En 2013, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, titular del Poder Ejecutivo, fue electo por la mayoría de los votantes de Baja California para enfrentar, para solucionar los problemas del Estado. Sin embargo, como gobernador, una buena parte de cinco años un mes de su gestión, los ha dedicado a evadir los conflictos de la administración.
Simplemente no acostumbra dar la cara en tiempo y forma. Pareciera que le gusta esperar a que los temas hagan crisis, dejar que la presión social llegue al límite para después salir, y, en medio de declaraciones confusas, responsabilizar a otros gobiernos, organizaciones gremiales, sociales o partidos políticos.
Ejemplos hay varios, pero dos han sido la constante año tras año: la falta de pago a los maestros jubilados y el desabasto de medicinas en el Hospital General. En 2014 aseguró que atendería el problema de los medicamentos a fondo y garantizó el abasto, pero ante el incumplimiento, los médicos se han visto obligados a hacer manifestaciones, en ocasiones más de una por año.
Mismo caso el de los maestros, quienes le buscan la cara, pero lo más que logran es ser atendidos por algún subsecretario, o un secretario en el mejor de los casos. Durante años, los ha hecho suplicar y luego reclamar por el dinero que les corresponde. Porque no han pensado, creado e implementado una solución de fondo al problema. Menos han generado una partida específica, ni creado un fondo que garantice los recursos. Para pagarles, ha decidido fundar sus esperanzas en una partida de fondos extraordinarios, no etiquetados, recibidos de la Federación, cuya cantidad no es fija y, como hemos visto, pueden o no enviarlos.
Y la situación se agrava este fin de año. A la lista de entidades que no reciben los recursos que le corresponden por parte del Estado, se agregaron el Poder Judicial, el Instituto Estatal Electoral, el Colegio de Bachilleres (Cobach), el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y el Instituto de Transparencia -ver ZETA en sus ediciones 2329 y 2330-, y muy probablemente existan otros organismos de la administración que no han sacado la cabeza para no comprometer el pago que les adeuda el Gobierno del Estado.
Infortunadamente esa misma actitud de ver cómo se avecina el problema, hacer poco o nada, y permitir que haga crisis mientras le echa la culpa a otras entidades de gobierno -que ciertamente son corresponsables-, fue la que “Kiko” Vega asumió frente la caravana de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
Desde el 19 de octubre, el Estado anunció, emitió boletines y fotografías de las reuniones de coordinación que se empezaban a realizar para atender el arribo de los migrantes. Pero cuando llegaron no había nada preparado, actuaron como si esas sesiones previas sólo hubieran sido para tomar café y para salir a declarar que necesitan que el Gobierno Federal, que tiene por costumbre no atender el fenómeno migratorio, envíe 80 millones de pesos para hacer frente a la manutención de los recién llegados, como si ese fuera el único problema adyacente a la caravana.
El deplorable manejo de la crisis migratoria evidencia que en las mencionadas reuniones, los funcionarios locales no han sido capaces de cumplir con su función de gobernar, de usar “el conocimiento y experiencia” que supuestamente tienen de lo jurídico, lo social, lo administrativo y lo político, para anticiparse y generar soluciones.
Porque afrontar la crisis va mucho más allá de amenazar a los extranjeros con deportarlos si cometen alguna falta o delitos, y darles techo y comida.
Sistemáticamente, la Federación ha escatimado los recursos para atención a migrantes, lo hace con los mexicanos, lo hizo con los haitianos; por lo tanto, no existe garantía de que esta vez se atienda el llamado.
Por eso, además de continuar exigiendo el obligado acompañamiento del Gobierno de la República, urge que el gobernador y quienes lo rodean, trabajen como hombres de Estado y no como políticos electoreros. Que dejen de fomentar, de capitalizar las actitudes xenófobas y convoquen a los diferentes sectores para planificar y crear un programa con soluciones integrales de largo plazo.
Actualmente son más de 4 mil migrantes de la caravana en Tijuana, 6 mil en Baja California, y la sociedad necesita saber cuáles son los planes de los ejecutivos locales para generar condiciones de convivencia armónica en esta situación que evidentemente se extenderá por meses, incluso años.
Quedan once meses de administración, así que el gobernador Vega tiene la obligación de aplicar su máximo esfuerzo, poner su creatividad e intelecto, para convertirse en el ente que aglutine los esfuerzos para evitar que la situación colapse y reducir el impacto negativo a la calidad de vida de quienes viven en Baja California, los locales y los recién llegados.
Si no lo hace por convicción, entonces corresponde a la sociedad organizada, como se ha hecho costumbre, presionar para obligarlo.
