un elemento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la PGJE.
Los ciudadanos requieren asistencia y atención a sus denuncias en un contexto en el que, incluso, hay registros en video de levantones, con imágenes concretas de los sicarios sin que aparentemente exista una estrategia acertada para su detención.
“Recientemente ha habido hallazgos sobre personas que estaban o no vinculadas a la delincuencia organizada, pero sin duda genera preocupación e incertidumbre, debido a que sobre los hechos delictivos de privación ilegal de la libertad, la Procuraduría sólo rinde un informe del asunto que tiene que ver con la muerte, ubicación, y éste contaba con antecedentes; sólo cumplen con avisar que la persona encontrada sin vida contaba con antecedentes penales, pero no atacan el problema de raíz, como es la detención de homicidas que siguen circulando las calles y que llevan vidas normales”, lanzó el representante del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Con total impunidad, células delictivas operan en La Paz y Los Cabos, ahora ya hay presencia fuerte en Comondú y Mulegé, sin que la seguridad termine de llegar al Estado.
