En el millonario contrato entre el Gobierno del Estado de Baja California y la empresa Seguritech para la instalación y operación del C5i, los precios de cámaras de videovigilancia y lectores de placas son hasta 50 por ciento superiores a los de equipo de más alta tecnología que se ofrecen en el mercado. En conferencia de prensa, la empresa no pudo asegurar que su proyecto puede reducir los índices delictivos en la entidad
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Aunado a los señalamientos de corrupción, falta de transparencia y una licitación a modo hechos desde las cámaras empresariales, consejos ciudadanos de Seguridad Pública y diputados por el contrato que la administración de Francisco Vega de Lamadrid concedió a la empresa Seguritech para el C5i, surgen nuevas irregularidades.
El contrato para el “diseño, construcción, instalación y mantenimiento para la implementación de un Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública” estipula un costo total de 789 millones 280 mil 700 pesos a dividirse en pagos trimestrales que los próximos gobiernos estatales deberán cubrir por los próximos diez años.
Con este sistema, el C4 pasará a ser el Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), el cual seguirá a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
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La elección de Seguritech como la empresa a realizar el proyecto se efectuó el 28 de junio de 2018, cuando se dio el fallo en el proceso de licitación convocado por la administración estatal.
El contrato entró en vigor el 1 de agosto y hace unos días, la empresa concluyó la primera etapa del proyecto que incluyó recorridos por los cinco municipios para elegir los puntos de instalación de cámaras, la fabricación de botones de pánico y la traza de fibra óptica.
Sin embargo, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California, dieron a conocer nueva información que demuestra que el C5i ni contará con tecnología de punta, ni es una buena inversión para la entidad.
En septiembre, estas organizaciones presentaron una demanda de amparo que solicita suspender el contrato plurianual debido a diversas irregularidades que encontraron en el contrato, como la falta de participación de actores sociales, cláusulas poco claras y opacidad.
Ahora, tras cotizar el mismo servicio con otras empresas dedicadas a la seguridad y videovigilancia, descubrieron que no sólo los precios que se establecen en el contrato se encuentran por encima de los costos del equipo en el mercado, sino que la tecnología es de generaciones anteriores.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS 800 MILLONES EN UN CENTRO DE VIGILANCIA?
El C5i estará compuesto por 50 posiciones de videovigilancia, cada una con tres cámaras fijas y una cámara PTZ, por un costo de 39 millones 741 mil 369 pesos, lo que significa que cada unidad (compuesta por cuatro cámaras) tendrá un precio de 794 mil 827 pesos.
No obstante, las cámaras que Seguritech instalará son de menor resolución que otras que ya se ofrecen en el mercado. Mientras en el contrato se establecen cámaras de videovigilancia de 2 megapíxeles, otras empresas ofrecen de 4 megapíxeles.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Fernando Peña, director general de Seguritech
Si bien, una resolución de 2 megapíxeles aún no es considerada tecnología descontinuada, pero sí de segunda generación, para cuando concluya el contrato de diez años, se tratará de equipo obsoleto.
Por ejemplo, AXIS Communications ofrece precios por debajo a los de Seguritech para cámaras de videovigilancia tanto en su modalidad fija como PTZ y con mejor resolución, captando hasta 60 imágenes por segundo y un zoom óptimo de 23x.
En cuanto a los arcos carreteros para lectura de placas de vehículos, se instalarán nueve en todo el Estado -esta cifra ni siquiera para colocar dos en cada municipio- por un costo total de 58 millones 722 mil 610 pesos. Ello significa que cada unidad tendrá un costo de 6 millones y medio de pesos.
Cada uno está compuesto de una estructura metálica sobre la cual están montadas cámaras, procesadores y otros dispositivos que permiten registrar accesos, identificar placas de vehículos en tránsito y atender a la ciudadanía en caso de emergencia por medio de intercomunicadores.
Seguritech ofrece la tecnología OCR para estos arcos, la cual sólo tiene capacidad de identificar una placa con 92 por ciento de visibilidad, rango muy por encima de otros modelos, por ejemplo, los de inteligencia artificial por medio de redes neuronales.
Esta tecnología de mayor alcance permite identificar placas, aunque hayan sido modificadas, como es el caso de la que ofrece la empresa Security on Key Advanced Networks, la cual cotiza el mismo servicio de los nueve arcos por 37 millones de pesos; 21 millones de pesos menos que los precios ofrecidos por Seguritech.
Pero el equipo no es la inversión más fuerte en el contrato, el mayor monto es para el concepto de Mantenimiento Preventivo y Actualización Tecnológica, por 237 millones 204 mil 228 pesos.
Un servicio que no solo es intangible, sino que difícilmente es medible. Al respecto, Seguritech informó que, en conjunto con la SSPE, “una vez que se cierra el contrato, se establecen diferentes procesos, uno es la actualización tecnológica, otro son las garantías de servicio de los equipos, otro es la forma de reporteo de avance de proyecto, todo apegado a una ministración propia del proyecto”.
Sin embargo, no pudo explicar las condiciones para reparar o reemplazar el equipo o si habrá costos adicionales por mejorar la tecnología de la infraestructura.
“Estaremos identificando cada uno de esos componentes porque no tienen el mismo tiempo de vida una cámara que un poste o una red de fibra óptica y estaremos atendiendo en todo eso en tiempo y forma”, refirió Fernando Peña, director general de Seguritech.
Mientras que el segundo gasto mayor es la red de transporte de datos por 238 millones 197 mil 003 pesos y por el sistema de video analíticos, la empresa estará cobrando 5 millones 444 mil 918 pesos.
El sistema de transferencia de datos contempla una red de fibra de transporte de datos, aún o se define si será fibra óptica o inalámbrica, así como un sistema de restablecimiento remoto (con un costo de 5 millones 852 mil 953 pesos), el cual funcionará como una red alterna.
Por la entrega de 10 mil 250 botones de enlace ciudadano alámbricos e inalámbricos, Seguritech fijó un monto de 58 millones 512 mil 902 pesos, un precio de 5 mil 708 pesos por unidad.
Por si fuera poco, las cláusulas favorecen a la empresa y no precisamente al proyecto. El diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California, explicó que en una de éstas se establece que Seguritech únicamente se hace responsable de que el sistema tenga una funcionalidad del 93 al 95%.
“Otras empresas ofrecen mejores condiciones, un mínimo de responsabilidad del 97%. Lo que este contrato implica es que si el sistema se cae
Seguritech: una empresa opaca, que vende tecnología obsoleta como si fuera oro
Seguritech Privada, SA de CV, empresa dirigida por Fernando Peña que en agosto obtuvo un contrato del Gobierno del Estado de Baja California para la construcción e instalación del C5i por un monto de 789 millones de pesos en el curso de diez años, ha recibido pagos por 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos -de 2007 a la fecha- del sector público.
La compañía rentó a por lo menos diez entidades, algunos municipios y seis delegaciones de la Ciudad de México, tecnología y edificios para inteligencia policíaca bajo el esquema de adjudicación directa y cuya información se reserva bajo el argumento de ser de seguridad pública.
Entre los servicios que ofrece Seguritech están los edificios llamados C4 o C5, complejos para crear inteligencia policial, así como vehículos blindados, helicópteros, aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros, lectores de placas de vehículos, Rayos X, drones y vigilancia satelital.
Derivado de una investigación que publicó el diario Noroeste de Sinaloa, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, pidió en enero al Gobierno de Ciudad de México, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, un informe sobre el contrato suscrito para la adquisición y sustitución de equipo de video vigilancia para el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
El 16 de octubre, la Dirección General de Tecnologías del C5 de CDMX reconoció -después que el diario El Financiero realizó una solicitud de información- que el 60 por ciento de equipo que se adquirió en cifras millonarias por adjudicación directa a empresas como Telmex o Seguritech, a través de sus filiales, ya es obsoleto y requiere una sustitución inmediata.
Entre ese equipo destacan 6 mil 588 de las 15 mil 310 cámaras instaladas desde 2009 como parte del programa Ciudad Segura, que ya “caducaron”, y 2 mil 509 más lo harán en 2019. “Las fallas son principalmente en la cámara, router, poste, cambio de voltaje, enlace de datos, botón de auxilio, altavoces, sólo por mencionar algunos motivos”, indicó el área de tecnología del C5 de la Capital de la República.
En 1995, Seguritech era un pequeño negocio que comerciaba con alarmas de seguridad en negocios privados y casas habitación, así como alarmas vecinales para los gobiernos locales. Para el año 2000, el negocio trascendió a los botones de pánico, populares en las delegaciones del entonces Distrito Federal, ya que éstos eran conectados en negocios comerciales para utilizarse como alarmas de seguridad pública.
Según la investigación publicada por Noroeste, el esquema de contratación por adjudicación directa y de información reservada, sucedió desde 2007, y por lo menos diez años más, en Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Colima, Guanajuato y seis delegaciones de CDMX.
Noroeste pudo corroborar lo anterior por la información que sobre los contratos obtuvo a través de los portales de transparencia de los estados y reportes de las auditorías federal y locales, en los cuales señala que dichos gobiernos firmaron contratos por servicios de seguridad.
Todo ello sin un proceso para revisar cuáles son los más económicos o más eficientes, sino que se eligieron de forma directa a empresas que los funcionarios en turno consideran las mejores, aunque éstas incluso no tengan “la mejor reputación en otras entidades”.
Para contratarlas, los gobiernos estatales no han lanzado licitaciones públicas para que las compañías compitan, y así, las administraciones públicas opten por la propuesta más idónea para las finanzas, señaló la investigación de Noroeste.
La empresa propiedad del mexicano Ariel Zeev Picker Schatz, opera de la siguiente manera: al Estado que llega deja en claro durante las negociaciones, que toda información de los contratos entre ambos debe reservarse, con el argumento de ser sensible para su seguridad.
En la mayoría de esas entidades federativas, la empresa tuvo o tiene problemas con las administraciones, lo que ha hecho que las auditorías de los estados y la de la Federación hicieran observaciones y promovido sanciones administrativas o penales.
Eso ocurrió después que se detectara que la contratación de la empresa se hizo de forma directa, cuando los gobiernos pudieron hacer licitaciones. También se encontró que la empresa incumplió en sus cláusulas y que los gobiernos no abogaron por tener mejores contratos, señaló el rotativo sinaloense.
durante 25 días (el equivalente al 7% de un año), Seguritech no tiene por qué responder a la falla, puesto que tiene ese margen estipulado”, expresó.
Además, la empresa está cobrando un millón 965 mil 402 pesos por capacitación y transferencia de conocimientos al personal que laborará en el C5i y otros 8 millones 242 mil 091 pesos para adecuaciones a las instalaciones.
SEGURITECH, SIN RESPUESTAS
El martes 9 de noviembre, Fernando Peña Palacios, director general de Seguritech, ofreció una rueda de prensa para hablar del proyecto del C5i. La invitación a medios de comunicación llegó desde el personal de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Foto: Tomada de Internet.- Los arcos carreteros de Seguritech cuestan 6.5 millones de pesos cada uno, otras empresas ofrecen mejor tecnología por 2 millones menos
De entrada, el empresario se negó a garantizar que el proyecto baje los índices delictivos de BC.
“La estrategia de seguridad depende de muchos factores. Nosotros coadyuvamos en el mantenimiento preventivo de la infraestructura, los índices delictivos son una forma de medir los resultados de la tecnología, garantizamos que esa tecnología se utilice para lo que se ha previsto”, se excusó.
Sin embargo, manifestó que en las entidades donde han implementado sistemas de este tipo, “el objetivo de tener en una base de datos central, de algún ciudadano, domicilio particular o comercio, hace que el tiempo de respuesta de la emergencia disminuya”.
También detallo que, pese a que el contrato fijaba que el primer pago por 19 millones de pesos se efectuaría, el Gobierno del Estado no ha hecho llegar el monto a Seguritech.
“Como corresponde en el contrato, no hemos recibido el pago de este primer trimestre, pero estamos en vías de lograrlo. En tiempo y forma, estamos en espera de ello”, refirió.
Acerca de las características del equipo que no lo sitúan entre la más alta tecnología, el representante de Seguritech respondió: “El contrato establece que todo está apegado a la norma del Secretariado Ejecutivo, el Gobierno del Estado en esta visión, establece que debe ser conforme a los lineamientos del Secretariado. Establece el mínimo”.
Efectivamente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala como mínimo requerido para cámaras y arcos carreteros, los que se mencionan en el contrato, pero ello no justifica los precios por encima de tecnología de mayor calidad.
Ejemplos de cámaras de mejor resolución
Ante la insistencia de las características del equipo, Peña Palacios reiteró: “Es parte de los lineamientos del Secretariado Ejecutivo Nacional, nosotros estamos dando lo que se nos pidió”.
“SIEMPRE VAMOS A BUSCAR LOGRAR UN CONTRATO”
Actualmente, Seguritech tiene contratos con los gobiernos de Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Hidalgo, Sonora y Colima.
En el caso de Baja California, la implementación del C5i se propuso primero como una Asociación Público Privada (APP) entre el gobierno estatal y Seguritech, pero cuando la Ley de Disciplina Financiera colocó a Baja California en el límite de adquirir obligaciones de pago de este tipo, entonces se dio marcha atrás al proyecto.
No obstante, en 2017 se aprobó en forma de contrato plurianual por medio de un dictamen en el Congreso del Estado que provocó diversas manifestaciones de inconformidad.
En la licitación participaron Seguritech y una empresa más, pero una de las bases requería un número de registro con el que sólo Seguritech contaba. De ahí que las voces en contra del proyecto mencionen que se trata de una licitación a modo.
El director de Seguritech declaró al respecto: “En esta propuesta comercial que hacemos, siempre vamos a buscar lograr un contrato y, como estamos en este Estado, hemos buscado en otros estados. Cambiaron las condiciones del contrato de la APP y el gobierno decidió que ya no era procedente”.
De igual forma, dijo, “rechazamos cualquier señalamiento que se haga en contra de nuestra forma de trabajo. Somos respetuosos de la libertad de expresión”.
ACTO INTIMIDATORIO DESDE GOBIERNO DE BC, DENUNCIA INTERPUESTA POR SEGURITECH
El 21 de septiembre, el representante legal de Seguritech, Emmanuel Antonio Cárdenas Rojas, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
La denuncia incluye también a Rodrigo Llantada, Gilberto Fimbres y Marco Navarro, presidentes de Coparmex en Mexicali, Tijuana y Ensenada, respectivamente.
Ejemplos de cámaras de mejor resolución
Lo mismo ocurrió con Genaro de la Torre, Eduardo Castro y Juan Aldrete, presidentes de los comités ciudadanos de Seguridad Pública en Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, de manera respectiva.
Días antes, el grupo de empresarios había presentado una demanda de amparo no contra la empresa, sino contra el Gobierno del Estado de Baja California, por irregularidades en el contrato del C5i.
El director general de Seguritech se negó a hablar del caso, limitándose a leer un documento: “Hemos iniciado, en estricto apego a Derecho, una demanda en la vía judicial por las posibles difamaciones que estas declaraciones hayan tenido”.
Sin embargo, no especificó cuáles fueron los actos difamatorios ni contra qué personas. “Nosotros simplemente lo que queremos es que no existan duda respecto al hecho de que alguien pudiera hablar mal de nuestra empresa”, añadió.
Cuestionado sobre el hecho, Juan Manuel Hernández Niebla considera que la denuncia penal es un acto intimidatorio orquestado desde el gobierno estatal.
“Nuestras declaraciones se basaron en investigaciones periodísticas de irregularidades detectadas en otros estados y de explicar que el C5i no va a solucionar el problema de seguridad en Baja California”, precisó.
Asimismo, expuso que la conferencia de prensa que ofreció la empresa se entiende como un intento de la administración estatal por legitimar el proyecto.
No obstante, “sus respuestas no llevan ninguna lógica financiera ni operativa, ni se basan en fundamentos, me parece que se quedaron sustancialmente cortos en sus explicaciones”.
Por último, Hernández Niebla detalló que la siguiente audiencia para la demanda de amparo está indicada para hoy viernes 9 de noviembre, pero ya que ni Oficialía Mayor, ni la Secretaría General de Gobierno han contestado al escrito, probablemente se posponga.
Mientras tanto, los organismos aportarán más pruebas ante el juez de distrito donde radica el recurso legal, para demostrar las irregularidades encontradas en los precios y equipo.
