“No nos vamos a quedar cruzados de brazos, sino por el contrario, vamos a redoblar el esfuerzo, y vamos a trabajar fuertemente para lograr que disminuyan los índices de delincuencia en Baja California”, afirmó el secretario de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, ante las amenazas que ayer dejaron en una manta presuntos integrantes del Cártel Arellano Félix (CAF) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, resaltó la importancia de que el combate frontal a la delincuencia en Baja California se haga de manera coordinada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y sea en todos los frentes, “desde el militar y desde el policíaco, con inteligencia y con operatividad, y desde luego con un trabajo de investigación, la Procuraduría estatal y de la Fiscalía General”.
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El funcionario indicó que aproximadamente 500 efectivos ya se encuentran en el estado, y que irán incrementándose para llevar a cabo acciones que no sólo sean de puestos de revisión o retenes, sino también para realizar labores de inteligencia e investigación; sin embargo no estimó el tiempo para que dichas acciones den resultados en la disminución de los índices delictivos.
“Los resultados los vamos a ir midiendo y conforme se vaya presentando el comportamiento se van a ir haciendo los ajustes que correspondan” apuntó. Respecto a los hechos ocurridos en el hotel Lucerna de Ensenada, el funcionario comentó que la Procuraduría General de Justicia ya está haciendo las pesquisas, se están revisando los videos, no solamente del lugar sino de todo el entorno.
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“Es un trabajo que está en proceso, afortunadamente no hubo un hecho que lamentar, una vida qué lamentar, pero es un hecho que nos debe poner en alerta en cuanto a que el fortalecimiento del trabajo en conjunto de investigación y lograr, al final de cuentas, esclarecer estos hechos”.
Después de acudir a la Asamblea Anual 2019 de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), aludió a la reunión que sostuvieron esta mañana el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid y el subsecretario de Seguridad Pública Nacional, Leonel Cota Montaño, con el fin de fortalecer la coordinación entre fuerzas federales y estatales.
Dijo que el Gobierno del Estado planteó y emitió un posicionamiento a favor de que se modifique el Código Nacional de Procedimientos Penales que está en debate en el Congreso de la Unión, para que contemple el delito de portación de armas de fuego como un delito que amerite prisión preventiva, y “de una buena vez los delincuentes que son detenidos en Baja California, bajo este delito, no estén más en las calles”.
Otro punto que se revisó fue la lucha contra el robo de hidrocarburos a nivel nacional, con el fin de que en Baja California se fortalezcan las estrategias para que ese ilícito sea inhibido y erradicado del estado, añadió.
