Amenazas, falta de recursos económicos, y
hasta una denuncia por abuso de autoridad
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y discriminación obligan a cuestionar el
desempeño del encargado de despacho de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
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Juan Bautista Moyrón. Sigue sin esclarecerse
la autoría material del asesinato de Silvestre
de la Toba
El pasado lunes el Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) acudió a la institución a solicitar la separación temporal del encargado de despacho, Juan Bautista Moyrón, notificaron que entregarían la solicitud firmada por tres de los cuatro consejeros.
Lo anterior se deriva de un proceso judicial en el que está sujeto bajo el expediente LPZ/94/2019/NUC por la presunción del delito Abuso de Autoridad y Uso Ilegal de la Fuerza Pública, así también al propio Encargado de Administración Julio Guzmán Cota. Dicha notificación causó molestia en el encargado de despacho y se negó a recibir tal documento, ni siquiera firmar, incluso arremetió en su molestia contra el propio personal.
La denuncia por abuso de los derechos humanos, por el propio encargado de despacho de la Comisión de Derechos, la interpuso un empleado de la institución por degradarlo de la noche a la mañana de Visitador General a Auxiliar, además de mandarlo a otra ciudad por supuesta necesidad.
Quien también evidenció su molestia fue el Administrador de la Comisión, Julio Guzmán Cota, mientras dentro del lugar participaban las consejeras de la institución, hizo comentarios burlescos, se reía sarcásticamente y habló a espaldas de lo que se decía al interior, es decir, violentó los derechos humanos al burlarse de las Consejeras, que además son mujeres.
Mientras la Consejera, Cristina Ortuño dirigía unas palabras al personal, “nosotros no estamos para complicar, tampoco para resolver pero sí apoyar”, la burla del administrador se escuchó con un “se nota” y seguido de una risa.
Molesto el encargado, respondió que el Consejo no tiene atribuciones.
Una queja por abuso en el interior de un penal, una comandancia o un centro de rehabilitación, equivale a mensajes y llamadas amenazantes en contra del personal de la Comisión, amenazas que dejan en incertidumbre a las familias
“La Ley no les faculta para tal cosa, yo les puedo consultar ciertos temas, en este caso necesitábamos de ya, no podíamos tener allá sólo, con una sola persona, entonces vamos a evaluar si el licenciado es institucional de verdad y cumple su encomienda. Pues habremos de responder que actuamos de manera institucional verdad, por la necesidad que existe en la Comisión de contar con mayor personal en el municipio de Los Cabos”, dijo Bautista a ZETA.
Sin embargo, la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, publicada el 31 de octubre del 2017 en el Boletín oficial del estado, señala en su Artículo 22, que:
“El Presidente (o encargado) tendrá las facultades y obligaciones”, según marca el la Fracción XXIII, “Proponer al Consejo la creación, supresión o reorganización de las áreas administrativas de la Comisión acorde a las necesidades y capacidades presupuestarias”.
Según la Ley, el Presidente propone y el Consejo aprueba, entonces la Ley sí contempla atribuciones y de ejecución.
“Ellos pueden decir, hago una recomendación en esta partida, consideramos que es excesivo que se eleve a esta partida tanto, y eso es parte de su opinión, su análisis igual, su título es a la hora de analizar, es momento de tomar en consideración, no lo obliga al Presidente o el encargado a obedecer lo que el Consejo dice, y a final de cuentas es una opinión”, consideró el Encargado de Despacho de la CEDH.
El capítulo tercero de la Ley, considera las atribuciones del Consejo en su Artículo 27, atribuye al Consejo para:
Hacer observaciones.
Aprobar el plan anual de trabajo.
Analizar y evaluar el informe mensual del titular.
Aprobar el presupuesto anual.
Acceder a la información estadística, financiera y administrativa.
“Actualmente la Ley no dice que sean ejecutivos, no toman decisiones, desafortunadamente el Consejo no toma decisiones, nada más recomienda, opina, sobre la buena marcha de la institución”, reiteró Juan Bautista.
La Ley establece en su Artículo 29, que: “para que una solicitud por parte del Consejo al titular de la Comisión sea válida, deberá ser respaldada por tres de los cinco consejeros”.
La solicitud para separar del cargo al Encargado fue hecha por tres consejeros, el titular desconoció al Consejo y la determinación, además no acató lo que dicta la Ley.
Juan Bautista desconoce al Consejo de la Comisión, y fue el propio Consejo quien lo puso en la silla de Presidencia, gracias a que un Juez Federal le dio la razón al Consejo, cuando lo eligió como encargado de despacho, bajo el Amparo 489/2018, con el que quitaron a Lizbeth Collins Collins. Es decir, el Consejo ejecutó sus atribuciones para colocarlo como encargado de despacho, y ahora viene a decir que el Consejo no existe, tal como repitió lo que dijo al oído el Administrador Julio Guzmán Cota.
Peligro al revisar centros de rehabilitación
“Es una incertidumbre que los compañeros vayan a atender a un centro de rehabilitación, de los CRREAD, tiro por viaje que llegan con incertidumbre, los amenazan cada vez que entran y que no tienen nada que hacer. Hay fibras muy sensibles ahí dentro, son muchos los intereses que se mueven y el personal sólo busca defender a las personas, pero a ellos ¿Quién los defiende? Nadie, están solos, ni siquiera los superiores en la Comisión hacen algo por ellos”, reveló el pasado miércoles 9 de enero uno de los empleados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, el cual por miedo a represalias pidió anonimato.
Una severa crisis surge al interior de la Comisión, desde aquel fatídico 20 de noviembre de 2017, en que fuera privado de la vida el Ombudsman, Silvestre de la Toba Camacho y su hijo, así como resultaron heridas su esposa e hija, se ha venido derrumbando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no hay quien pueda llevar el timón del barco a buen rumbo.
Incluso desde que estaba el mismo Silvestre, “ya era sabido por él los graves problemas que se pasaba, sobre todo en las áreas fuera del municipio de La Paz, ya había una promesa de cumplir al cierre de año y principios de 2018, pero todo el apoyo tuvo que esperar tras su asesinato”, informó el personal.
Una queja por abuso en el interior de un penal, una comandancia o un centro de rehabilitación, equivale a mensajes y llamadas amenazantes en contra del personal de la Comisión, amenazas que dejan en incertidumbre a las familias
Desde ese momento, la incertidumbre se apoderó de cada miembro de la Comisión, la susceptibilidad estuvo presente desde que alzaron un poco la voz los denunciados, de tal suerte, mala para los Visitadores, Secretario y área de quejas por ejemplo, que los encargados de los Centros de Rehabilitación usaron el temor a su favor para limitar las visitas de parte de la CEDH.
“Entran los compañeros a verificar por instrucciones desde Presidencia, sin acompañamiento ni nada, así se instruye y si no se acata se sanciona, se le manda a inspeccionar el CRREAD y así se mete, una vez dentro, con permiso del mismo personal del centro, llama directamente el líder de los Centros y exige que salga, amenazan al miembro de la Comisión y ahora dime, quién ha visto por él, está todo temeroso por los hechos”, externó el denunciante.
Y así es, no hay ese respaldo que debería de tener quienes luchan institucionalmente por los derechos de las personas, pareciera que la silla está maldita y nadie ve por quienes arriesgan todos los días su vida.
“A los encargados de los centros no les gusta que entre nuestro personal a revisar, porque ahí dentro no se realizan los procedimientos adecuados, porque para controlar a una persona adicta, ellos aplican procedimientos a como Dios les dio a entender, los amarran, los golpean, los torturan, los hacen llegar al límite para que dejen la adicción”, lamentó personal de la Comisión.
Pero hay serias sospechas, de que lo que por fuera se ve, no es del todo lo que realmente sucede. Hay investigaciones policiales que han llegado a la conclusión que en esos centros hay personas vinculadas a la delincuencia organizada, hay personas que se están escondiendo porque deben cuentas a delincuentes.
Y desde luego que eso pone en riesgo al resto de la población, también es importante conocer cómo son los medios de selección tanto de internos como del personal que atiende; saben que tuvo un oscuro pasado con la droga, pero algunos, quizá, también tuvieron encuentros desagradables con el bajo mundo.
“Yo siento que uno de los temores que tienen los que controlan los Centros de Rehabilitación, reside principalmente en que las personas que recluyen no son lo que creemos. Hay operaciones dentro que no son muy legales, pero aquí no se puede decir, nosotros no investigamos delitos, investigamos abusos y éstos se pueden evitar si se realizan los debidos procedimientos”, pero no ocurre así, se violan todos los derechos habidos y por haber.
Con base a su experiencia, el personal de la CEDH y denunciantes ante ZETA, expresaron las dificultades a la que a diario están expuestos, para algunos es más sencillo rezar antes de entrar que preparar su equipo, entran solitariamente, ni Policías ni instituciones, sólo una persona y muchas veces “hemos pensado en que nos van a levantar, que nos van a desaparecer o nos van a torturar”, con esa incertidumbre entran.
“Por parte de los centros de rehabilitación que también han sido amenazados por estos mismos encargados de estos centros, porque tampoco les interesa que entre o que entren acompañados de la Comisión. La Comisión hace revisión del lugar, del tratamiento que se les da y el trato, y la verdad, sabemos que es difícil tratar a un enfermo de drogadicción, pero también ellos tienen derecho”, expresó otro de los denunciantes.
En indefensión
Defender los derechos humanos es prácticamente una labor altruista para el personal de la Comisión, hay miembros que apenas perciben un sueldo de 3 mil 200 pesos quincenales, y ellos son los que atienden a presuntos delincuentes que acaban de ser víctimas de abuso de poder.
“Incluso hay el registro de uno de la institución que fue amenazado con cuchillo en mano, el quejoso llegó molesto porque habían abusado de él Policías Municipales, y cuál fue su sorpresa, que nosotros emitimos una recomendación, eso se le dijo, nosotros no sancionamos, no despedimos, y eso era lo que quería, no conforme, amenazó con cuchillo y pues ya sabrás el miedo, el que el compañero no pudiera dormir, terapia, y todo costeado de su bolsa, porque aquí no hay apoyo”, lanzó.
El caminito es el mismo, saben que actuar conforme a derecho, así sea la autoridad que sea, incluso contra el propio Ejército en las lejanías de la sierra, de los ranchos agrícolas, Bahía Tortugas, Vizcaíno, La Bocana, Guerrero Negro y hasta San Ignacio, mientras más esfuerzo ponga el personal, es más dura la pedrada de regreso.
Cuando hay una denuncia por un legítimo abuso, las cosas suelen ponerse tensas, ingresar a los separos, subirse a la patrulla o acudir hasta el domicilio donde se encuentra, incluso el Cereso, implica riesgos.
“Lo que nos cuentan los compañeros es que, apenas acaban de recibir una queja y ya saben que van a tener problemas, sobre todo cuando se trata de violaciones a los derechos por abuso de autoridad, tortura; saben que una queja así trae visitas a tu domicilio, visitas no programadas. A veces se han quedado tirados a mitad de la nada y los únicos cerca son los mismos agentes, que te ven y no se acercan, pero sí intimidan, no somos sus enemigos, los dos buscamos el bien, pero a veces eso no lo entienden o no les conviene”, comentó uno de los denunciantes.
En la zona norte, los casos por violación a los derechos humanos son comunes, allá no hay Ley, sólo la que imponen los uniformados y los malandros, quien se ponga entre ellos es enemigo, y normalmente cuando hay un reclamo por violaciones, está el personal de la Comisión.
Julio César Guzmán Cota, encargado de Administración de la CEDH estuvo burlándose
de las Consejeras mientras hablaban con el personal, pertenece a una institución que
defiende los Derechos Humanos y él mismo los viola
“Uno de los informes que han presentado ante la Comisión fue el de un joven que recién detuvo la Procuraduría, recordarás este joven que amarraron en la zona norte, y que casi lo linchaban, pues resulta que varios compañeros fueron testigos, todo fue bien en el asunto, pero de que se enteraron, que cuando le libran las órdenes de aprehensión, fue presentado ante el juez y lo mandaron al Cereso en Santa Rosalía y antes de llegar se paran y lo torturan. Para qué hacer eso pues, es sólo demostrar el poder y control que tienen de todo”, señaló el miembro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Los abusos están “justificados” para ellos, es la vieja práctica para obtener información, pero el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es garantista, que protege los derechos humanos y a las personas de cualquier abuso, pero no a los defensores de derechos humanos, que padecen por ayudar.
“Lamentablemente hay varios informes que dan los compañeros, en mencionan a elementos de la fuerza pública municipal, estatal, ministerial, militar y federal que están coludidos con malandros, como ellos le dicen, el problema es que se supone que están entrenados y no deben abusar de los detenidos, no puedan abusar de sus insignias y del uniforme, pero lo hacen y es ahí cuando nosotros entramos. El detalle es que esos informes están ahí y los superiores no hacen nada, nadie ve por nosotros”, denunció.
Se han ganado apodos “brillantes”, y va a continuar creciendo el número de apodos, y todo porque no hay quien meta las manos al fuego por ellos.
“Nos dicen los destruye-casos, libera-malandros y estropea-investigaciones, pues como no vamos a intervenir, para eso hay procedimientos, nosotros estamos para ver por la sociedad, ellos también y por eso deben utilizar los protocolos, para ello los capacitan, pero no, es más fácil violar las leyes, a fin y al cabo ellos las hacen valer, ellos son la ley, pero no se ponen en nuestro lugar, nosotros hacemos también nuestro trabajo y lo hacemos bien, ellos no lo están haciendo de la manera correcta”, dijo el denunciante.
Pero como bien dicen, si no estás con ellos, estás en su contra, y así lo han tomado las corporaciones de seguridad, en lugar de hacer y aplicar bien los procedimientos, prefieren utilizar la fuerza para conseguir su cometido.
“Las instituciones de seguridad, al menos que se han atrevido a abusar de los derechos de las personas, son corruptas, y no se puede hacer una recomendación, mucho menos hablar con ellos, porque para ellos estás en su contra, y no es así, nosotros no usamos armas, y estamos envueltos en el peligro, entramos donde hay violencia, a veces somos uno contra 15, 20 o 50 elementos, quién nos protege, nadie, sin apoyo económico y moral, estamos a nuestra suerte”, lamentó el personal de la CEDH.
Las amenazas no cesan, apenas pasaron unas semanas de que se emitiera una recomendación contra una institución policiaca, y los elementos ya metieron miedo.
Según el denunciante, apenas hace unos días se recibió el llamado de alerta de una posible amenaza, no ha sido atendido, las recomendaciones son las mismas: manéjalo con cuidado, haz tu trabajo y no mires más allá de lo que te toca.
“La gente viene a que les ayudemos, nos metemos en problemas por ellos, salimos en su ‘rescate’ o por lo menos alguien que vea por ellos. El detalle es cuando te topas a malos elementos, ahí no hay nada que hacer, sólo estar expensos a llamadas de amenaza, que pasen a casa y te hagan daños. A veces ves las unidades de policía estacionadas afuera de casa a todas horas y es cuando piensas en tu familia y la verdad a rezar, pero nos mueve el deseo de ayudar”, remató.
Trato inhumano al personal
“No tiene sentido defender a las personas, los defendemos de servidores públicos y parece que nosotros ofendemos a los servidores públicos, porque todas las represalias son en contra nuestra. Un caso registrado y documentado, le destruyeron un carro personal, no de la Comisión, de uso particular, y todo por defender a los ciudadanos, emitir una recomendación es ir en su contra, el carro quedó sin cristales, le dejaron caer piedras encima”
Con la cooperación de una agencia de investigación de Baja California Sur, ZETA pudo acceder a una denuncia peculiar, un atentado contra un defensor de los derechos humanos en el estado, omitiendo particularidades del caso porque sigue en judicialización, así como manteniendo el anonimato para proteger a la víctima.
Según la investigación y el expediente que obra del asunto, tras recibirse una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la que se advierte abuso de autoridad, tortura y discriminación, esto derivado de una corporación al realizar una detención y la obtención de la información no fue la adecuada.
El elemento de la CEDH realizó su trabajo de defensa del ofendido, tras una serie de investigaciones, daños, se llegó a la conclusión que los elementos utilizaron fuerza desmedida, por tal motivo se emitió una recomendación por parte de la Comisión hacia el cuerpo policiaco que abusó de la víctima, haciéndola llegar a los superiores y señalando a los elementos de seguridad.
“Eso no se puede hacer, lamentablemente esos elementos estaban o están vinculados con la delincuencia organizada, qué pasa ahí, pues que desde luego órdenes de arriba piden atentar contra quien metió las manos, en este caso la CEDH, tras la recomendación, en lugar de que haya represalias en contra de quien las denunció, hombres armados visitaron el domicilio particular del personal de la Comisión de los Derechos, lo amenazan y destruyen su auto”, refiere el agente de investigación de la Procuraduría General de Justicia en Baja California Sur.
Se ha visto que los propios elementos de seguridad son quienes agreden al personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, “incluso cuando tú vas en representación de la CEDH ves el odio con que te ven, he recibido comentarios de amigos y cercanos en instituciones policiacas, que no nos acerquemos a sus compañeros, porque nos ven como rivales, como si nosotros estuviéramos en contra de ellos”, refiere la fuente consultada de la Comisión.
Exigen el trabajo al personal como si ganaran millones, la nueva instrucción de parte del encargado de la Administración y el propio encargado de Presidencia, es que los meses atrasados de vales de gasolina al personal adscrito fuera de la capital. Esos vales ya no existen, entre 25 y 37 mil pesos mensuales no son para el personal, a partir de ya deberán elaborar y presentar trabajo, para que a partir de febrero quizás sean tomados en cuenta en la repartición de vales de gasolina, mil 500 para cada sala regional.
Viáticos sólo se utilizaron de enero a abril del 2018 o al menos son los únicos registrados, la CEDH, según el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos 2018 del primero de enero al 30 de septiembre, gastó un promedio de 26 mil 147 pesos en viáticos, sólo hay registro de 4 meses en que se viajó. Si se dividen los 235 mil 330 pesos que se gastaron en viáticos en los 28 registros, quiere decir que cada traslado o viaje, costó arriba de 8 mil 400 pesos.
El registro quizá son muy elevados para nueve viajes a Los Cabos, siete a Comondú, cuatro traslados en la misma ciudad, tres a Loreto, dos a Mulegé, un viaje a Tijuana, Baja California y dos viajes a la Ciudad de México. Y al personal, cuando se traslada por ejemplo desde Guerrero Negro, que son más de 12 horas hasta La Paz, les dan de viáticos sólo mil 100 pesos para ida y vuelta, sólo el camión cuesta mil 700 de ida, más la vuelta, hospedaje y comida, servidores públicos de la CEDH en altos puestos, están gozando de jugosos viáticos, mientras el personal operativo sufre pagando sus gastos.
Inspecciones para cómo mantienen a las personas, han evidenciado el trato indigno en que viven algunas personas en Baja California Sur
“Temo que por darte esta información sea yo quien pierda mi empleo, pero lo hago por nuestros compañeros, cómo van a arriesgar su vida por míseros 5 mil pesos, ni siquiera para la gasolina les dan para que hagan las diligencias, ni carros oficiales. Ellos también están amenazados por el superior, están atados de manos, son víctimas de la violación a sus derechos laborales y humanos, y ellos no tienen a quién denunciarlo, porque les va peor”, compartió la triste realidad del personal.
Pero hay algo aún peor, mientras personal carece de auto institucional, de vales de gasolina, mensualmente, según el registro, la Comisión cuenta con una partida de 330 mil pesos en los nueve meses que hay de registro, es decir, más de 36 mil pesos mensuales, mientras al personal foráneo les niegan la gasolina, 79 mil pesos fueron regresados porque no se ocuparon.
El personal a veces recibe mil 500 mensuales de gasolina, al menos cada área operativa, pero ellos son los últimos en contemplarse, cuando debería ser al revés, mientras altos funcionarios en La Paz, gozan de gasolina a diestra y siniestra.
“El reporte que han dado a superiores demuestra que operan sin viáticos, ni vales de gasolina, sin carros, en oficinas que han conseguido con el municipio o que alguien donó el lugar, situaciones deplorables en las que laboran y de aquí para allá no hay nada, desde administración y presidencia ha sido nula la ayuda, que hasta febrero los van a ayudar, pero me pregunto: ¿Y qué van a hacer con todas las personas que se presenten a hacer una queja? Seguramente les van a decir que regresen en febrero para tomarles la queja”, denunció con total impotencia.
Según el encargado de despacho, Juan Bautista dijo a ZETA que “se va a atender la zona norte, hemos tenido conocimiento de algunas necesidades, conocemos las necesidades y desde luego que vamos a darle seguimiento, pronto iremos a recorrer la zona”.
El detalle reside en que, las promesas son sólo eso, promesas, y seguramente habrá omisiones y falta de atención, todo porque a nadie le interesa el personal, todos ven por su bien, en Administración, en Presidencia, pero quien trae el trabajo está en abandono.
“Nunca nadie se ha preguntado cómo se siente un psicólogo, un visitador, un despachador de quejas, vaya, hasta quien sólo dirige a las personas al lugar correcto, hay compañeros que llevan terapia y la Comisión no se las paga. Tienen que hacerlo y con sus irrisorios sueldos, no hay la atención debida y el trabajo aun así se saca de la mejor manera. Las condiciones de trabajo en los cinco municipios son de lo peor, pero gracias a Dios hay gente que valora ayudar a la gente y por eso siguen en pie. Mientras en los puestos grandes sólo se reparten la lana, los de abajo, los que la mantenemos a flote estamos jodidos”, apuntó el denunciante.
El encargado de despacho desconoce muchos problemas, no porque sea nuevo en Presidencia, porque anteriormente ocupaba un puesto en quejas y después visitador general, sino que más bien es poco el interés.
En más de 12 años, algunas hasta con 15 años de servicio, el sueldo siempre ha sido el mismo, y por el contrario el encargado de despacho buscó la manera de poder ganar los 83 mil pesos mensuales que gana el titular de Presidencia, sin dar aviso ni siquiera al Consejo, el personal de quejas gana cinco mil 100 quincenales, y ellos viven el día hasta con amenazas.
“Es lamentable que, para que los compañeros desistan de seguir con una recomendación o darle seguimiento a una queja, tengan que atentar contra sus cercanos, su propiedad y tengan que vivir con incertidumbre. No ganan mucha cosa, no viven como reyes y no están armados, no representan un riesgo, y hay gente en las corporaciones de seguridad que se ha empeñado en detener la labor altruista de la Comisión, personas que no tienen escrúpulos, mucho menos sentimientos al abusar de la gente. Ellos requieren correctivos de cárcel y siguen ejerciendo con uniforme, arma, sueldo y en algunos casos con sueldo de malandro, eso no es leal y es abusivo”, agregó la denuncia.
Queda claro que desde la muerte de Silvestre de la Toba Camacho a manos de la delincuencia organizada, el personal teme por su vida, y los encargados de despacho y administradores, sólo ven por sí mismos, todos conocen las necesidades del personal, pues a diario reciben llamados por necesidades, el detalle es que no hay atención.
El caso del homicidio del Ombudsman Sudcaliforniano no tiene respuesta, al igual que las denuncias del personal de la Comisión debido a la desatención, además de la violación a sus derechos constantemente de parte del actual encargado de despacho.
