Dr. Felipe Cuamea Velázquez
Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California
Presente.-
Me dirijo a usted en mi calidad de alumno fundador de esta institución y de profesor con 43 años de desempeñarme como docente en la Facultad de Derecho Campus Mexicali y ahora jubilado; con el objeto de transmitir a usted y a sus diez pares, una serie de consideraciones importantes que a mi entender deben ser tomadas en cuenta a la hora de elegir a la persona que habrá de gobernar los destinos de nuestra casa máxima de estudios, en este momento crucial en la vida de nuestro Estado:
I. El Estado de Baja California como el resto de las entidades federativas, atraviesa por una crisis en materia financiera y de seguridad que obliga a ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar quién será el próximo rector de nuestra institución, en el cual jugarán un papel determinante las universidades. Aportando soluciones gracias a que cuenta con el personal docente y de investigación debidamente preparado para llevar a cabo esta tarea que requiere del conocimiento y el ejercicio de investigación de primer nivel intelectual, cumplimentando así uno de los deberes señalados en la Ley orgánica de la institución, que consiste en aportar el conocimiento necesario para mejoramiento de la comunidad que con sus impuestos sostiene a esta institución educativa.
II. En la reunión de la junta de gobierno que se llevará a cabo el 15 de diciembre del presente año, deberá tomarse en cuenta, entre otros elementos, un perfil como el que describimos en la columna EXEGESIS de fecha 22 de noviembre de este año, y en el que además de un buen desempeño como docente e investigador, exige del nuevo rector, poseer capacidad para la gestión financiera, debido a que el Estado de Baja California está sufriendo un colapso económico tal y como se muestra por la falta de cumplimiento en el pago del subsidio que proporciona el gobierno del Estado para el sostenimiento de la UABC.
III. Requerimos, por tanto, de una universidad más participativa en el entorno social y administrada con mayor cuidado y responsabilidad, cuidando los dineros a tal manera que ahorre gastos innecesarios como corresponde a toda entidad bien administrada para así evitar un conflicto financiero. También deberá ser más participativa en las actividades que tengan que ver con el combate a la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho.
IV. Ante el afán privatizador de la educación promovido por algunos sectores, el nuevo rector deberá tener el suficiente tacto político para evitar amenazas a la autonomía universitaria, que es el ser y el deber ser de esta casa de estudios para poder dar cobijo a todas las corrientes de pensamiento social y doctrinas filosóficas. Para la salvaguarda de la autonomía universitaria se requiere que nuestra institución sea cada vez más democrática, crítica y participativa.
V. Para lograr el propósito antes citado, se requiere un cambio mediante reforma estructural a la Ley Orgánica de la institución, principiando por elaborar una legislación que amplíe el funcionamiento de los consejos técnicos con que cuenta cada escuela, facultad o instituto. Así como el consejo universitario que debe ser un órgano de gobierno proactivo para expresar el pensar, sentir y querer de los universitarios, trátese de personal administrativo, estudiantes y docentes, encausado por una administración democrática y libre, basada esta, en una Ley Orgánica moderna y acorde con el pensamiento social y académico de esta época.
VI. Dada la crisis económica por la que atraviesa el Estado de Baja California y que se refleja en el no pago de las participaciones que aporta el Ejecutivo Estatal, el nuevo rector debe buscar medios de financiamiento, como por ejemplo, prestar servicios de asesoría de investigación científica y social al gobierno estatal y municipal e instituciones y empresas privadas.
VII. La universidad debe abrir la puerta a los estudiantes con déficit cultural. La igualdad de oportunidades es mandato constitucional y evitar la discriminación y la desigualdad social.
VIII. Es legítimo aspirar a ser rector de la UABC y un honor ocupar ese encargo, lo ideal es que al final del proceso se logre la conciliación y la unidad entre todos los que formamos parte de la familia universitaria.
IX. De los 21 candidatos y candidatas a ocupar el máximo sitial de la UABC, podemos asegurar que todos ellos no solo reúnen los requisitos que marca la Ley orgánica, sino que tienen el ánimo de servir y un afán especial por aportar los esfuerzos necesarios para que Baja California salga adelante apoyado en la máxima casa de estudios, evitando así que nuestra alma Mater se convierta en “una castalia” ajena a la realidad, concretándose a recrear el conocimiento pero sin participación en los esfuerzos que los bajacalifornianos hacemos por mejorar la sociedad en que vivimos.
El Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, la iniciativa privada, requieren de la asesoría adecuada y brindarla es una de las funciones que contempla la Ley Orgánica de la UABC y que debe darse para cumplir con las funciones que la Ley orgánica le tiene asignada.
X. La universidad debe ser gobernada por profesores distinguidos, directores de escuelas, institutos o facultades; estudiantes y empleados de alto perfil y distinguidos por sus esfuerzos en pro del mejoramiento de nuestra institución; incluyendo claro está, a los jubilados que representan un caudal de experiencia y de conocimiento que puede ser utilizado en este periodo en que muchos consideramos debe darse una reestructuración al interior de la UABC, precedido este esfuerzo por la elaboración de una nueva Ley orgánica como base estructural de la reforma para ser de esta casa de estudios, no solo el centro de los esfuerzos intelectuales sino también el faro, luz y guía de la sociedad bajacaliforniana.
XI. La universidad no debe ser receptáculo de enfrentamientos político-partidistas, en su seno caben todas las corrientes de pensamiento, desde las doctrinas anarquistas hasta el comunismo más radical, pero únicamente como objeto de análisis teórico, la praxis corresponde a los partidos políticos. El ser de la universidad es contrario a la anarquía o a las posiciones autoritaristas.
XII. La vida de todo universitario debe ser transparente, regida exclusivamente por el humanismo social, tal es la misión de la universidad pública que debe ser la filosofía de todo miembro de la comunidad.
XIII. El nuevo rector debe estar legitimado por su desempeño en la tarea académica, sus logros en la investigación; y la promoción de la cultura y las artes, por el reconocimiento de sus pares y el aprecio de sus estudiantes.
En épocas de crisis viene la desestabilización, pero mucho puede hacer con la sociedad un rector que asuma como propia la tarea de respeto a los derechos humanos y a la Constitución Política en que se encuentran encuadrados.
Es indispensable que el consejo universitario y los consejos técnicos de cada escuela, facultad o instituto, cumplan con su misión de acercar a la autoridad universitaria al resto de los integrantes de la institución para con ello, abrirse a la democracia interna que permita que todas las voces sean escuchadas; y a la participación en todo esfuerzo científico y filosófico. Para que esto surta efectos, los universitarios debemos de contar con información clara, veraz, oportuna, confiable y transparente.
“Por la realización plena del hombre”.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
