Activistas y feministas buscarán eliminar este tipo penal en Baja California debido a “sentencias insuficientes” y cifras que no corresponden a la realidad; en su lugar, pretenden agravar el homicidio por razones de género
En el año más violento en la historia de Ensenada, entre julio y octubre de 2018, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo las primeras dos sentencias condenatorias y una vinculación a proceso por feminicidios en el municipio, cometidos en 2016, 2017 y el presente año.
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De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte Víctimas de Delitos del Fuero Común 2018, hasta septiembre se contabilizaban nueve feminicidios en Baja California. El mismo registro daba cuenta de 2 mil 301 homicidios dolosos en nueve meses de 2018.
Para activistas de derechos humanos y feministas, las sentencias por feminicidio en la entidad son insuficientes y no corresponden a la realidad de la problemática, aunque se reservaron sus cifras.
Desde su perspectiva, el feminicidio se pierde en las legislaciones porque, por ejemplo, en BC solamente se tipifica si la víctima estableció una relación de confianza con el agresor.
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Si bien el Artículo 129 del Código Penal de Baja California, tipifica como feminicidio “el que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género”, considera como tales las siguientes circunstancias:
* Relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o amistad; relación laboral, docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
* Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previa o posterior a la privación de la vida.
* Que existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, o que haya sido incomunicada.
* La sanción va de 20 a 50 años de prisión, además de una multa de 200 a 500 días de salario mínimo vigente.
HOMICIDIOS QUE NO FUERON TIPIFICADOS COMO FEMINICIDIO
En mayo de 2016, Pio Daniel asesinó a golpes a su novia Cinthya Mejía, por celos. La joven de 26 años de edad, con quien mes y medio antes el hombre había comenzado la relación, falleció en el Hospital General tres días después de la agresión.
El caso originalmente se tipificó como homicidio calificado, sin embargo, el defensor logró que se reclasificara como homicidio simple y, mediante un procedimiento abreviado, la jueza Patricia Galván lo condenó a ocho años de prisión.
La madrugada del 27 de octubre de 2017, un mesero de nombre Emilio asesinó a Ana Luisa Díaz Cristino y a Blanca Marlene Martínez Pérez; a la primera, dentro de un bar ubicado en el Bulevar Costero y a la segunda en un motel de la Zona Centro.
Esa madrugada, Emilio introdujo por la fuerza a Ana Cristina a los baños del establecimiento, donde la estranguló. Tiró el cadáver semidesnudo a un contenedor afuera del bar.
Horas después asesinó a navajazos a Blanca Marlene, quien de acuerdo con las autoridades, trabajaba como prostituta. Ambos casos se tipificaron como homicidio calificado.
La madrugada del 7 de diciembre de 2017, Karen Castro salió de trabajar y desapareció cerca de la Segunda Región Naval. Tres días después, su cuerpo fue localizado en el Arroyo El Gallo, a unos 150 metros de la instalación castrense.
Según la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense, murió por una causa no especificada, y su caso se investiga como homicidio culposo, sin que hasta el momento haya detenidos.
BUSCAN ELIMINAR EL DELITO DEL CÓDIGO PENAL
Al participar como ponente en el foro Derecho a Vivir una Vida Libre de la Violencia, Derechos de las Mujeres y las Niñas: De lo Local a lo Internacional, organizado por la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Ensenada, Meritxell Calderón Vargas, integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, adelantó que buscarán eliminar el tipo penal de feminicidio en Baja California.
“No hay sentencias suficientes que obedezcan a lo que realmente está sucediendo, queremos que se agrave el homicidio por razones de género, así podemos ampliar la figura penal para que más mujeres puedan obtener justicia”, explicó el lunes 29 de octubre en el edificio CAIC.
Si bien el tipo penal de feminicidio es recomendado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la sentencia de Campos Algodoneros (primera década de 2000) “estaríamos yendo contra el Derecho internacional, pero es más importante que haya justicia para las víctimas que cumplir un tipo penal”, insistió.
Junto con otras organizaciones y activistas, buscarán agravar el homicidio por motivos de odio, raza, xenofobia y/u orientación sexual.
En el mismo foro, la estudiante de derecho Sugeis Vázquez recordó que la sentencia de Campo Algodonero (Ciudad Juárez) fue la que dio sentido y figura a la palabra feminicidio en nuestro país.
Fue ella quien expuso que en Baja California solamente se tipifica como feminicidio si la víctima entabló una relación de confianza con el agresor. Desde su perspectiva, la impunidad es la violación a los derechos humanos más grande y sigue haciendo permisible que otros derechos se vulneren.
Por su parte, la filósofa Nancy Bonilla expuso que en su momento el ex procurador de Justicia en el Estado, Rommel Moreno, se negó a reconocer la existencia de feminicidios porque no estaban tipificados, aunque para ella, existe con o sin tipo penal.
De hecho, enfatizó que existe un protocolo que se aplica cada que encuentran el cadáver de una mujer, para descartar que se trate de feminicidio.
En Ciudad Juárez, al ser un agravante y no feminicidio, se ha facilitado el trabajo de los ministerios públicos de investigación porque resulta complicado comprobar todas las características enmarcadas en el tipo penal de feminicidio.
Respecto a las cifras de feminicidios con las que cuentan, se las reservó y dijo que en todo caso la obligación de presentarlas es de las autoridades judiciales, legislativas y de derechos humanos.
En cuanto a la solicitud de alerta de género en la entidad, Bonilla aclaró que se han cumplido “prácticamente todas” las 14 recomendaciones hechas, con excepción del Centro de Justicia para las Mujeres.
DIPUTADA PIDE CIFRAS A LA PGJE
En enero de este año, la diputada Claudia Agatón presentó ante la Junta de Coordinación Política un acuerdo para analizar la emisión de alerta de género, según su exposición de motivos-, a razón de que durante 2017 se cometieron 211 asesinatos de mujeres, 13 de éstos catalogados como feminicidios.
En marzo presentó un punto de acuerdo por medio del cual solicitó a la PGJE información desglosada sobre los casos de homicidios de mujeres durante los años 2016, 2017 y 2018, así como el estado de sus carpetas de investigación, misma que fue turnada a Comisiones.
La legisladora comentó a ZETA que la procuradora Perla Ibarra ha declarado que de 2015 a marzo de 2018, solamente se habían presentado 22 feminicidios en Baja California.
SENTENCIADOS Y VINCULADOS A PROCESO EN ENSENADA
El 31 de julio, un juez emitió una sentencia condenatoria de 46 años, 10 meses y 15 días de prisión contra Julián López Martínez “El Pudre”, de 27 años, por el delito de feminicidio, tras un juicio oral, condenándolo a pagar un millón 469 mil 564 pesos por reparación del daño.
“El Pudre” mató a su madre, Perpetua Felicitas Martínez Santos, de 65 años, y a su sobrina Jacqueline Bartolón López, de 16 años, el 20 de julio de 2016, en la colonia Lomas de Santa Fe de la delegación Vicente Guerrero.
En la carpeta de investigación se estableció que el sujeto atacó con un machete a sus consanguíneas, privándolas de la vida, después depositó los cuerpos en el patio, dentro de un pozo y les prendió fuego. Los restos calcinados fueron localizados al día siguiente.
El 18 de octubre, mediante un procedimiento abreviado, la PGJE obtuvo sentencia condenatoria de veinte años de prisión contra Federico Vázquez Martínez, de 26 años, por haber privado de la vida a su ex cónyuge Judith Nicolás Hernández, de 21 años, con quien tuvo una relación de seis años y procreó tres hijos.
Durante el procedimiento, el juez también condenó al agresor pagar 730 mil 400 pesos por concepto de indemnización por muerte, más 4 mil 382 pesos por gastos funerarios a favor de los deudos de la víctima.
El feminicidio ocurrió el 28 de octubre de 2017, en una vivienda ubicada en Calle 20 de noviembre, Ejido Emiliano Zapata de la delegación Vicente Guerrero.
Semanas antes del crimen, Judith terminó su relación con Federico y se mudó a dicho domicilio, donde la golpeó tras una discusión.
El ahora sentenciado ingresó al patio, de inmediato la víctima pidió ayuda a su padre, quien lo corrió del sitio. Sin embargo, al cabo de dos horas regresó y acuchilló a la víctima varias veces, ocasionándole la muerte.
El agresor huyó, pero momentos después se comunicó al número de Emergencias informando que había herido a su cónyuge con arma blanca y solicitó una ambulancia.
Al transitar sobre calle Plan de Ayala, oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que atendieron el llamado fueron interceptados por Federico, quien les manifestó lo ocurrido y llevó hasta el lugar de los hechos, donde fue detenido.
El 24 de octubre de 2018, la PGJE obtuvo el auto de vinculación a proceso con medida cautelar de prisión preventiva contra Juan Carlos “N”, de 31 años, por privar de la vida a Iliana Belem Santana Navarro, de 30 años, tras atropellarla.
Mediante la declaración de diversos testimonios, se constató que Iliana y Juan Carlos eran compañeros de trabajo y amigos, que el 18 de octubre estuvieron bebiendo en casa de la víctima, de donde se retiraron a bordo del vehículo del imputado, un Saturn Astra.
A bordo del mismo auto, estuvieron discutiendo frente a un domicilio ubicado en la calle Calafia de la colonia 1989. Un testigo escuchó gritos y ruido, por lo que salió de su casa y vio cuando Juan Carlos sujetó del cabello a la víctima y la soltó al verse descubierto.
La mujer bajó del vehículo y el imputado se retiró a bordo de la unidad hacia el poniente de la vialidad antes mencionada. La víctima caminó sobre la misma calle hasta llegar a la esquina de la calle Bahía Ometepec.
En ese momento, el imputado bajó la vialidad a exceso de velocidad e intencionalmente proyectó el automóvil hacia el carril de acotamiento y atropelló a la víctima, ocasionándole la muerte.
El conductor perdió el control del carro, impactándolo contra otro estacionado sobre la misma calle. Al intentar escapar, chocó el costado izquierdo de la unidad contra el cerco de un comercio, donde finalmente fue detenido por oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
