La Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Luz María Ortega Tlapa, otorgó un amparo a Emilio Lozoya Austin, mismo que ordena a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) resolver en 40 días naturales la investigación contra ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el presunto financiamiento ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso y que la acusación podría estar prescrita.
Ortega Tlapa estimó que ha transcurrido un plazo razonable para determinar esta investigación, debido a que la FEPADE cuenta con la información suficiente para tener una idea clara de los hechos. Además, señaló que el pasado 19 de abril pidió a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, copia certificada de la carpeta de investigación del caso contra Lozoya Autin por cohecho y enriquecimiento ilícito, en la que consta la información que su homólogo de Brasil ha entregado a la PGR.
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“Ha transcurrido un tiempo suficiente y razonable para que ya se haya proporcionado la información y el dictamen pericial requeridos, para que el Ministerio Público responsable, esté en aptitud de determinar la carpeta de investigación, en razón de que corresponde a éste en uso de sus facultades legales y constitucionales, y no a esta juzgadora el sentido en que debe determinarla”, sentenció la juez en el amparo 702/2018.
“En ese sentido, de una interpretación conforme y bajo un bloque de regularidad constitucional, se determina que la autoridad responsable ha agotado todas las diligencias conducentes para la investigación y ha pasado un tiempo razonable, encontrándose en aptitud de determinar la carpeta de investigación como en derecho proceda, a fin de que se deje de generar inseguridad jurídica”, indicó la juez federal, quien dio un plazo de 30 días hábiles a la FEPADE para determinar si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato.
Una vez que concluya la temporalidad anterior, Ortega Tlapa fijó otro periodo de 40 días para determinar en definitiva lo que en derecho corresponda en la carpeta de investigación. Sin embargo, la sentencia de la juez federal no es definitiva porque la Procuraduría General de la República (PGR) puede presentar un recurso de revisión contra el fallo, lo que dejaría el veredicto final a un tribunal colegiado de la Ciudad de México.
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Ortega Tlapa anuló un acuerdo dictado por la FEPADE el 10 de julio pasado, en el que respondió, a petición de Lozoya Austin, que los delitos que se le imputan aún no prescriben y, por tanto, se abstenía de determinar la carpeta de investigación. El ex director de Pemex había pedido a la Fiscalía Especializada determinar si los delitos electorales en su contra estaban o no prescritos, es decir, si ya había fenecido el término legal para perseguir dichos ilícitos.
Para la juez federal, la FEPADE señaló las fechas futuras de prescripción de los delitos electorales, pero no precisó a partir de qué momento debe contarse el plazo para establecer la extinción de la acción penal contra Lozoya Asutin, aunado a que no estableció los delitos por los hechos imputados.
La sentencia señala que el agente del ministerio público adscrito a la Fepade no expuso los razonamientos suficientes para determinar la improcedencia de la prescripción de la acción penal, ya que únicamente señaló las fechas futuras de prescripción por cada uno de los ilícitos contemplados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal y 11 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de forma dogmática, sin evidenciar los motivos que le llevaron a establecerlas.
Además, según la juez, la FEPADE fue omisa al pronunciarse con respecto a si el plazo de prescripción debía contarse a partir del 20 de abril de 2012, fecha en que Odebrecht hizo el primer depósito por 250 mil dólares a una offshore, dinero que supuestamente habría terminado en la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El pasado 23 de octubre, durante una comparecencia ante las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, Arely Gómez González, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dio a conocer que investigaban los patrimonios de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, y de Lozoya Austin, por el desvío de recursos públicos, sin embargo, evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones en contra de los funcionarios públicos.
“Sí existen verificaciones patrimoniales restaurables a Rosario Robles y Emilio Lozoya, pero están en etapa de aclaraciones, acorde a la etapa de defensa […] No habrá impunidad en caso Odebrecht, Paso Express y Fideicomisos”, aseguró la ex titular de la PGR.
El pasado 2 de marzo, Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primera de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a Lozoya Austin la suspensión definitiva contra la judicialización de la indagatoria por enriquecimiento ilícito y cohecho, que lleva a cabo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), de la PGR, hasta que no se dicte una sentencia en el juicio de garantía contra el ex director de Pemex.
“Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentra la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 y no se determine en definitiva la investigación inicial, si ésta no se ha judicializado; y hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo”, resolvió la juez.
Según el diario Reforma, que informó del hecho en su momento, el fallo fue dictado justo cuando un Tribunal Colegiado iba a determinar si continuaba vigente otra suspensión definitiva que había sido concedida a Lozoya Austin el 7 de noviembre pasado para los mismos efectos.
Según los testimonios de ex directivos de la constructora Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil, el ex director de Pemex recibió sobornos por al menos de 10 millones de dólares para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo, y supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que Lozoya Austin ha negado.
-Con información de Reforma, La Jornada, El Universal, Animal Político, El Sol de México, Proceso.
