Luego de que la IP y el Congreso rechazaran el alza de impuestos prevista en el próximo paquete fiscal, el Poder Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás. Mientras se reunían empresarios y el Gobernador, el Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, anunciaba los castigos presupuestales a instituciones como la PGJE, SIDUE, SEDECO, SEFOA, además de solicitar refinanciar la deuda pública para cubrir los compromisos a corto plazo
De los 56 mil 183 millones de pesos que pretendía el Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2019 que presentó el 30 de noviembre, se redujo a un tope de 54 mil 800 millones, luego de una serie de reajustes y negociaciones tanto con el Poder Legislativo como la iniciativa privada.
El pasado miércoles, en la sesión de Comisión del Congreso del Estado, celebrada en el Centro Estatal de las Artes del municipio de Tecate se presentó ante legisladores todas las modificaciones y presupuestos de gasto por parte del Poder Ejecutivo, para el 2019, donde destacan reducciones a instituciones como la PGJE, SEFOA y SIDUE.
No conforme con ello, el Estado pretende reestructurar la deuda pública con el objetivo de obtener ahorros que permitan cubrir los préstamos a corto plazo que alcanzan los 2 mil 300 millones de pesos, mismos que deben solventarse antes de julio de 2019, por obligaciones estipuladas en la Ley de Disciplina Financiera, lo que representaría aumentar la deuda a largo plazo.
Durante intervenciones de diputados, Hernández Díaz fue cuestionado por temas como el de los adeudos del sector magisterial, gastos de comunicación social, a servicios profesionales y de celulares –este de 2-5mdp-. De igual manera, reclamaron mantener los presupuestos relacionados con los proyectos de Asociación Público Privada (APPs), los cuales representarían un gasto de 134 millones de pesos, según dijo el diputado Jorge Núñez.
Ante ello, el funcionario indicó que tomará en cuenta las consideraciones, y remató afirmando que las APPs deben ser presupuestadas, pues fueron autorizadas por el Congreso, por lo que no contemplarlo provocaría demandas con costos enormes para el erario.
Tras la reunión privada de integrantes de la IP con el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, se anunció la suspensión de la seguidilla de impuestos como la sobretasa del Impuesto Sobre Nómina, el Impuesto adicional para la educación media y superior, el adicional para la salud, el Impuesto de Protección Civil, así como los derechos que percibe el Estado, pero se mantendrán los aumentos en las tarifas de agua, de 9 a casi el 35 por ciento.
Será el día de mañana, sábado, a las 16:00 horas cuando se vote en el Pleno la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo.
La comparecencia
Según el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, el 54% del presupuesto total se destina a organismos autónomos, municipios y los otros poderes, por lo que para el gasto estatal directo quedarían 25 mil 789.5 millones, de los cuales 21 771.16 mil millones, representarían el gasto fijo. De esto, 10 mil 448.14 millones irían para nómina de educación.
Lo anterior fue referido durante la exposición del proyecto de presupuesto que quedaría de la siguiente manera: el gasto en educación sería de 48%, participación a municipios 17.16%, a seguridad 7.2%, gasto en salud 6.8%, y similar a otros poderes gasto social 3.9 %, financiamiento 3.1%, administración 3.1%, desarrollo económico 1.7% y la no sectorizada en un 1.3%.
Los motivos por los que justificó los incrementos son principalmente el aumento a erogaciones en salud de 2 mil 490 a 3 mil 823.31 millones de pesos, debido al inicio de operaciones del Hospital Materno Infantil de Tijuana y dos nuevas unidades médicas; el aumento del presupuesto a organismos autónomos y poderes; el aumento a la inflación del 3.4 por ciento y del tipo de cambio.
Entre los organismos autónomos refirió que el Instituto Estatal Electoral (IEE), que subirá de 187.34, a 489.65 millones de pesos, con motivo del próximo proceso electoral. Además, se proyectan incrementos en los egresos del Congreso del Estado de 498 a 568.82 millones de pesos. También la Auditoría Superior aumentaría de 99.51 a 191.76 millones de pesos.
Por otro lado, el Poder Judicial no obtendría el recurso solicitado de mil 400 millones, pero subiría de 964.84 a mil millones de pesos. También el ITAIP –de 14.75 a 15.43 mdp-, el Tribunal de Justicia Administrativa -de 42.9 a 46 mdp-, la CEDH -de 42.58 A 46.84 mdp-, el Tribunal de Justicia Electoral –de 23.18 a 24.25 mdp- y la UABC -de mil 357 a mil 492 mdp-, padecerían aumentos ligeros. Del mismo modo, las participaciones y transferencias a municipios aumentarían de 8 mil 252.87 a 8 mil 989.38 millones.
De la misma manera, el presupuesto para seguridad incrementaría de manera general, pero sólo en beneficio de la Secretaría de Seguridad Pública, que recibiría 2 mil 279 millones de pesos que representaría 215 millones más que el año pasado.
Contrario a ello, la Procuraduría sería una de las dependencias más golpeadas de toda la administración, pues cerraría el último año con una reducción de más de 60 millones de pesos –en gasto administrativo y no operativo-, al disminuir de mil 575 a mil 514 millones de pesos. También la Secretaría General de Gobierno –a través de la Defensoría Pública- reduciría su presupuesto de 281 a 269 millones.
Además, las partidas para servicios personales crecerían un 3%, ante una potencial negociación del aumento salarial y para el pago de maestros interinos; materiales y suministros disminuye un 12% en total, servicios generales se reducirá un 3%, transferencias y subsidios un 15%, y la inversión pública se reducirá un 17%.
Aumentará el rubro de inversiones financieras y otras promociones en un 44%, para quedar en mil 263 millones 197 mil 817.89 pesos; las participaciones y aportaciones 9 mil 907 millones 435 mil 970.02 pesos y la deuda pública se destinará un 6% más, quedando en mil 619 millones 750 mil 730.76.
Entre otros reclamos, destaca el que los diputados hicieron sobre el monto de 23.33mdp para contingencias, pues consideraron es muy poco y no contempla apoyos a las familias víctimas de múltiples derrumbes en colonias de Tijuana, como Lomas de Rubí. Hernández Díaz dijo que lo revisaría. Con información de Julieta Aragón
