Por orden de un juez, se expidió el título del predio que perteneció al escritor y periodista José León Toscano, una de las pocas propiedades que han logrado desincorporarse del Ejido Esteban Cantú. La ex funcionaria federal Rosario Robles Berlanga y Román Guillermo Meyer, podrían enfrentar un juicio legal por el delito de desacato, mientras comerciantes de la zona quieren ser escuchados por la autoridad, pues siguen con problemas legales
Días antes del cambio de Gobierno Federal, la ex secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, tituló más de 68 hectáreas en el predio La Bufadora, en favor de la heredera del escritor y periodista de Ensenada, José León Toscano.
Luego de 53 años de residir en La Bufadora, el Tribunal Agrario Unitario del Distrito 45, bajo el número de expediente 90570/100, cumplió la orden de un juez y se convirtieron en uno de los pocos predios que posee certidumbre legal en esa zona.
De acuerdo con el plano, los familiares tendrán la propiedad colindante con el Ejido Esteban Cantú y con un área marítimo federal, a unos metros del géiser marino.
“En este sentido el 7 de noviembre pasado, la Sedatu le envió al Tribunal Unitario Agrario 45, a través del Servicio Postal Mexicano (MexPost), la documentación que acredita el cumplimiento de la sentencia que obliga a expedir la titulación del predio referido a favor de Ana María Velasco Aguirre”, se establece.
El predio es colindante con la zona de comerciantes, quienes se ubican en un área pública y no han podido resolver el problema legal que enfrentan contra integrantes del Ejido Esteban Cantú.
La Bufadora es el destino turístico más visitado de Baja California, y por encontrarse rodeada de un área ejidal, han incrementado los pleitos legales por la posesión de la tierra y por los derechos de vía.
VAN CONTRA LA SEDATU
Por otro lado, tanto la ex funcionaria federal Rosario Robles Berlanga como el actual titular, Román Guillermo Meyer, podrían enfrentar un juicio legal por el delito de desacato en la titulación en la zona.
Carlos Duarte Pedrote, abogado de la familia Ramírez Ramírez, asegura que la dependencia omitió cumplir con una sentencia definitiva que le instruía firmar y expedir título de propiedad a favor de sus representados.
Se trata de un terreno de 80 hectáreas que poseen desde 1980 en el poblado de Maneadero y que por desobediencia, Robles Berlanga no acató la orden del juez.
En palabras del abogado, la Sedatu perdió todos los juicios y recursos legales con los que pretende negar el derecho a sus representados de recibir el título de propiedad y, por lo tanto, han decidido ir por la vía penal, y subrayó, la familia sólo quiere certeza jurídica sobre el predio que poseen desde hace casi 40 años.
BUSCAN QUE LA BUFADORA SEA PROTEGIDA
La única manera de rescatar la zona de La Bufadora, en el Ejido Esteban Cantú en Ensenada, es que el Gobierno de México decrete la zona como Monumento Natural Protegido.
Han pasado cinco años de que el Gobierno Federal, a través de la fuerza pública, intentó desalojar a los comerciantes de la zona, en cumplimiento a fallo judicial.
El abogado de cien locatarios, José Julio Santibáñez, afirma que en apariencia todo está en calma, ya que hay una suspensión para no ejecutar el fallo.
“La zona es de la ciudad, pertenece a la comunidad y no puede ser materia de apropiación particular, sino que se puede hacer un desarrollo donde los alrededores sean beneficiados, con un escenario natural único en el mundo”.
Agregó que familias en Ensenada han ganado litigios al Ejido Esteban Cantú, como los Villarino y León Toscano, quienes pudieron demostrar que el ejido en cuestión, no llega hasta sus linderos.
SIGUE PLEITO POR ZONA COMERCIAL
Simultáneamente, el Ayuntamiento de Ensenada promovió en 2014 un incidente iluminado para cumplir en forma sustituta el fallo, con lo que quiere probar que es inejecutable, ya que se cometerían daños y perjuicios graves a la comunidad.
Acorde con el secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa, el último recurso que interpuso el Ejido fue tratar de dejar sin personalidad en el juicio tanto a él como secretario, como al presidente municipal, en este caso Marco Novelo Osuna.
El asunto se fue a Mexicali y un juez resolvió que “persiste el incidente innominado”, es decir, que el gobierno municipal sigue teniendo influencia en el caso.
Comentó que siguen en pie con la oferta de cambiar la manera de cumplir con la resolución y, en vez de que el Ejido obtenga el bien inmueble, se le puede dotar de otras tierras.
COMERCIANTES QUIEREN SER ESCUCHADOS
Julio Santibáñez consideró defender a los locatarios porque de acuerdo con el expediente, ellos, como terceros perjudicados, “nunca fueron oídos ni vencidos en el juicio”.
Recordó que en 1991, el entonces gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, creó el fideicomiso público La Bufadora, donde dio la concesión de un área de 14 mil metros cuadrados de derecho de vía que atraviesa el acceso hacía el fenómeno natural a los locatarios.
Como esa carretera daba hacia el mar, una parte es concesión federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el resto del Gobierno del Estado.
Igual que cualquier otra área turística en México, se desarrolló un espacio comercial, con la particularidad de que algunos de los propietarios se establecieron desde 1960.
De ahí que por años las familias han explotado el comercio en el corredor.
En 2010, el Ejido Nacional Esteban Cantú promovió dos amparos: uno en contra de la concesión otorgada por el Gobierno del Estado y otra por el Gobierno Federal; las tierras pegadas a la carretera y colindantes al mar, eran propiedad del Ejido, y a la vez el argumento que usaron para deshacer la concesión.
Los amparos se resolvieron en un Juzgado con sede en Los Mochis, Sinaloa, donde el Ejido ganó el primero en contra del Estado, pero perdió el segundo.
De acuerdo al decreto dotatorio de tierras y pruebas periciales, el Ejido no llega hasta el área comercial, por lo tanto, no están dispuestos a entregar la concesión.
Una vez que se emitió la sentencia, los comerciantes nunca fueron notificados, y como abogado, Santibáñez recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un nuevo criterio, con el que hizo un replanteamiento ante un Tribunal Colegiado en Mexicali.
“No hay fechas de resolución y ha faltado decisión de las autoridades federales y estatales para tener un plan maestro de tenencia de la tierra”, sostuvo.
Opinó que deben dejar fuera las políticas de privatizar y, si realmente hay interés, deben incluir a los vendedores que por tradición han operado en el lugar.
HAY AUTOGOBIERNO EN LA BUFADORA
En un recorrido hecho por el área de negocios semifijos a lo largo de La Bufadora, se detectó que por lo menos 200 comerciantes de artesanías y alimentos se encuentran establecidos a lo largo del corredor.
Alicia, una de las negociantes, mencionó que tras el desalojo, ha visto mayor desorden, como el ingreso de más vendedores o el cobro indebido de servicios de estacionamiento y baños.
Denunció que el Ayuntamiento no ofrece ningún servicio, menos aún seguridad y, en caso de surgir un enfrentamiento, no hay presencia policiaca.
Lo mismo para los servicios básicos de alumbrado o limpieza, actividades que ellos mismos organizan para mantener el área en mejores condiciones.
“Ninguna autoridad entra a regular el funcionamiento de los locatarios”, resaltó, a la par de reconocer que la zona está descuidada.
Por la distancia, 37 kilómetros de carretera de dos carriles, los servicios públicos son escasos, y, a su juicio, “cada quien debe procurar resolver sus problemas, principalmente los de vigilancia”.
