Abandono, violencia económica, abuso emocional y físico, son las principales violaciones a los derechos humanos que sufren adultos mayores. Ante la falta de asistencia por parte de las instituciones del Estado, las asociaciones civiles, las cuales dependen de donativos de la sociedad, han asumido la tarea de cuidar de miles de bajacalifornianos en sus últimos días de vida
No existe cifra oficial, pero la estimación más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente a un estudio realizado en 2015, indica que mil 042 adultos mayores viven en las 42 casas hogar registradas en Baja California.
En su mayoría se trata de personas sin familiares que cuiden de ellos, que padecen enfermedades terminales o fueron localizados en situación de calle y han sido rescatados en estos espacios para su cuidado, alimentación y un techo para pasar sus últimos días.
“Las personas mayores en Baja California no conocen sus derechos humanos y la mayoría son de una generación antes de la reforma constitucional de 2011, así que no se han asumido, en general, como sujetos de derechos humanos. Adoptan una actitud como objeto de cuidado, porque así se le ha etiquetado por la sociedad en el mejor de los casos”, explica la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez.
Los adultos mayores son considerados un grupo en situación de desigualdad y vulnerabilidad. Incluso aquellos que no han sufrido abandono y viven con sus familias, en varias ocasiones son tratados como una carga para la familia o se les asume como niños o niñas, incapaces de hacerse cargo de sí mismos y, por lo tanto, sufren maltratos y abusos.
En 2017, la CEDHBC registró 159 quejas por violación a derechos humanas presentadas por adultos mayores. Los principales derechos vulnerados fueron a la seguridad pública, a la salud y al trato digno. Los actos van desde personas privadas de la libertad que solicitaron beneficios para gozar de libertar anticipada, hasta la negativa a la prestación de servicios médicos. En 2018 se abrieron aproximadamente 73 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de personas mayores.
Sin embargo, que el número haya disminuido no significa que este tipo de violaciones no sigan latentes.
Jurídicamente, gracias a una reforma a la legislación local en enero de 2012, la obligación de cuidar a las personas mayores no solamente corresponde a las instituciones del Estado, también a la familia.
Esto se estipula en el Artículo 158 del Código Penal de Baja California, el cual dicta: “… al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y se le privará del derecho de ejercer la patria potestad o tutela si el agente fuera ascendiente o tutor del ofendido”.
Por medio de una reforma, la pena aumentará de uno a cuatro años de prisión si el abandono pone en situación de peligro la integridad física y moral del abandonado, además, se perseguirán delitos adicionales que de ello resulten. Éstos son “avances importantes en el andamiaje jurídico, aunque México no ha firmado ni ratificado la Convención de Protección a Derechos de Personas Mayores”, considera la ombudsperson de Baja California.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- Trabajos escasos y mal pagados
EL ABANDONO INSTITUCIONAL
No obstante, en términos normativos y prácticos existe una laguna jurídica en cuanto a las instituciones a las cuales corresponde el cuidado de los adultos mayores. En teoría, son las instituciones del gobierno estatal y no tanto de los gobiernos municipales, las encargadas de asumir esos derechos.
Al respecto, la titular de la CEDHBC observa que no existe “una política pública estatal definida para incluir a esta población en todos los ámbitos de la vida social: laboralmente, culturalmente, deportivamente; sólo hay esfuerzos aislados”.
Esto porque los programas diseñados para los adultos mayores en el Sistema DIF se concentran mayormente en los llamados “clubes de la alegría”, una especie de estancias de días donde las personas mayores se reúnen para realizar actividades recreativas.
Otro de los programas operados por el Sistema DIF Estatal y DIF Nacional es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual sólo ofrece credenciales a través de oficinas en los gobiernos municipales para recibir descuentos y otros beneficios para mayores de 60 años de edad.
“No hay un programa estructurado que venga de una directriz de política pública específicamente para este grupo para su inclusión. No es la atención asistencialista lo que se tiene que dar, sino asumir que son sujetos de derechos humanos y deben tener respetado su derecho a decidir”, refiere Melba Olvera.
Para la funcionaria, más allá de las acciones en el tema de la recreación, a las instituciones gubernamentales les corresponde trabajar en programas de inclusión laboral e incluso en la capacitación de su personal para ofrecer un trato diferenciado -con las características necesarias- a las personas mayores que acudan a oficinas de gobierno.
LOS ABUSOS EN EL HOGAR
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, también realizada por el Inegi, las personas mayores son el sexto grupo social más discriminado en el país, después de las personas transgénero, gays o lesbianas, las personas indígenas, las trabajadoras del hogar remuneradas y las personas con discapacidad.
La presidenta de la CEDHBC resume: “Algunos de los abusos que se ven, es que su familia pretende apropiarse de su patrimonio cuando las personas mayores tienen cierta edad o buscan que un juez los declare interdicto, siendo que es inconstitucional, pero está la figura en el Derecho mexicano”.
Esta es una manera de que los hijos u otros familiares de la persona mayor se apropien de sus cuentas de banco, propiedades o una herencia. “Hay jueces que ni siquiera se entrevistan con la persona mayor y les quitan la capacidad jurídica de goce”.
Citando un informe del Banco Mundial publicado en 2011, Olvera Rodríguez señala que el promedio de vida pasó de los 65 a los 75 años, según proyecciones para el año 2020.
“Esto implica que la población del mundo va creciendo y, por lo tanto, va a haber más personas mayores en poco tiempo y las instituciones del Estado mexicano tienen que estar preparadas en Baja California; en particular, no veo una política pública de inclusión con una directriz identificable”.
Pese a que un adulto mayor puede acudir a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otras instancias como DIF para denunciar si en su hogar o en una institución de gobierno han sufrido maltrato o abuso, “la mayoría no se reconocen como sujetos de derechos humanos, no identificaban la posibilidad de denunciar cuando eran víctimas de abuso o violencia, a pesar que tienen derecho a participar en todas las actividades de la vida que deseen”.
En uno de los casos que recibió la CEDHBC en 2018, está el de un matrimonio de personas mayores. La mujer, quien padece de una enfermedad que la obliga a estar en cama, vive con uno de sus hijos y el hombre con otro, después que uno de los hijos acusara a su padre de violencia de género y lo expulsara de su casa.
Esto propició una disputa legal por la propiedad donde vivía el matrimonio que ambos hijos sostienen. “Si esto lo puedes ver en una familia con suficientes posibilidades, ves muchas más cosas en otras familias donde no hay las condiciones para la atención médica particular y hay un abandono médico que hace que el pronóstico de vida sea menor. No es sólo disputa por la propiedad, es por la vida”, advierte la titular de la CEDHBC.
Otros casos de abuso en el seno familiar consisten en hijos o familiares que retienen las tarjetas de pensión de las personas mayores y los llevan a vivir a residencias para personas mayores o, en casos aún peores, los abandonan en la calle.
Existen programas para personas mayores en el Sistema DIF Estatal y en los correspondientes a los cinco municipios, así como en la Secretaría de Salud y la Secretaría Desarrollo Social del Estado, “todos tienen la obligación, pero la pregunta debe ser en el sentido de quién coordina la política pública enfocada a que todos los esfuerzos de las instituciones den estas condiciones para que las personas mayores gocen de sus derechos humanos en igualdad de circunstancias que los demás”, concluye Melba Olvera.
DIF TIJUANA: DEL APOYO PSICOLÓGICO A LA ASISTENCIA LEGAL
En 2018, el Sistema DIF Tijuana atendió a 559 personas mayores, 334 mujeres y 225 hombres, entre programas recreativos, de asistencia legal y apoyo psicológico
En febrero del mismo año, la paramunicipal creó la Unidad Integral de Protección Familiar, en la cual la abogada Berenice Martínez ha trabajado en la orientación jurídica y asistencia de aquellas personas mayores que piden este servicio gratuito.
“Mayormente llegan a solicitar custodia de los nietos. Si tienen un conflicto familiar, envío citatorios a sus familiares para intentar solucionar el conflicto mediante la conciliación. También nos llegan casos de divorcios”, expone.
Sin embargo, algunas mujeres llegan con problemas de pareja, ya sea abuso físico o psicológico, e incluso casos en que los hijos se han apropiado de las casas de sus padres y viven de la pensión de éstos.
“Vienen a recibir orientación cuando vive su hijo en su casa, sin trabajar, entonces vienen a preguntar si pueden hacer algo. Les explicamos que incluso es un delito porque es una obligación del hijo proporcionarle los alimentos a sus padres cuando son personas mayores, así lo estipula el Artículo 235 del Código Penal de Baja California, de lo contrario hay una sanción de dos a cinco años de prisión”, añade la abogada.
Aunque esta información se les hace saber, muchos adultos mayores “no quieren denunciar porque se trata de sus hijos, entonces el problema es que no presentan la denuncia”.
Como padres -asegura Martínez- se sienten con la obligación de proporcionar vivienda o apoyar económicamente a sus hijos, aunque éstos ya sean mayores de edad.
VIOLENCIA FAMILIAR TAMBIÉN AFECTA A ADULTOS MAYORES
Ricardo Sánchez, jefe de la línea de apoyo 075 y orientación psicológica de DIF Municipal, afirma que de 2017 a 2018 se registró un aumento de llamadas de violencia familiar no sólo contra adultos mayores, también conyugal o infantil.
En el caso específico de adultos mayores, en 2017 fueron 107 llamadas y120 en 2018.
“Los propios afectados se comunican o vecinos que se dan cuenta que los adultos mayores están siendo violentados o no les dan el cuidado necesario”, detalla el psicólogo.
Cuando personal de DIF corrobora que efectivamente hay signos de violencia u omisión de cuidados, se comunican con la Policía Municipal para que los agentes intervengan en la situación.
En esa línea telefónica también se atienden reportes de adultos mayores en la calle o durmiendo en algún terreno solos o en la banqueta. Estos casos son canalizados a la Secretaría de Desarrollo Social y Unidades Municipales de Apoyo Social (UMA). Ellos atienden a la persona; si no tienen familiares, les consiguen un lugar dónde resguardarse.
“La mayoría de los vecinos detectan que los abuelitos se quejan. Se los topan en la calle y platicando con ellos, les dicen que son víctimas de violencia psicológica (les gritan) y violencia económica (los hijos cobran sus pensiones a través de las tarjetas). Escuchan gritos, que son maltratados”, narra el especialista.
Los adultos mayores viven en un estado de indefensión similar al de los niños, ya que algunos no pueden moverse por sí mismos, ni siquiera cobran sus propias pensiones y en algunos casos, no tienen ingresos propios, por lo que soportan malos tratos, violencia psicológica y desprecios dentro de su propia familia.
En caso de que sospecha de algún adulto mayor en situación de violencia, la ciudadanía puede comunicarse de forma anónima al número 075.
