Olga Sánchez Cordero, senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y futura titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó este martes ante el pleno de la Cámara alta, un proyecto de decreto para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que despenaliza el uso de dicha sustancia, con fines personales, científicos y comerciales.
De ser aprobada, la Ley establecería los mecanismos (licencias o permisos) para cultivar, cosechar, procesar, producir y vender productos de mariguana bajo la vigilancia del Estado mexicano, por un plazo de 5 y 10 años. Además, se establecerían programas de comunicación social para informar a la población sobre los riesgos relativos al consumo de mariguana.
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“El modelo que se propone impulsar es el de regulación legal estricta; es decir, el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado”, señala la propuesta de la senadora por Morena y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la semana pasada estableció jurisprudencia, para normar la producción, comercialización y distribución de esta droga.
Asimismo, la iniciativa de Sánchez Cordero, publicada en la Gaceta Parlamentaria, pretende determinar las medidas para su comercialización como el etiquetado, canales de venta, transporte, distribución y promoción, con un enfoque de salud pública y como una medida para disminuir la violencia asociada al crimen organizado.
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La propuesta aclara que desde la Constitución no se debería de imponer un ideal de excelencia humana, sino de “permitir que cada individuo elija su propio plan de vida”. A través de esta regulación, el Estado mexicano tendrá la capacidad de acompañar el mercado con información, estándares mínimos, monitoreo, verificación y evaluación, se indica.
“Esta iniciativa propone un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana que opta por el cambio y que reconoce el momento histórico que nos apresta a emprenderlo”, se señala en la iniciativa presentada por Sánchez Cordero.
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En la propuesta se enlistan siete ejes rectores: respetar la autonomía de las personas, proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo, minimizar la alteración de potencias de componentes del cannabis con efectos inciertos, y promover la información basada en evidencia sobre etiquetado y condiciones de consumo.
Así como proteger de riesgos a la población más vulnerable (niñas, niños y jóvenes), establecer la venta de mariguana como un servicio socialmente responsable, además de facilitar los programas de rehabilitación y tratamiento para todo aquel que lo solicite.
Por otra parte, la ley contempla la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, instancia que tendría la atribución de otorgar licencias por hasta 5 años para fines terapéuticos, de investigación o recreativos.
Dicho Instituto será un organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud (SSa) Federal y tendrá entre sus objetivos: crear la regulación que garantice que el enfoque de salud pública, de reducción de riesgos y de daños relacionados con el consumo de marihuana, que esté sobre el interés del comercio y otros intereses creados por la industria del cannabis.
En el documento se explica que el mayor reto a enfrentar será el de equilibrar el enfoque de salud pública con el interés del comercio, pues mientras el primero busca minimizar los riesgos y daños relacionados con la mariguana, el segundo buscará obtener mayores ganancias.
La Ley propuesta, consta de 79 artículos, y seis transitorios. Y en caso de ser aprobada, se marca un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para emitir los reglamentos que marca la legislación.
Asimismo, se fijan 30 días para que las autoridades correspondientes elaboren programas de excarcelación de personas susceptibles a beneficiarse del decreto, y se refiere que se deberá ejecutar en un periodo no menor a dos meses a partir de su determinación.
También se pide que tanto el Gobierno de la Ciudad de México, como los de las entidades federativas y de los municipios, adecuen sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas para que sean congruentes con esta Ley.
Además, de aprobarse el dictamen, esta Ley prohibiría el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de marihuana a menores de edad, así como emplearlos en estas actividades.
Sánchez Cordero plantea que se permita sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración, destinadas para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando la producción de cannabis no sobrepase los 480 gramos por año. Cualquier excedente debería ser donado a instituciones cuyo objetivo sea la investigación científica.
La iniciativa de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis contempla también la emisión de licencias para la producción de la mariguana en cooperativas integradas por al menos dos y máximo 150 personas. Asimismo, las personas tendrán que registrar sus plantas ante el Instituto, en un padrón anónimo y no público.
“Queda prohibido conducir vehículos bajo los influjos de la marihuana a niveles superiores a lo establecido. Las sanciones administrativas son: amonestación con apercibimiento, multa, suspensión temporal o definitiva de la licencia, trabajo en favor de la comunidad y arresto por 36 horas”, se señala en una parte del dictamen de Ley, que fija multas que podrían ir de las cien a las cuatro mil unidades de medida y actualización, es decir, de ocho mil 60 pesos a los 322 mil 400 pesos.
La iniciativa considera, también, la emisión de un permiso especial para producir más yerba cuando se padezca alguna condición de salud. Además, la mariguana podría ser fumada en espacios públicos, excepto los que sean 100 por ciento libres del humo del tabaco.
En lo que respecta a la comercialización, la iniciativa autorizaría la emisión de licencias para producir mariguana con fines médicos, recreativo e industrial, y establece medidas para su exportación. Sin embargo, la propuesta prohibiría comercializar productos comestibles derivados del cannabis, o su mezcla con otras sustancias como nicotina, alcohol o cafeína.
Para su venta al público, la iniciativa presentada este martes por la senadora Sánchez Cordero, contempla que se emitirían permisos para abrir tiendas, pero sólo podrán ofrecer mariguana y sus derivados. Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó hoy que la iniciativa será votada el jueves, ya que todavía se podrían incorporar propuestas de la sociedad civil.
LA POSTURA DE LA COFEPRIS
Ayer, Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló que dicha institución no puede autorizar permisos para el uso lúdico de la cannabis, a menos que lo ordene un juez.
El funcionario federal puntualizó que para cada tipo de producto con mariguana: alimento, suplemento alimenticio, bebidas, remedios herbolarios y cosméticos, entre otros, ya se cuenta con una regulación “robusta” a la que ahora se suman los lineamientos en materia de cannabis.
Por otra parte, Sánchez y Tépoz informó que a la fecha la Cofepris ha recibido 615 solicitudes de permiso para uso lúdico de la mariguana, las cuales seguirá negando con base en la ley vigente. Una vez que los solicitantes obtengan el amparo de un juez, a partir de la jurisprudencia aprobada en la SCJN, la Cofepris deberá aprobar dichas peticiones, indicó.
Los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma, publicados el pasado 30 de octubre por la Cofepris, son de cumplimiento obligatorio para quienes quieran utilizar la planta con fines médicos, de investigación y para uso industrial, afirmó Sánchez y Tepoz.
El documento con los lineamentos de la Cofepris -que contiene 50 artículos y consideró las sugerencias que realizó la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer)- establece los mecanismos que las empresas deben seguir para sembrar, cultivar y cosechar la yerba para fines médicos, pero excluyen de estos beneficios a los pacientes.
El documento, que se presenta en sustitución del reglamento que debió publicarse hace 11 meses, indica que a los enfermos que requieran cannabis medicinal sólo se les otorgará un permiso sanitario para que importen los fármacos, tras solicitarlo a Cofepris y mostrar su receta médica, como se hace en la actualidad.
El pasado 1 de noviembre, José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) Federal, aseguró que respetará la jurisprudencia que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia del uso recreativo de la mariguana. Sin embargo, reiteró que dicha droga genera adicción, por lo que continuará con sus programas contra su uso.
