Senadores aprueban la Guardia Nacional con mando civil y determinan la vuelta de militares a los cuarteles en un plazo de cinco años. Se elimina la propuesta de una Junta de Estado Mayor planteada en su minuta por diputados federales. Morena no quedó conforme con la manera en que nace el cuerpo especial de seguridad y buscará modificar en la Cámara de Diputados
Con el aval de todas las fuerzas políticas, en el Senado de la República se aprobó el dictamen que crea la Guardia Nacional, corporación que estará bajo el mando de un civil y se integrará como se había previsto, con Policía militar, Guardia naval y elementos de la Policía Federal, en lo que aparenta ser una institución policial más para el país. El documento será enviado a la Cámara de Diputados, donde el partido en el poder, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya expresó su inconformidad.
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Previo a su paso por el pleno, los senadores debatieron durante varias horas desde el miércoles 20 de febrero y alcanzaron un acuerdo para votar el dictamen la madrugada del jueves 21. Muy temprano los coordinadores de las fracciones parlamentarias salieron a dar una rueda de prensa para mostrar su conformidad.
De esa forma, se aprobó por unanimidad una iniciativa que tuvo 17 modificaciones de la minuta propuesta por los diputados, entre las que destacan un mando que será civil y estará adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). También se eliminó la Junta de Estado Mayor, la cual será sustituida por una coordinación interinstitucional.
Asimismo, se ratificó que la Guardia Nacional se integrará por miembros de las corporaciones antes señaladas y se establece un plazo máximo de cinco años para que los elementos militares regresen a sus cuarteles.
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Las entidades federativas podrán solicitar la presencia de este cuerpo de seguridad, as Fuerzas Armadas sólo acudirán en casos excepcionales y a petición de los gobiernos estatales. Se aprobó que los delitos cometidos por miembros de la Guardia serán juzgados en tribunales militares en caso que se trate de marinos y soldados; y de haber delitos cometidos por elementos de la Policía Federal, serán sometidos a sanciones de carácter civil.
Foto: /Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com
El decreto que crea la Guardia Nacional contempla ordenar a los gobiernos estatales la presentación de un diagnóstico y un plan de fortalecimiento de las corporaciones policíacas a un plazo de seis años. Estará sujeto a evaluación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuyos resultados serán considerados para el ajuste del mismo.
Al conocer los acuerdos del Senado, previo a la aprobación del decreto, el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, descalificó el acuerdo de voluntades de los legisladores de todos los partidos, ya que aseguró, prefiere el modelo aprobado en la Cámara de Diputados, el cual establecía una Policía militarizada, con Mando Mixto. “No tiene caso crear una institución que no sirva para combatir la violencia y la inseguridad del país”, dijo.
Horas antes, en su rueda de prensa matutina, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que el Ejército regrese a los cuarteles en cinco años porque espera funcione tras los cambios al dictamen, pero tampoco estuvo de acuerdo en los acuerdos de los legisladores de la Cámara alta.
Por su parte, los gobernadores de extracción panista se felicitaron por el acuerdo que todos los frentes políticos tuvieron en el Senado y coincidieron que con la inclusión de las propuestas de la oposición, la sociedad civil y expertos, México tendrá una Guardia Nacional apegada a los derechos humanos.
Grupos de la sociedad civil, entre éstos el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos, que integran once organizaciones sociales, criticaron el decreto de la Guardia Nacional. Estiman que lo establecido contradice los estándares internacionales que apuntan a que la seguridad de un país debe estar a cargo de autoridades civiles, y que la Guardia Nacional agravará la militarización de la seguridad en México. Tomaron como una “puntada” la mención de López Obrador de que será una corporación similar a la de los Cascos Azules de la Organización de las Naciones Unidas.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, lucía feliz al encabezar la rueda de prensa en vísperas de la votación. “Llegamos a un acuerdo por unanimidad, todos los grupos parlamentarios hemos acordado un proyecto modificado”, expresaría.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció que el nuevo cuerpo de seguridad operará dentro del marco constitucional: “Se logró la construcción de un consenso muy importante, consideramos en el grupo parlamentario del PRD que ha triunfado la razón sobre la emoción, que ha triunfado la razón sobre el impulso, se cuidó la construcción de una nueva Policía nacional que opere dentro del marco constitucional”.
Mientras que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Osorio Chong, refirió que habrá certidumbre jurídica al apoyo que prestan las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública, “una institución civil acorde a un Estado democrático de Derecho, que no está diseñado pensando en un gobierno, sino en un país. Destaco que a la par de lo anterior, este dictamen también otorga certidumbre jurídica, participación subsidiaria y temporal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Algo en cuya necesidad siempre insistimos”.
Dante Delgado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, detalló que con la Guardia Nacional se fortalecerán las policías estatales y municipales. Tendrá un esquema de inversión corresponsable entre los gobiernos Federal y estatal. Y aseguró que el Presidente de la República va a continuar como jefe máximo de la milicia: “Actuación temporal de las Fuerzas Armadas. El Presidente de la República dispondrá de cinco años de su ejercicio como jefe máximo de las Fuerzas Armadas, pero deberá hacerlo bajo parámetros de convencionalidad, es decir, normado, subordinado, complementario y fiscalizado. No se reforma el Artículo 13 Constitucional, de manera que no se prevé que los integrantes de la Guardia Nacional, al formar parte de una institución policial civil, sean sujetos de jurisdicción militar”.
El documento aprobado será enviado a la Cámara de Diputados. Una vez que se le dé paso en el Palacio de San Lázaro, los estados deberán ratificar la reforma para su promulgación.
