Lic. Adela Navarro Bello
Co-Directora del Semanario ZETA
Presente.-
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Responsables las medidas de contención del gasto del gobierno de Francisco Vega.
* Programa de Austeridad se aplica desde el 2014.
* Ante la ASF, calificadoras y bancos, las medidas de contención son una prueba de las acciones de administrar responsablemente el gasto corriente.
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* La propia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, indica que se deberán de tomar medidas para racionalizar el gasto.
* SEE, Jubilaciones y Pensiones (ISSSTECALI), y el Sector Salud: sectores con Alta Carga Financiera.
Mexicali, B.C.- Jueves 11 de octubre de 2018.- El Gobierno del Estado que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, lleva a cabo acciones de evaluación, análisis y contención de recursos estatales, las cuales tienen el objetivo de alinear la estrategia financiera del Estado bajo el Plan de Austeridad y Ahorro, desde inicios de la actual administración.
Este programa funciona de manera permanente para todas las dependencias y entidades de Gobierno del Estado, haciendo de conocimiento amplio las medidas de Contención del Gasto a los diputados del Congreso del Estado.
Estas medidas han sido implementadas enérgicamente este año, debido a que los recursos federales llamados “Apoyos Extraordinarios”, de “Fortalecimiento Financiero” y “Subsidio Extraordinario al Sector Salud” que se destinaban en el Estado para subsanar los temas de Educación, Pensiones y Jubilaciones, y Salud, en 2017 la federación los redujo considerablemente, y los mismos, destinados para el año en curso, a la fecha no han llegado al Estado, por lo que esta Administración estatal se ha visto obligada moralmente a cubrir en la medida de lo posible, por lo que se ha visto en la necesidad de utilizar el gasto corriente o recurso estatal para subsanar el rezago o déficit en Educación y Salud, retirando recurso de otras áreas que se cubrían con recursos estatales.
Respecto a la nota publicada por el semanario ZETA, en su edición 2323 de fecha del 5 al 11 de octubre de 2018, se publica una nota “Finanzas de Kiko al borde de la quiebra”, se hace la siguiente precisión: El término quiebra no aplica para gobiernos, puesto que es utilizado para la situación jurídica en que se encuentra una persona física o moral que se dedica a una actividad comercial, cuando sus bienes no alcanzan para cumplir con sus obligaciones, así lo establece el Código de Comercio.
Por consiguiente, el término quiebra aplica únicamente a quienes realizan una actividad comercial y no es una condición aplicable al Gobierno Federal, Gobiernos Estatales ni Gobiernos Municipales, por lo que se asegura que en ningún momento están en riesgo los bienes propiedad del Gobierno del Estado de Baja California.
Respecto a la situación financiera de Baja California, los datos son públicos y auditados por diversos actores como lo son: la Secretaría de la Contraloría del Estado, despacho de contadores externos, Auditoría Superior del Estado (ASE) y Auditoría Superior de la Federación (ASF), y se puede observar el superávit en el patrimonio de la Hacienda Pública del Gobierno de Baja California.
Asegurar que Baja California está a punto de la quiebra con base en un oficio donde se solicitan medidas de contención no es procedente, ya que precisamente para poder cubrir los gastos extraordinarios con recurso propio, se debe de hacer un ahorro en los gastos, lo que demuestra que este gobierno es sensible al tema de Educación, Pensionados y Jubilados, así como al de Salud, al amortiguar los gastos en estos rubros con ingreso propio, aun cuando estos siempre se han cubierto con recursos federales.
Estos criterios de ahorro o de contención de gasto, permitirán que Baja California continúe asegurando una gestión responsable de sus finanzas públicas, lo que genera condiciones favorables para su desarrollo y estabilidad económica.
No obstante que, durante 2017, Baja California registró un déficit financiero de 4.9% de los ingresos totales, la mejora de 2017 refleja un fuerte crecimiento de los ingresos del 10%, mayor al incremento del 9% de los gastos con respecto al año anterior.
Aunado a esto, Baja California no contrató deuda adicional para financiar el déficit financiero en Educación y Salud de 2017, pero utilizó la liquidez que tenía disponible para cubrirlo en la medida de lo posible.
El Gobierno del Estado de Baja California, desde inicios de su administración ha realizado un gran esfuerzo para cerrar el ejercicio con finanzas públicas sanas año con año, manteniendo un estricto control y contención del gasto de operación a través de los lineamientos de programación y presupuesto, así como las políticas de austeridad dictaminadas por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
Dicho lo anterior, las finanzas sanas que señala el Gobernador se han conseguido gracias a presupuestos equilibrados y con programas permanentes de reingeniería para compactar el gasto, y como una de las principales cualidades que se ha destacado durante su gobierno.
Un claro ejemplo de ello es el presupuesto ejercido por el gobierno central durante la actual Administración estatal, manteniéndose durante los primeros cuatro años y lo que va del 2018 al menos un 3% y 4% por debajo de lo autorizado, y alcanzando un 10% por debajo del presupuesto autorizado en 2015.
Dicho diferencial acumulado durante la Administración estatal es de 21 millones 525 mil pesos, evidenciando la prioridad por ejecutar el gasto de manera eficiente.
Asimismo, el diferencial entre el presupuesto autorizado y el recurso ejercido de la Oficialía Mayor de Gobierno ha sido en promedio de 18% del 2014 a lo que va de 2018. Esto derivado del interés por cumplir con objetivos y no de cumplir con el ejercicio de los recursos. En 2015 también, el recurso ejercido fue 23% menor al presupuesto autorizado por Oficialía Mayor.
Por otro lado, de agosto de 2017 al mismo mes de 2018, el sector paraestatal ha disminuido en 180 mil 2 litros el consumo de combustible, esto derivado no sólo del incremento en el costo del combustible, sino como fruto de las políticas de austeridad que se han venido mostrando desde años atrás en el consumo de recursos.
El consumo de energía eléctrica del sector central es un claro ejemplo de lo que se ha venido trabajando en la presente Administración estatal. La disminución continua en el consumo de Kw/h, comenzando en 2014-2015 con una disminución de 1 millón 678 mil 990 Kw/h, incrementando el ahorro a 15 millones 196 mil 869 Kw/h del 2015-2016 y manteniendo una disminución de 14 millones 826 mil 516 Kw/h. Tomando en cuenta el total del ahorro en Kw/h no consumidos a un costo promedio de 2.425 pesos, esto se traduce en un ahorro de 76 millones 878 mil 259.38 pesos, derivados solamente de la eficiencia en el consumo de energía eléctrica.
En términos financieros, la deuda pública ha sido un tema que ha adquirido relevancia conforme ha ido avanzando la administración y con el incremento de controles como la Ley de Disciplina Financiera para Entidades y Municipios y el Sistema de Alertas publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dicho sistema maneja un conjunto de indicadores para medir la sostenibilidad de la deuda, siendo la del corto plazo la que se ha venido incrementando por temas programáticos y presupuestales durante cierto periodo de la administración actual. Cabe destacar que el indicador destinado a observar la deuda del corto plazo del Sistema de Alertas de la SHCP muestra una tendencia decreciente para Baja California a partir del 4to trimestre de 2017.
Se puede observar una tendencia a la baja en dicho indicador del Sistema de Alertas, rondando los 7.5, porcentaje que pasaría de una situación en observación a sostenible no sólo de ese indicador, sino el estado actual de la deuda total de Baja California pasaría a una deuda sostenible.
Lo anterior es un claro ejemplo de las políticas de austeridad y eficiencia aplicadas desde el inicio de la actual Administración estatal, que a la fecha ha presentado resultados contundentes respaldando el interés del mandatario estatal por utilizar los recursos de manera óptima y eficiente, para así hacer frente al compromiso financiero en los temas de Educación y Salud, y asegurando de manera responsable el manejo sostenible de las finanzas públicas con base a las disposiciones emitidas y en congruencia con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y la publicación de la presente.
Atentamente
Raúl Reynoso Nuño
Director de Comunicación Social
Gobierno del Estado de Baja California
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Respuesta del reportero
En efecto, en el reportaje mencionado se utiliza el concepto “quiebra”, aplicable a una empresa o persona cuando ésta no dispone de los recursos suficientes para costear sus cuentas, situación real -no jurídica- a la cual se acerca (“al borde”) el gobierno estatal.
Sobre todo por -en estos momentos- no tener capacidad de liquidar su deuda de corto plazo, transacciones que deben realizarse antes que concluya el sexenio, tal como lo obliga la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Una de las pruebas de que la administración de Francisco Vega está “al borde de la quiebra” es, precisamente, que ha ordenado que en 2019, de acuerdo al oficio que se hace mención en el reportaje y firmado por el propio Ejecutivo del Estado, la reducción del 25 por ciento del gasto (algo así como 11 mil 263 millones de pesos) “para preferenciar la disminución del déficit presupuestario y atender los adeudos de corto plazo”. Con ello, se dejarán de comprar bienes tales como vehículos; se reducirán las metas de todas las dependencias; se disminuirán las ayudas sociales e insumos varios, entre otros rubros. Es decir, la falta de capacidad para hacer frente a las deudas que contrajo la administración, deberán ser saldadas con los recursos que se destinaban para los servicios y bienes de una sociedad.
Atentamente,
Isaí T. Lara Bermúdez
Reportero
