Treinta personas que al cumplir 60 años de edad no completaron las semanas para jubilarse, interpusieron una demanda colectiva que resultó a su favor; días después de presentar el recurso legal, empleados de gobierno fueron a sus domicilios a ofrecerles apoyos a cambio de retirarlo
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Un juez federal falló a favor de nueve adultos mayores de 60 años de edad que reclamaron al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, su derecho a recibir pensión alimenticia.
La petición llegó en agosto de 2018 al delegado la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe) en Ensenada, Miguel León Bio, quien respondió de inmediato con una negativa.
“Antes de proceder al análisis de su solicitud, tengo a bien informarle que en estos momentos no existe disponibilidad presupuestal para poder otorgarle la pensión alimentaria a que refiere la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California”, fue la respuesta de la autoridad.
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Luego de ello, los “abuelitos” se agruparon y entablaron una demanda colectiva, resultando a su favor.
En el amparo 439/2018, el juez Noveno ordenó a Bio dejar sin efecto el oficio y ofrecer “respuesta, congruente, fundada y motivada al escrito presentado el siete de agosto relativo a la pensión alimentaria diaria”.
La cantidad mensual que concedió el juzgador fue por 2 mil 650 pesos mensuales, mil 375 pesos más que la pensión que otorgará el Gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar (antes de Desarrollo Social).
Congreso del Estado destinó dinero para pensiones
Conforme al Presupuesto de Ingresos aprobado por el Congreso del Estado para 2018, la Secretaría de Finanzas fijó un monto de 3 millones 153 mil pesos para “pensión de adultos mayores de Ensenada”.
En la zona rural se canalizaron 2 millones 102 mil pesos para “pensiones de adultos mayores en San Quintín”.
En total se presentaron treinta demandas de personas que al cumplir 60 años no completaron las 500 semanas (con la Ley de 1997) o mil 250 cotizaciones que exige el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para otorgar una pensión.
SOBORNOS A CAMBIO DE RETIRAR AMPAROS
Los beneficiados narraron a ZETA que días después de presentar el amparo, empleados de gobierno hicieron una visita a sus respectivos domicilios.
Cristian Colosio, subprocurador de Ensenada.
De entrada les comentaron que por parte de la dependencia se estaba gestionando ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado la ampliación de un techo financiero a razón del programa de pensión de personas adultas mayores, a fin de brindar una mayor cobertura para otorgar la pensión alimenticia a ciudadanos en situación de riesgo o desamparo.
Los demandantes revisaron los requisitos indispensables para tener acceso al beneficio, pero se sorprendieron al advertir que les ofrecían cantidades de mil y 2 mil pesos en una sola exhibición a cambio de retirar la demanda.
“Nos dijeron que de cualquier manera no íbamos a ganar la demanda, y, ‘aunque la ganen, no hay dinero para pagarles. Les conviene más aceptar el dinero’” y “Le podemos brindar alguno otro apoyo, el cual pueda servirle para atender sus necesidades alimentarias”, fue la propuesta que les hicieron a dos solicitantes.
Personal de la Sedesoe pidió detalles del amparo y se comprometió a dar información para aclarar la situación legal e informar de qué manera acatarían la orden del juez, sin embargo, al final negaron una respuesta.
GOBERNADOR DEBERÁ PAGAR
“Aunque sea de su bolsillo, pero no hay vuelta atrás, tienen que cumplir con la orden judicial”, advirtió Marisela Horta, una de las activistas que acompañó a los adultos durante el juicio que, junto con el abogado Julio García Ortiz, han encabezado otras demandas sociales en el municipio.
García solicitó a la autoridad federal el amparo y protección contra las omisiones del Estado. Explicó que el primer amparo colectivo lo conformó un grupo de treinta personas de Ensenada, el Juzgado Noveno los dividió y envió tres de los expedientes a los Juzgados Séptimo y Octavo. Hasta el momento se han resuelto nueve.
“La sentencia dicta que la autoridad tiene que atender la solicitud de los adultos mayores. De encontrar impedimento en cuanto a la falta de requisitos de la solicitud, se procederá a notificar al solicitante”, expuso, para agregar que por ningún motivo, el gobernador podrá negar la pensión por falta de presupuesto.
Sobre la cantidad de dinero que se entregará, aclaró que se calculó al dividir en dos el salario mínimo, cuyo resultado se multiplicó por treinta días.
“Al aumentar el salario, aumenta también la pensión”, resaltó el abogado, quien hace tiempo se enteró de una manifestación de adultos mayores de Tijuana, tal criterio del órgano de control constitucional irradia a favor de los más de veinte solicitantes que se presentaron ante Sedesoe. No podrán negarles la pensión por falta de recursos.
El abogado Julio César García.
En el caso de Ensenada, lo primero que hicieron fue lanzar una invitación abierta, a la que respondieron más de treinta personas para reclamar su derecho. Llenaron solicitudes, firmaron y fueron entregadas a la dependencia.
El abogado García Ortiz presentará otro amparo por omisión contra el Gobierno del Estado por no disponer en el presupuesto la construcción y apertura de asilos públicos, como lo dicta la propia Ley en el Artículo 17, fracción XII.
El reclamo fue por la omisión de no garantizar y reconocer los derechos de las personas adultas mayores, al no abarcar en el Presupuesto de Egresos fondos suficientes para su atención.
Además de los derechos humanos, enumeraron una docena de violaciones como a la seguridad social, pactos, protocolos, convenciones y declaraciones internacionales, así como los artículos 1, 4 y 123 de la Constitución Política de México.
APLAUDEN PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
Miguel Ángel Melgoza tiene 60 años de edad, es trabajador eventual y se le dificulta tener un ingreso fijo constante.
Ha dedicado la mayor parte de su vida a las ventas y ninguna de las empresas con las que laboró, le brindaron seguridad social.
“El problema es que trabajé un tiempo en unas que sí daban IMSS, pero ha sido imposible recibir pensión”, comentó.
Melgoza necesita dinero para cubrir necesidades básicas, como pago de servicios de agua, luz y préstamos para mejoras en su hogar.
“Quiero seguir trabajando, pero por el momento mis ingresos no alcanzan”, lamentó, para luego opinar que el recurso que recibirán los adultos mayores, “es un poco de lo mucho que hemos aportado al gobierno en impuestos”, concluyó quien en un principio no confió en que el amparo se resolviera a su favor, sin embargo, “triunfó la justicia”.
Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California
Artículo 9.- Las personas adultas mayores residentes en el Estado de Baja California, que no reciban ningún tipo de ingreso permanente por concepto de remuneración, jubilación, pensión o dividendos producto de inversión, tienen derecho a recibir una pensión.
Artículo 4.- El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos deberán prever, en su Proyecto de Presupuesto de Egresos, los recursos necesarios para la atención integral de las personas adultas mayores.
LA LUCHA CONTRA EL MAL GOBIERNO
Antes de recurrir a la denuncia, Martha Horta vio otras opciones de programas en el Gobierno del Estado y DIF Municipal. Fue difícil porque en todos la calificaron, y en la mayoría no aprobó porque se da prioridad a madres solteras.
“A veces limpio casas, me dan trabajo con la familia aseando un hotel, voy a San Antonio de las Minas en los restaurantes y hasta vendo tortillas de harina”, compartió con este Semanario sobre sus actividades laborales.
Aunque tiene oportunidad de alcanzar una pensión en el IMSS, si realiza aportaciones económicas a su cuenta, “lo poquito que gano, no me alcanza para hacerlas”.
Lo mismo sucede con la señora La señora Leovigilda Francisco Silva Zurita, quien no
tiene estudios profesionales ni seguridad social, por lo que solicitó al gobernador una pensión alimenticia de conformidad con la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultos Mayores en el Estado de Baja California; y con Anatolio García Toribio, de oficio albañil y padre de una joven con discapacidad, por citar un par de ejemplos.
Para retirar el amparo contra el Gobierno del Estado, a Martha le ofrecieron cartón impermeable para techo y pintura para su casa, pero rechazó la propuesta y se aventuró a seguir con la demanda.
“Si se lograba, iba a estar muy feliz, si no, pues la lucha le hice”, concluyó sonriente.
