Un miembro del Poder Judicial de Baja California confió: en 34 años laborando en esta institución, nunca les habían dejado de pagar catorcena alguna. Otra chica, trabajadora de un juzgado coincidió al comentar que en 28 años de laborar en distintas posiciones, jamás se había quedado sin pago. Menos le habían retrasado su sueldo. En el Tribunal de Justicia Alternativa, uno de los integrantes refirió que en 30 años, no habían tenido retraso en el pago de salarios.
Pero desde la segunda quincena de octubre de este 2018, el gobierno de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, ha dejado de otorgar el recurso que por ley le corresponde, al Poder Judicial, también al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al tribunal de Justicia Alternativa, al Colegio de Bachilleres, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California. Por supuesto, no ha fallado en el paso a maestros y a maestros jubilados. Y es de suponerse que tampoco ha pagado el recurso mensual a la Universidad Autónoma de Baja California, a la cual hace dos años le debía más de 470 millones de pesos, e institución con la cual hizo un convenio de pagos.
Fuera de esos más de 470 millones de pesos que debía a la UABC, los 350 millones que adeudaba a los maestros (hace un mes), los poco más de 20 millones no pagados al Poder Judicial, los 14 millones en deuda con el Instituto Electoral, los poco más de 350 mil pesos al Instituto de Transparencia, los casi un millón a los Derechos Humanos, y otros tantos miles de pesos al resto de las instituciones mencionadas, no se sabe a ciencia cierta cuánto adeuda Francisco Vega en recursos a las entidades de gobierno.
Si es conocido que al inicio de su fatídica administración, por allá de 2014, solicitó un crédito por casi dos mil millones de pesos que justificó ante el Congreso del Estado, serían para pagar las jubilaciones de maestros, un tema que por entonces le llegaba al cuello, y hoy lo ha rebasado. Por azares de la administración y el cambio de reglamentación –justifican- ese dinero no lo pudieron utilizar para pagar a los maestros pero se lo gastaron en “obras”.
La realidad es que Kiko Vega poca obra ha desarrollado. Lo más llamativo de su administración son los adeudos que ha generado, al hipotecar las finanzas estatales hasta por los siguientes 37 años en establecer convenios para Asociaciones Público Privadas, como la construcción de una desalinizadora, y el desarrollo de un C5i para la vigilancia en materia de seguridad. Tan solo con esas dos obras que ya le aprobaron en el Congreso del Estado para comprometer los recursos de la entidad, la deuda equivale a casi 70 mil millones de pesos.
Para que se dé una idea, tan solo por la desalinizadora, el estado pagará unos 149 millones 312 mil 18 pesos por mes, significan mil 791 millones 744 mil 216 pesos por mes, pero como el compromiso es pagadero a 37 años, al final se habrán pagado 66 mil 294 millones 535 mil 992 pesos… más IVA.
Hablando con financieros y ex funcionarios estatales, refieren que la insólita falta de recursos en el gobierno del Estado de Baja California, se debe a la mala administración, a la opaca inversión de los dineros públicos, a presumibles actos de corrupción, y a los desvíos detectados por la Auditoria Superior de Hacienda por más de mil 400 millones de pesos. Francisco Vega, el Duarte de Baja California, tiene a la entidad en la bancarrota. A grado que no se pueden pagar los sueldos de las entidades descentralizadas, otros poderes e instituciones autónomas y educativas.
Acusan por ejemplo, que dinero etiquetado para ese y otros pagos, se ha destinado a la compra de derechos de vía de trenes inexistentes y la adquisición de un predio para la edificación de un aeropuerto imaginario en el área del municipio de Ensenada, entre otras cosas.
La ahora ex diputada Nancy Sánchez, que fue representante legislativa del estado en la anterior Cámara de Diputados, sacó las cuentas. De los 50 mil 645 millones de pesos presupuestados para el ejercicio 2018 del gobierno de Baja California, el gobierno federal ha entregado un total de 41 mil 619 millones de pesos, sin embargo, para Vega no han sido suficientes, y está solicitando –ahora a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador- recursos extraordinarios a la federación para poder hacer frente a las deudas que tiene con las entidades públicas.
La petición de renuncia al gobernador Francisco Vega empieza a ser un tema entre la población bajacaliforniana. Aparte de tener a la administración pública prácticamente en la quiebra, los niveles de inseguridad se incrementaron de manera alarmante a su llegada al gobierno estatal. Baja California, Tijuana, volvieron a ocupar uno de los primeros dos lugares en la estadística de los estados y el municipio más violento del País. De hecho, con más de 2 mil 285 ejecutados en la ciudad fronteriza, se abatieron todos los records de violencia en el Estado, mientras en impunidad y con actos de corrupción convergen los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Arellano Félix en esta localidad.
Los bajacalifornianos adolecen no solo de un mal gobierno, que está evidenciando la falta de inteligencia, pericia y habilidad para el manejo de los recursos, también padecen la labor de diputados comparsas del gobernador, que le aprueban cuanto endeudamiento propone, le autorización la solicitud de créditos, y la dicen que sí a todas sus apps. Juntos, gobierno y congreso, están contribuyendo a la bancarrota del Estado.
Eso mismo pasó en Veracruz con Javier Duarte de Ochoa, tenía deudas con las entidades educativas, había sido señalado de desvío de recursos, incrementó el número de sus posesiones, aumentó la deuda del estado, no entregó los recursos a las entidades. Igualito a lo que sucede en Baja California, también al final del sexenio se da cuenta de ello, a pesar que medios de comunicación y activistas, han estado señalándolo desde inicios de la administración.
Francisco Vega de Lamadrid tiene a Baja California tronada en cuestión de finanzas y de violencia. Las instituciones ya avizoran que no habrá para pagar aguinaldos en diciembre, y a los paros escalonados que se han dado en el magisterio, en el Poder judicial y en las instituciones académicas ante la falta de pago, se sumarán otros paros ante la crisis financiera por la que atraviesa el estado, de la mano y mente del Duarte bajacaliforniano. Y es hora que nadie lo investiga, igual que al de Veracruz, que fue hasta el final de su sexenio que le echaron el ojo y el guante.
En 2019 la única elección estatal que se desarrollará en el País, a menos que efectivamente se anulen los comicios de Puebla, será la de gobernador, alcaldes y congreso en Baja California. Kiko Vega podría convertirse en el último gobernador de extracción panista, luego de 30 años de gobiernos de ese partido. Pues también es la primera vez, en 30 años, que no tienen ni para pagar sueldos.
