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miércoles, febrero 21, 2024
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Más del informante

Mientras los titulares del área de seguridad en Baja California guardaron silencio ante la publicación de ZETA en este espacio hace una semana, sobre la colaboración que tienen corporaciones estatales y municipales por parte de un señalado como criminal, integrante del Cártel Arellano Félix (CAF), que ha estado detenido, que ha sido sujeto de investigación por parte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y que fue objetivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California cuando la titulaba Daniel de la Rosa Anaya, la tropa proveyó más información.

En efecto, debido a que varias personas, funcionarios y mandos medios observaron cómo José Roque García, un hombre de cuarenta años, originario del Barrio Logan de San Diego, California -desde donde fue parte del cártel de Benjamín y Ramón Arellano Félix- está “apoyando” en labores de “investigación” tanto a policías municipales y de Inteligencia como estatales preventivos, que incluso se sube a unidades oficiales y “ofrece” información precisa de lugares de producción de drogas y escenas de crímenes, decidieron compartir, por separado, la información para hacerla pública.


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Les molesta que una persona a la que hasta hace poco perseguían -sin orden de aprehensión, esperando detenerlo en flagrancia- y señalado además de secuestrar, traficar droga, extorsionar y participar en ejecuciones, ahora esté reivindicado y “colaborando” con quienes debían investigarlo. Justificaron la relación que tiene con los policías municipales y estatales, en una recomendación del General Gabriel García Rincón para considerar al ex prófugo como informante, y complementaron que la DEA fue la institución que “logró” reclutarlo -según la versión extraoficial en los terrenos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Baja California-.

Los policías honestos han pasado de la indignación al asombro cuando la información fluye y revelando más sobre los tratos de José Roque García con los mandos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Por ejemplo, compartieron imágenes y parte extraoficial de una detención de la que fue sujeto el identificado con el CAF en marzo de 2018. Por lo menos tres patrullas pick-up de la PEP le marcaron el alto cuando circulaba en un Jeep Rubicon color blanco sin placas, por la Carretera Escénica Tijuana-Rosarito. En las imágenes se aprecian las unidades y el vehículo de lujo.


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Cuando detuvo la marcha y le pidieron identificarse, lo hizo sin ningún miramiento. Los agentes estatales rápido supieron de quién se trataba, de cómo en el pasado inmediato había vertido una amenaza contra las instalaciones de ZETA e inclusive amedrentado con hacerle daño a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), cuando -se insiste- la encabezaba Daniel de la Rosa. La idea del ahora informante, era establecer las condiciones para reorganizar una célula del CAF.

Aquel marzo de 2018, los policías compartieron la información del sujeto con la central vía radio. Informaron que le habían marcado el alto por manejar un vehículo sin placas y advirtieron de quién se trataba: José Roque García. Lo conducente en esos casos, es llevar a la persona y presentarla a la Base de Investigación Técnica para “correrle las placas”, averiguar en qué anda y ver si se tienen elementos para detenerlo y sacarlo de circulación.

Pero eso no sucedió en este caso. Los oficiales que lo vieron circular sin placas y le marcaron el alto, recibieron una llamada del hijo del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, ordenándoles “lo dejaran ir por la paz”. Así lo hicieron, pero se quedaron con las fotografías que le tomaron al vehículo y a José Roque García. Su cara de frente, de un costado y del otro.

Sin embargo, esa no fue la primera ocasión que recibieron órdenes del hijo del titular de la SSPE, a quien identificaron como “Héctor”. Resulta que el hijo de Sosa tiene un grupo de agentes de la PEP a su disposición, y que “El Roque” es uno de sus informantes para “reventar” casos de narcotráfico y narcomenudeo.

De hecho se había alertado en estas páginas de la colaboración del hijo del secretario de Seguridad Pública estatal en labores operativas de la PEP. Funcionarios de esa corporación señalaron cómo ese grupo entró por la fuerza a la casa de la ex delegada de Caminos y Puentes Federales, robándole dinero y joyas. De estas últimas le fueron regresadas una parte, pero del efectivo nada se supo. Con todo y que la ex funcionaria presentó una denuncia y habló de manera directa con Gerardo Sosa Olachea, sólo para recibir -con testigos de por medio- reclamos sobre presuntos actos de corrupción.

El hijo del secretario no aparece en le nómina, pero sí responde el teléfono de su padre, le lleva la agenda y hace las labores de secretario privado de quien por alguna razón ha dejado de combatir la inseguridad desde la titularidad de la SSPE y, ahora lo sabe su tropa, trae pacto con un informante que es parte -por lo menos así lo señalan- en las áreas de inteligencia no comprometidas del CAF.

Lamentablemente, en la Procuraduría General de Justicia del Estado tampoco han realizado su trabajo para judicializar a Roque García. De hecho no lo están investigando y sí están al tanto de las labores de “informante” que ahora está jugando quien amenaza periodistas y funcionarios de gobierno.

El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, está muy ocupado y ofuscado por las deudas cada vez más grandes con instituciones descentralizadas, autónomas y con la burocracia a la cual dejó sin aguinaldo; con el Poder Judicial, cuyo personal no recibió pagos de fin de año; y con los maestros y jubilados, entre otros problemas financieros, como para poner algo de atención a las áreas de seguridad de su gobierno. Porque es un hecho: ni a la procuradora Perla del Socorro Ibarra parece interesarle judicializar a los integrantes del narcotráfico, los cárteles y el narcomenudeo, como tampoco combatirlos a Gerardo Sosa Olachea, el más escurridizo e inactivo secretario de Seguridad Pública que haya tenido Baja California. Una pena, porque, como subprocurador en Tecate, destacó por lo contrario.

Y ahora esto.

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Autor(a)

Adela Navarro Bello
Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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