Cuando se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos al inicio de la década de los noventa y en el gobierno de Ernesto Ruffo Appel, la posición se concedió a la izquierda luchadora. El primer procurador fue don José Luis Pérez Canchola, y le dio forma, fondo y prestigio a la institución. Pero luego los políticos en el Congreso del Estado se pelearon por la posición y se la fueron otorgando entre panistas y priistas, con muy deshonrosas participaciones. Al cambiarse la Ley para crear la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la intención fue especializar el área, que dejara de estar en manos de políticos o afines a partidos políticos a gobiernos o a diputados, y seleccionar a especialistas en la materia. En esas condiciones la primera comisionada estatal de Derechos Humanos fue la licenciada Melba Adriana Olvera, con experiencia y probado compromiso. Pues ahora que se viene la sucesión, los priistas -poca cosa en el Congreso, por cierto- quieren negociar con los panistas para ubicar en esa posición a uno afín a ellos. Particularmente el diputado Benjamín Gómez Macías anda queriendo negociar los votos tricolores para otras necesidades del gobernador panista, a cambio de que ellos designen al o la sucesora de Melba Olvera. Nada más para que recuerde, el último alfil tricolor en los Derechos Humanos del Estado fue Arnulfo de León Lavenant, quien no sólo dejó en números rojos a la institución, sino un enorme rezago en materia de defensa de los derechos humanos. Así que mucho ojo. Cuide a su diputado, no vaya a ser que negocien hasta con la CEDH.
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