La situación en el Poder Judicial todavía no se regulariza en el tema financiero. A un mes de iniciado 2019, el Gobierno del Estado le sigue debiendo recurso y no parece tener fecha para regularizarse.
Es por ello que, pese a los múltiples anuncios de pago, el Poder Judicial aún reconoce adeudos por más de 7 millones de pesos a proveedores, de los cuales poco más de 5 millones se generaron durante las últimas semanas de 2018.
Entre los principales adeudos se encuentra el que tiene con la empresa Duplicación Digital SA de CV, mejor conocida como Konicentro, a la cual no le han pagado un millón 039 mil 643.31 pesos desde el 29 de noviembre del año pasado, fecha en que ofreció sus servicios.
Además de ello, en el tribunal también le deben a empresas como Proveedora Papelera Kino, 679 mil 777 pesos; a Teléfonos del Noroeste, 413 mil 842 pesos. De igual manera, falta cubrir pagos en favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos por 301 mil 832.41 pesos.
En total, entre todos los proveedores, el Poder Judicial mantiene compromisos de los últimos dos meses de 2018, por 5 millones 411 mil 430.82 pesos, a los que se suman 2 millones 472 mil 930 pesos que no se pagaron durante 2017.
Congreso fuera de la Ley
Si hay algo que no le importa a la actual Legislatura del Estado es violar la Ley. Desde 2017, el grupo denominado Mexicali Consciente envió al Congreso una propuesta ciudadana para la abrogación de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado.
Con todo y que las iniciativas ciudadanas tienen prioridad y no deben tardar más de dos meses en enviarse a Comisión, a los diputados no les apura discutir el tema. Ante esto, la agrupación ya interpuso dos amparos, los cuales pudieron retrasar con artilugios legaloides.
Aunque son conscientes que la mayoría panista desecharía la iniciativa en caso de llevarse al pleno del Congreso, la realidad es que los legisladores no quieren pagar el costo político que representaría hacerlo, por lo cual prefieren ignorarla.
Con relación
Juan Pablo Leyva, integrante del colectivo Mexicali Consciente, denunció a CachanillaZ lo ilegal y peligrosas que pueden ser las Asociaciones Público Privadas en Baja California.
Como ejemplo, señaló que en el caso de la desalinizadora Aguas de Rosarito, SAPI de CV, no cuenta con recursos para enfrentar una contingencia. Con acta constitutiva en mano, Leyva sostuvo que la empresa creada el 17 de agosto de 2016 cuenta con apenas un capital social de 100 mil pesos, conformado por 75 mil pesos de Nuwater, SAPI de CV y 25 mil correspondientes a NSC Agua, SA de CV.
Esto quiere decir que la empresa -con aval del Gobierno del Estado- tendrá que buscar los créditos, por lo que se encarece el servicio al tener que triangular recursos.
Alcalde en campaña
Luego de casi dos años de inactividad, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, se encuentra en “precampaña”, pues aumentó notoriamente su agenda de un evento por semana, a tres o cuatro por día, ahora que está registrado para la reelección en el Partido Acción Nacional, y la Ley lo obliga a renunciar hasta un día antes de la campaña política, la cual inicia el 15 de abril.
Esto no pasó desapercibido por la aspirante a la candidatura a la alcaldía de la Capital por el Partido de Baja California, Elvira Luna Pineda, quien pidió a su instituto político abrir una investigación por posibles actos anticipados de campaña. Mientras Gustavo Sánchez simplemente se niega a contestar ete tipo de acusaciones.
Pleito entre Alejandras
En Movimiento Regeneración Nacional apenas toman un poco de poder y los manotazos empiezan a darse sin piedad. Por lo menos esto ocurrió entre la senadora Alejandra León Gastélum y la regidora Alejandra Ang, pues al parecer, la primera es responsable de la zancadilla contra la segunda, al denunciarla -a través de personas ligadas a sus colaboradores- por la supuesta omisión a las cuotas del partido, lo cual complica su registro como precandidata a la diputación local que pretende.
Resulta que todo parece ser una vendetta de barrio originada por la también conocida como “Lady Champagne”, quien aprovechó sus recientes relaciones en Ciudad de México y Mexicali, dentro del partido, para que la querella interna procediera y se diera la sanción, misma que ya fue impugnada.
El motivo es todavía más absurdo, ya que cuando Alejandra Ang comenzó como regidora, tenía en la nómina a un hermano de Alejandra León, al cual decidió “correr” porque pasaba más tiempo en la grilla que en el trabajo municipal.
La remoción de Gustavo provocó molestias en el equipo de León Gastélum y en poco tiempo se dio la ofensiva a través de líderes de colonia y supuestos militantes de Morena, encabezados por una mujer llamada Ramona Rodríguez Guerrero -quien no aparece en el padrón digital del partido- e interpusieron la denuncia contra la edil ante la Comisión de Honor y Justicia.
Rodríguez presentó dos testigos identificados como integrantes de las brigadas de José Alfredo García, precandidato al Distrito 05 por Morena, quien no hace mucho presumía fotos con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el subsecretario Carlos Guillén, y de participar en las brigadas del diputado Sergio Tolento. Para variar, ambos son apadrinados por el ex diputado Marco Antonio Vizcarra.
