El Ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a la agencia estadounidense The Associated Press (AP), que la información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de dicho tipo de datos.
La autoridad sudamericana afirmó que rubricar dicho documento es obligatorio para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa Fiscalía.
La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y ex presidentes, en una decena de naciones de la región, recordó AP.
La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados. México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie, abundó The Associated Press.
En el caso mexicano, Odebrecht confesó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos en un periodo comprendido entre 2010 y 2014. Luego se dio la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de ex ejecutivos de la constructora -como el ex director en México Luis de Meneses-, que involucraban directamente al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Pese a estas evidencias la PGR mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación, a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.
En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios y nueve ex funcionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht. La Fiscalía brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”.
Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas. Por otra parte, Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.
Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, aseguró el pasado 24 de julio, que la investigación sobre Odebrecht sigue avanzando “bien”, que la misma no “se ha parado”, y de no llegarse a un acuerdo reparatorio con la empresa brasileña -ya que buscan reponga el dinero y sea inhabilitada-, el caso será judicializado antes de que finalice la administración de Enrique Peña Nieto.
El pasado 11 de junio, el diario estadounidense The New York Times, aseguró basado en 3 fuentes, que el Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios por supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, pero se está rehusando a presentar cargos porque podrían perjudicar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) previo a las elecciones presidenciales.
“Los casos penales yacen atrapados en un limbo legal común para las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción sigue siendo uno de los mayores impedimentos al incipiente estado de derecho del País”, indicó el NYT, que publicó la información en su versión impresa.
El pasado 14 de marzo, Nieto Castillo aseguró que fue despedido de su cargo en la Fepade para detener varias las investigaciones que había iniciado, no solo por presuntos sobornos de Odebrecht al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sino también en supuestos casos de financiación ilegal de elecciones estatales por parte del PRI.
Santiago Nieto -quien después se sumó a la campaña de López Obrador- afirmó en una entrevista al diario The Wall Street Journal, que poco antes de su despido de la Fepade, había solicitado información bancaria de varios paraísos fiscales, además de declaraciones juradas y otra documentación de las autoridades brasileñas, como parte de su esfuerzo para decidir si existían motivos para presentar cargos contra Lozoya Austin.
El ex titular de la Fepade fue destituido de su cargo el 25 de octubre del año pasado, por el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, por supuestamente “violar” el código de ética de la institución, así como “violentar la reserva estricta que establece la Constitución y el Código Penal” en materia de investigaciones.
Existen declaraciones bajo juramento de varios altos ex funcionarios de Odebrecht ante los fiscales brasileños, testimonios en los que que aseguran la constructora pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya para obtener contratos de obra pública, de los cuales 4 mdd se entregaron en el 2012, año en que Peña Nieto fue elegido presidente.
El resto del dinero supuestamente fluyó a Lozoya después de que se convirtiera en jefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos en diciembre de 2012, dijeron los ex funcionarios de Odebrecht, constructora que ganó contratos con Pemex por valor de al menos 1.5 mil millones de dólares durante su dirección , que finalizó en 2016, lo que el ex funcionario federal ha negado.
La PGR afirmó que Nieto Castillo fue despedido por divulgar ilegalmente detalles de una investigación activa. El ex fiscal dio una entrevista con el diario Reforma, días antes de que fuera despedido, asegurando que Lozoya Austin lo presionó para que supuestamente lo declarara públicamente inocente, por los señalamientos de presuntos sobornos. Sin embargo, el ex director de Pemex mostró una carta, en la que simplemente había pedido que lo llamaran para testificar.
Según el NYT, la investigación de la PGR ha confirmado en gran medida lo que ya se conoce: que millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore para garantizar contratos de infraestructura.
“Sin embargo, los investigadores mexicanos no extendieron considerablemente su pesquisa para buscar contratos o pagos que podrían haber pasado desapercibidos a las autoridades brasileñas, de acuerdo con las fuentes con conocimiento del caso.”
“Los fiscales mexicanos podrían tener un caso todavía más sólido, con más evidencia de las autoridades brasileñas, de acuerdo con personas familiarizadas con el caso. Pero a diferencia de la mayoría de las naciones afectadas por el escándalo, México rechazó la petición de Brasil de no procesar a Odebrecht o a sus ejecutivos, lo que potencialmente atemorizó a testigos y evitó que rindieran testimonio completo, dijeron las personas.”, abundó el rotativo.
“También podría haber más sobornos de los que se reconoció en un principio. Documentos y registros de transferencias bancarias dados a conocer en los medios mexicanos sugieren que los sobornos pagados a funcionarios mexicanos podrían haber alcanzado los 16 millones de dólares, una cifra mucho mayor de lo que estipuló la compañía en su testimonio para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.”, aseveró el NYT en ese entonces.
A principios de marzo de este año, Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primera de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a Lozoya Austin, la suspensión definitiva contra la judicialización de la indagatoria por enriquecimiento ilícito y cohecho, que lleva a cabo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), de la PGR, hasta que no se dicte una sentencia en el juicio de garantía contra el ex director de Pemex.
“Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentra la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 y no se determine en definitiva la investigación inicial, si ésta no se ha judicializado; y hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo”, resolvió la juez.
-Con información de AP.
