Ramón Lozano Bernal, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, otorgó a Sonia Rojas Castro, magistrada federal del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito en Mazatlán, la suspensión provisional con expediente número 747/2018, contra la disposición para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al Presidente de la República a partir del próximo 1 de diciembre.
La solicitud de amparo es contra la reducción salarial establecida en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que aprobaron en fechas recientes la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y publicada el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“La suspensión provisional de los actos reclamados que hace consistir en: La discusión, aprobación y emisión del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicada el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en concreto los artículos 1, 2, 3, 4 y 6, así como los artículos 217 Bis y 217 Ter que corresponden a la adición al Código Penal Federal”, dice la resolución.
El Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, indica que mientras esté en el cargo, a la magistrada federal no se le debe disminuir el sueldo, hasta resolver la suspensión definitiva en el caso, por lo que ordena que “permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le apliquen los artículos tildados de inconstitucionales”.
El tribunal explicó en su resolución que no se le puede aplicar el recorte a la magistrada federal, debido a que el sueldo del mandatario nacional se autoriza en el presupuesto anual, por lo que “es factible que tal afectación recaiga en el inicio del siguiente ejercicio fiscal”.
Los supuestos bajo los que se otorgó el amparo, según lo indicó el Tribunal sinaloense, son que de negarse la medida cautelar, “constituiría una permisión tácita un altamente factible atentando contra la independencia del Poder Judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado. Ámbitos en los que se encuentra interesada la sociedad como miembros de un Estado de derecho democrático”.
“En un examen de mera aproximación, se advierte que no se tiene en cuenta a los artículos 94 y 100 constitucionales, que salvaguardan la independencia del Poder Judicial de la Federación, así como el derecho a la irreductibilidad de las percepciones de los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, Consejeros de la Judicatura Federal y Magistrados Electorales, durante su encargo”, expuso.
“Tales disposiciones combatidas se encuentran dirigidas a todo servidor público, como en la especie el que suscribe al ser destinatario de dichas normas, cuyo contenido es de mi interés particular, por lo que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad al resolver el asunto, ya que este juzgador se considera un quejoso potencial de la legislación reclamada”, afirmó Lozano Bernal.
El juez otorgó un plazo de 48 horas para que las autoridades responsables rindan informes previo y fijo. La audiencia incidental será el próximo 27 de noviembre después de 09:00 horas, cuando se determinará si se le concede a Rojas Castro una nueva suspensión que protegería a la magistrada federal hasta que concluya el juicio de amparo.
La nueva ley es aplicable a todos los funcionarios públicos federales, integrantes del Poder Legislativo Federal y del Poder Judicial de la Federación, así como miembros de los órganos autónomos, universidades autónomas, paraestatales y entidades públicas prestadoras de servicios.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos obligará a que a todos los trabajadores de organismos y dependencias del Estado mexicano, con excepción de los estados y los municipios, ganen menos que los 108 mil pesos mensuales que pretende asignarse como salario el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como lo anunció el pasado 13 de junio.
