El presupuesto para el Estado de Baja California contiene información y asignaciones monetarias para 97 programas. En total, 24 ramos presupuestales numerados del 1 al 28, porque los numerales 19, 20, 23 y 24 no están incluidos. Son nueve capítulos presupuestales, 63 grupos de gastos y 514 partidas presupuestales que pueden variar en cada ejercicio, explicaron desde el Congreso local.
Integradas por ramo, grupo, partida, programa y departamento, son más de 35 mil 500 partidas específicas. Un comparativo de los recursos asignados a cada una de esas más de 30 mil partidas, en cada uno de los últimos cinco años, fue lo que solicitaron los abogados fiscalistas para elaborar un diagnóstico profesional y puntual de las finanzas estatales para detectar las causas que llevaron a la crisis financiera que se vivió a finales de 2018.
La intención es que este análisis evidencie las fugas, cada una de las goteras del erario, gastos innecesarios, recursos mal invertidos, pagos excesivos y dinero mal gastado.
“Sabían que existe una partida para ‘buena disposición’, como si no fuera una obligación de los funcionarios estar bien dispuestos”, ejemplificó uno de los fiscalistas.
El objetivo es crear alternativas de solución al desaseo e ineficiencia financiera generada por la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien entre noviembre y diciembre de 2018, dejó sin sueldo a cientos de empleados del gobierno, porque de manera irresponsable, hizo planes financieros con dinero inexistente en su presupuesto, con posibles recursos extraordinarios no asignados. De hecho, aún tiene detenidos pagos a proveedores que resultaron en la suspensión de programas de obra pública.
Además de las decenas de observaciones que ha recibido en lo que va del sexenio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual ha descubierto desvíos de recursos y daños millonarios a la Hacienda pública federal, se incrementó la deuda pública y se redujo la calificación crediticia del Estado. Todo esto sin que el Congreso y la Auditoría local cumplieran con su obligación de vigilar el correcto manejo del gasto.
El acuerdo con los fiscalistas se hizo hace dos meses, el 19 de diciembre, con un gobernador que en teoría se expuso abierto, accesible y comprometido a transparentar las finanzas de Baja California ante los integrantes de organismos empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Colegio de Contadores Públicos de BC y el Observatorio Ciudadano, quienes integraron el Consejo Consultivo Financiero de Emergencia para resolver la crisis.
En la práctica, los hechos muestran que Vega mintió o se arrepintió. Sigue sin entregar lo que se le pidió.
El abogado fiscalista Adolfo Solís explicó que la información del sector educativo fue remitida de manera detallada y es muy útil,
“… pero no es el único ramo en que hay problemas”.
Para un diagnóstico integral se requiere toda la información a detalle, “los especialistas tenemos sistemas y programas para analizar los comparativos de esas miles de partidas presupuestales”, pero hasta ahora el Poder Ejecutivo decidió no facilitarlas.
El compromiso fue hacer llegar el comparativo de cinco años de las más de 35 mil partidas en la primera semana de enero, después cambiaron el plazo para la primera quincena del mismo mes, pero el día 22, de plano el Consejo Coordinador Empresarial, vocero del Comité Técnico, envió al secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández un oficio -recibido el 24 de enero- recordándole que no era suficiente la información de los sectores salud y educativo. Le reiteraron la petición.
Fue hasta el 11 de febrero, pero con fecha del 2 de enero -más de un mes de diferencia- cuando el CCE recibió un CD en el que aseguraban adjuntar “el comparativo del presupuesto modificado, por ramo y por partida”, pero sólo de los años 2017, 2018 y la proyección de 2019. De nuevo se trató de información genérica sin detalle.
Para evitar confusiones, al 13 de febrero, el CCE solicitó por tercera ocasión la información y remitió al secretario de Finanzas un reporte con el listado de los datos que requirieron dos meses atrás, así como su estatus. A la fecha sólo aparecen como “entregados” los avances de las recaudaciones de ingresos propios, y como “entregados parcialmente”, los dictámenes de cuentas públicas de 2014 a 2017.
Las otras once solicitudes de información continúan como “no entregadas”: comparativos presupuestales de 2013 a 2018; proyectos y autorizaciones por las que se entregaron garantías a contratos de Asociación Público Privada o concesiones; resumen de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación; dictámenes financieros de 2014 a 2017; el adeudo con el Issstecali; integración de la deuda pública por institución y garantías entregadas; información a detalle del pasivo a corto plazo; e integración y percepciones de la fuerza laboral de 2013 a 2018, entre otras.
Han pasado otros ochos días sin respuesta.
En teoría, cuando el Consejo Técnico tenga toda esa información, estará en posibilidad de presentar propuestas de saneamientos diferentes a la del aumento de impuestos que el Ejecutivo intentó imponer en el presupuesto de 2019, para salir de la crisis financiera estatal que permanece latente.
Pero dos meses después, el gobernador Vega de Lamadrid sigue optando por la opacidad y la indisciplina financiera, no se muestra interesado en una solución de fondo y sigue haciendo malabares, porque al déficit presupuestal de 2018 por 3 mil millones de pesos, de un fondo extraordinario federal que programó en el gasto y nunca le asignaron, sumó el desvío de 28 millones de pesos del erario para pagar a los maestros del Colegio de Bachilleres del Estado.
Lo que deja claro que la disciplina fiscal y la transparencia no son lo suyo, pero sus devaneos financieros tienen convertidas a las finanzas estatales en una bomba de tiempo que afecta la economía de Baja California y, más allá de denuncias en fiscalías y el Senado, todo sigue en total impunidad.
