El 1 de diciembre de 2018, la era de la corrupción peñanietista en México llegará a su fin.
No significa esto que en el país acabará la corrupción en automático, ni porque ese sea el deseo y añoranza del futuro Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí simboliza es el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, el último Presidente de la República emanado del PRI, que llevó a México a los primeros lugares en los índices internacionales de mediciones de corrupción, impunidad e inseguridad.
El fin de una era de corrupción además exhibida por ciudadanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, incluso por la Auditoría Superior de la Federación, pero que también fue la era de la impunidad política, al no llegar esas denuncias a los tribunales para buen fin. Ninguno de los secretarios y colaboradores de Peña Nieto señalados de actos de corrupción fueron investigados, procesados o encarcelados.
A la impunidad al convertirse en el poder tras el trono de la Comisión Nacional del Agua se fue David Korenfeld después de ser exhibido por un ciudadano en redes sociales utilizando un modernísimo helicóptero de la institución, para uso personal durante sus vacaciones. Fue multado con 638 mil pesos por mal utilizar los bienes de la Nación, cifra alta para cualquier mortal mexicano, pero no para un funcionario parte de una corrupta administración federal.
Korenfeld se convertiría a la postre en el único miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto en ser sancionado por un acto de abuso de los recursos del Estado. Aunque de manera impune, continuó dirigiendo -desde el auto exilio en Coronado, California, Estados Unidos- quien mandaba en la Conagua, de acuerdo a delegados que fueron de esa institución.
El resto de los señalados de corrupción en la era Peña Nieto, incluido el propio Presidente de la República -cuando esta edición salga a circulación estará a un día de ser ex Presidente-, se mantienen en la impunidad política. No son investigados ministerialmente por los actos que cometieron en perjuicio de la administración pública o aprovechando el poder del Gobierno Federal para traficar con influencias.
Tanto Peña como su esposa Angélica Rivera y el secretario de Estado (lo fue de Hacienda y de Relaciones Exteriores), Luis Videgaray, se mantuvieron en la impunidad tras ser exonerados por una resucitada Secretaría de la Función Pública encabezada por Virgilio Andrade -amigo personal de Peña- después que les iniciara una investigación por la compra de casas al más importante contratista del Ejecutivo cuando fue gobernador del Estado de México y en la propia administración federal; hecho que se presume aun cuando no fue debidamente investigado, como el más grande caso de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses que haya realizado un mandatario nacional. De ello resultaron la “Casa Blanca” de los Peña-Rivera y la casa de Malinalco de Videgaray. La única pérdida por ese sonadísimo caso que implicaba la compra de un bien por 7 millones de dólares por parte de la familia presidencial, fue la salida del aire de la periodista Carmen Aristegui, cuyo equipo de reporteros había revelado el caso.
De manera sistemática, empresas y empresarios fueron víctimas de actos de corrupción, y en muchos casos parte del problema, al determinarse que el 10 por ciento de los egresos de las empresas mexicanas estaban destinados a pagos ilícitos a entidades de gobierno durante el sexenio que fenece. La cifra incluso fue confirmada por la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien antes de ese cargo fue procuradora general de la República.
En la justicia también hubo corrupción. Hace unos días, a horas que el Presidente Peña deje de serlo, finalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dirige Luis Raúl González Pérez, emitió una recomendación por la investigación del caso Ayotzinapa donde 43 normalistas fueron desaparecidos, y otros asesinados, en septiembre de 2014.
Quien definitivamente se lleva la medalla a la corrupción en la era Peña, es Rosario Robles Berlanga, ex perredista, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y colaboradora del Gobierno Federal priista, primero en la Secretaría de Desarrollo Social y posteriormente en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En ambas instancias tanto la Auditoría Superior de la Federación como investigaciones ciudadanas, detectaron que mientras Robles fue titular se realizaron desvíos económicos por miles de millones de pesos.
“La Estafa Maestra”, una pieza periodística, documentó que poco más de 7 mil millones de pesos fueron desviados a través de universidades y empresas fantasma.
Pero Rosario Robles no fue siquiera amonestada. El espaldarazo del Presidente le llegaría con un “no te preocupes, Rosario” y ahí se desataría la impunidad que le ha protegido en los últimos seis años.
Detrás de ella, en niveles de corrupción se encuentra otro íntimo amigo de Enrique Peña Nieto. El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, acusado en tribunales internacionales y en investigaciones periodísticas en México, de recibir por lo menos 10 millones de dólares en sobornos por parte de la compañía brasileña Odebrecht, incluso antes de tomar posesión su jefe y amigo, pero ya comprometiendo la entrega de obras. Lo cual sucedió.
Lozoya se amparó hasta lograr que la Procuraduría General de la República (por cierto encabezada por cuatro colaboradores de Peña en seis años: Jesús Murillo, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Elías Beltrán) no lo llamara a declarar y congelara el caso, además de contribuir a la salida de Santiago Nieto, fiscal electoral que había iniciado una investigación en su contra.
Tras Robles y Lozoya, está el que fue secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señalado de corrupción en obras entregadas por miles de millones de pesos, entre las cuales la más notoria y fracasada fue la del Paso Exprés de Ciudad de México a Cuernavaca, cuando ante la mala calidad de los materiales y la construcción, se colapsó, provocando un socavón de ocho metros de diámetro por cinco metros de profundidad y la muerte de dos personas. La obra tuvo un costo superior a 2 mil millones de pesos, pero ningún funcionario fue investigado, inhabilitado o sancionado por el fatal desastre.
En general, el sexenio de Enrique Peña Nieto se distinguió por eso, por la corrupción. Denuncias de cobro de “moches”, de extorsiones a empresas para mantenerles contratos o para otorgarles convenios. Su obra insignia, el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, será cancelada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, precisamente por la corrupción que rodea la entrega de contratos y el oneroso presupuesto.
El 1 de diciembre efectivamente representa el fin de una era de corrupción, y debería también dar inicio a una era de justicia. Que los corruptos no queden impunes. Que sean investigados, que se siente un precedente al castigar la corrupción que llevó a López Obrador a ganar de manera abrumadora la Presidencia de la República, con la esperanza de muchos de convertir a México en uno más de los países de Latinoamérica, en investigar a ex funcionarios y ex presidentes.
La corrupción debe ser castigada en México, más allá de los ex gobernadores que, aun procesados, han gozado de la clemencia de la justicia. Ahora es cuando. Ojalá así suceda.
