La deuda en entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas asciende a 17 mil 500 millones de pesos.
En una entrevista concedida al diario Reforma, Héctor Garza, titular de la Unidad Administrativa y de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, señaló que la negociación sindical con las entidades, aunado al pago incompleto de las aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, la creación unilateral de plazas sin respaldo presupuestario y el pago de comisionados sindicales dificulta el cierre fiscal anual de los estados desde 2014.
“No es insuficiencia presupuestal, es una mala asignación presupuestal, pero de origen. Toda la vida se había hecho así para que la Federación lo solventara, en un juego pernicioso de dame, dame, dame, te doy, te doy, te doy”, recalcó Garza.
Antes de ese año, los estados utilizaban el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que era transferido por la Federación a las entidades, para pagar estas prestaciones y las plazas acordadas con las secciones sindicales estatales; sin embargo, con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y la centralización de la nómina magisterial, las entidades se quedaron sin ese recurso para saldar sus deudas.
Con la reforma educativa de 2013, el FAEB fue sustituido por el FONE, el cual es administrado directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, junto con la creación del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (SANE), se gestionan los pagos de las nóminas de 31 entidades federativas, sólo se excluye a la Ciudad de México.
Actualmente la Secretaría de Educación Pública paga la nómina por cuenta y orden de los estados, en su calidad de patrones; el 90 por ciento de las plazas se transfiere a cuentas bancarias de los trabajadores, sin la necesidad de pasar por los gobiernos estatales.
En noviembre de 2018, el entonces secretario de Educación Pública, Otto Granados, acusó a gobernadores de retener el ISR de la nómina magisterial y quedárselo.
“Hay muchos estados que se despacharon con la cuchara grande, con el manejo de la nómina magisterial, y varios de ellos hoy están sufriendo las consecuencias de su irresponsabilidad, descuido y justamente por eso tienen ahora los niveles de déficit presupuestal por los que está siendo muy complicado lidiar”, dice el exfuncionario en una reunión con secretarios estatales.
Tan sólo en 2014, los 32 estados del país regresaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 36 mil millones de pesos, que en años anteriores no se recaudaban.
Especialistas en educación explican que los gobernadores han heredado el pago de prestaciones indebidas que los maestros exigen cada año y que muchas de ellas no fueron reconocidas por el Gobierno federal al centralizar la nómina.
“Los remanentes del FAEB se utilizaron para pagar una serie de compromisos locales y, una vez que la nómina se centraliza, no hay recursos porque no se han previsto”, señaló al rotativo el subdirector de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Zacatecas, Víctor Manuel Fernández.
“Va a ser un problema nacional, va a ser una bronca enorme de alcance nacional, porque en muchos estados la circunstancia está igual.
“Se pagaban las plazas y los compromisos con el magisterio estatal con los recursos del FAEB, pero, al concentrar la nómina el Gobierno de Peña Nieto, y en el plano local muchos gobiernos o muchas entidades no tienen los recursos”, añadió.
-Con información de Reforma
