Ni los bajacalifornianos, ni los tijuanenses, están para negligencias y apatías. Menos para berrinches de los titulares de los poderes ejecutivos y cuanto menos en el tema de inseguridad.
Ahora resulta que el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, creen que están en la posición de “no mostrar interés” en asistir a las mesas de Pacificación, figura creada por el nuevo Gobierno de México para suplir los grupos de Coordinación, encargados de la estrategia para combatir la inseguridad.
Los dos panistas gobernantes quieren dinero, pero no participar en las mesas de Coordinaciones Territoriales, donde uno de los objetivos es “instrumentar una política de seguridad incluyente, que ponga como primer objetivo la reconciliación nacional. Éstas Coordinaciones serán la herramienta de interlocución inmediata con la ciudadanía, y nos permitirán diagnosticar la problemática social que perciben los ciudadanos. Éste diagnóstico nos permitirá emprender acciones preventivas y reconstruir el tejido social a través del fortalecimiento de la convivencia democrática, pacífica y ordenada”.
Así se lee en el Manual de Coordinaciones Territoriales para la Construcción de la Paz, remitido a los integrantes de las diferentes mesas del Grupo Coordinación o Consejos Estatales y Municipales de Seguridad, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual especifican, guiará los esfuerzos conjuntos para “salvaguardar la seguridad e integridad del país”.
Del 1 al 12 de diciembre se realizaron tres mesas de Pacificación estatales y nueve municipales, pero ninguna ha sido atendida por “Kiko” el gobernador, o por “El Patas” el alcalde. Así lo informó ante periodistas en Tijuana el delegado estatal del Gobierno de México y senador con licencia, Jaime Bonilla Valdez.
Aunque el funcionario federal no lo dijo, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, tampoco ha asistido, y la presencia de la alcaldesa de Rosarito, Mirna Rincón, hasta ahora ha sido más ocasional que permanente.
Además, resulta que a la antepenúltima de estas reuniones estatales, llegó como cosa perdida el secretario general del Estado, Francisco Rueda Gómez. Los asistentes aseguran que hubo un ríspido intercambio de palabras entre el funcionario estatal y Bonilla, y pocos minutos después, el secretario de Gobierno abandonó la reunión mientras el resto de los funcionarios observaban sorprendidos.
Lo que incomodó a Rueda, responsable de manejar la política estatal, fue que el delegado federal cuestionara la ausencia del gobernador a una mesa en la que Vega de Lamadrid es, de acuerdo al manual y protocolo establecido, el convocante y responsable de estas reuniones de seguridad.
El mismo que instruye que así como el Presidente convoca y encabeza la mesa nacional, los alcaldes deberán hacer lo propio en las municipales, al igual que el gobernador en el Estado.
Además de Vega, los asistentes obligados son el secretario general, el ocupante de la procuraduría estatal, los comandantes de las zonas militares y naval, el delegado federal y representantes de la Procuraduría General de la República, Policía Federal y Policía Estatal Preventiva. Como invitados también se debe convocar a representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Desarrollo Integral de la Familia y Desarrollo Social.
Pero desde el Gobierno del Estado, lo que han hecho es enviar a funcionarios de cargos menores y nombres desconocidos a las reuniones de seguridad. Incluso en los encuentros municipales han tenido más suerte, porque mínimo se han presentado los subprocuradores de Justicia.
Cierto, Francisco Vega de Lamadrid dejó claro que forma parte del grupo de gobernadores y alcaldes panistas que se oponen al empoderamiento de los súper delegados federales, por considerar que es un movimiento con fines electorales, pero la gravedad en materia de seguridad que se vive en Baja California, debe ser el incentivo necesario para que acuda y cumpla con su papel de coordinador del área para la elaboración de estrategias coordinadas.
No cumplir con su obligación de coordinar esas mesas, significa que tanto Francisco Vega como Juan Manuel Gastélum, están padeciendo lo mismo que han denunciado: politizando el tema, además no cualquier fenómeno, sino el de la inseguridad y la violencia.
Abandonar la coordinación por la seguridad cuando son los responsables constitucionales, resulta no sólo en indignación de los gobernados, también demuestra la falta de compromiso de los panistas para combatir la inseguridad, pues ante la negativa a acudir a las reuniones, tampoco están realizando las propias.
Incumplir la obligación de informar de primera mano a la Federación de la situación de la entidad federativa, resulta contradictorio a las declaraciones recientes de ambos gobiernos locales, en el sentido que requieren del apoyo federal para combatir la inseguridad. Es decir, quieren ayuda sin participar.
Si lo que los panistas quieren es combatir lo que consideran voracidad electorera de los delegados de Movimiento Regeneración Nacional, defender la soberanía y contrarrestar el poder político que se les está dando a los súper delegados, están en todo su derecho, pero pueden y deben seguir los canales legales.
Porque la seguridad en Baja California no está para aguantar arrebatos ni protagonismo, el gobierno de Francisco Vega suma más de 8 mil 200 asesinatos violentos en lo que va del sexenio, casi 3 mil en el presente año (2 mil 982), mientras Tijuana acumula 2 mil 376 ejecuciones hasta el 12 de diciembre de 2018.
En este clima de violencia e inseguridad, lo que no les está permitido ni al gobernador ni a los alcaldes, ni al coordinador federal, es politizar el tema. Tampoco evadirlo.
