Para evitar que el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador aplique la política de “borrón y cuenta nueva” al gobierno de Baja California, el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) interpondrá una denuncia penal por como corrupción, cohecho, abuso de autoridad y peculado en contra de Francisco Vega de Lamadrid, funcionarios de su equipo y del empresario boxístico Fernando Beltrán.
Así lo anunció este viernes 23 de noviembre el representante de COCI, Carlos Atilano, al opinar que “por justicia social” delitos como el desvío de recursos no deben tener “punto final” como lo pretende hacer el próximo presidente de la República.
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“El combate a la corrupción no es opcional, es una obligación. México sufre un gran problema de impunidad que tienen que ver con actos de gobierno no castigados” por ello, continuó, “el hartazgo que se ha vivido a nivel nacional fue parte del triunfo de López Obrador”. Por ello asentó que les preocupa que parte de la nueva política va a ser el darle punto final a ese tema.
Ante esa perspectiva, y aprovechando “la declaración del presidente electo en el sentido de que él le va a dar seguimiento a todas las averiguaciones de todas las denuncias que ya estén establecidas para castigarlas, vamos a promover esta denuncia antes de que el nuevo gobierno tome posesión el 1 de diciembre, precisamente para evitar que quede en el olvido y en la impunidad un tema que nos parece muy delicado”.
La denuncia será presentada el próximo jueves 29 de noviembre ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC), querella dirigida en contra de Kiko Vega, así como del ex secretario de Finanzas, Antonio Valladolid; el actual secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bonfante; el empresario boxístico Fernando Beltrán; “y quienes resulten responsables de acuerdo a las investigaciones de delitos”.
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Entre lo que consideró son actos de corrupción que ameritas ser sancionado, dijo que han “detectado más de 10 eventos de gobierno que tienen que ver con la falta de transparencia, rendición de cuentas, desvío de fondos que desde nuestra perspectiva son hechos constitutivos de delitos, como corrupción, cohecho, abuso de autoridad y peculado”.
Entre ellos enumeró el desvío de fondos a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con la que se tiene un adeudo injustificado, ya que deriva de recursos federales que vienen ya clasificados y destinados para la universidad. Otro es el adeudo con los maestros jubilados que obligó al gobierno del estado a solicitar un crédito por más de 300 millones de pesos, “algo que no debía hacerse y que está comprometiendo las finanzas públicas”.
Entre las anomalías que calificó como más grave es el uso indiscriminado a la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP´s) que ha colocado a Baja California como el estado más endeudado de toda la República Mexicana. De mantener “un adeudo de 25 a 30 mil millones de pesos, bajo el uso de las Asociaciones Público Privadas se ha incrementado en más de 80 mil millones de pesos, lo que ha comprometido las finanzas públicas por más de 40 años, lo que nos parece completamente irresponsable.
Agregó que ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de mil 300 millones de pesos, “hay un documento oficial al respecto, por lo que sería lamentable que como sociedad civil no empujaremos una acción de esta naturaleza, tendiente a esclarecer cada uno de estos rubros”, agregó.
De corroborarse estos delitos, dijo que estarán exigiendo: primero, fincar la responsabilidad penal en contra de los funcionarios; segundo, inhabilitarlos para que no vengan a ocupar otro puesto público; y tercero, reparar el daño causado con su patrimonio. “Si ya está la Ley en el sentido de confiscar bienes, vamos a exigir que se confisquen bienes a los funcionarios de manera directa”, acotó.
