Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en Veracruz, ordenó cancelar la orden de aprehensión librada el pasado 6 de febrero contra Nabor Nava Holguín, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada debido, a que fue girada sin que la Fiscalía de Veracruz expusiera en forma oral los hechos que le imputa.
El juez federal otorgó el amparo a Nava Holguín, al concluir que la Juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez, violentó las formalidades esenciales del procedimiento acusatorio, al incurrir en varias inconsistencias para facilitarle la acción penal a la Fiscalía, entre estas la solicitud de captura.
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Según Holder Gómez, dicho documento no contiene dato alguno de la fecha y hora de recepción, además de que Sosa Jiménez no solicitó que se fijara fecha y hora para la celebración de audiencia privada, ni tampoco justificó la necesidad de efectuar la mencionada solicitud fuera de audiencia.
“[La juez autorizó] la emisión del mandamiento de privación de libertad que le fue solicitado, sin que el fiscal hubiese expuesto de manera oral en tal audiencia cuáles eran los hechos atribuidos al imputado, los datos de prueba con que contaba en la carpeta de origen, sino que esas cuestiones fueron relatadas de manera escrita”, señaló Holder Gómez.
“Esto es, por no haberse expuesto y acreditado la necesidad de cautela, ni haberse expuesto los motivos y fundamentos en que se sustentó la orden de captura reclamada, ni haberlos relacionado con los datos de prueba que tomó en consideración, de manera oral”, indicó el impartidor de justicia federal, quien ordenó a la Juez de Control negar dicha aprehensión.
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Nava Holguín es prófugo de la justicia en el mismo asunto en el que están vinculados a proceso Arturo Bermúdez Zurita, su antecesor en la SSP veracruzana, así como otros 18 policías estatales, acusados de al menos 15 desapariciones forzadas durante el sexenio de Duarte de Ochoa.
El Gobierno de Veracruz ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien proporcione información que permita capturar al ex Secretario de Seguridad Pública, quien es militar de formación y tiene el grado de Mayor de Infantería.
El pasado 7 de junio, el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, acudió al penal de Pacho Viejo, para recibir de la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia, Alma Aleida Sosa Jiménez, la orden de aprehensión contra el ex gobernador Duarte de Ochoa, por su probable participación como autor intelectual de la desaparición forzada de 13 personas.
Según las acusaciones en su contra -que constan dentro del expediente 459/2018, radicado en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la Ciudad de México-, en el año 2016, el ex gobernador habría ordenado a Luis Ángel Bravo Contreras, entonces fiscal general del estado, alterar las cifras del descubrimiento de los cadáveres de 19 personas, halladas en la localidad de La Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.
A su vez, a Bravo Contreras se le atribuye ordenar a mandos medios, tres de ellos presos en Pacho Viejo, no reportar la totalidad de los cuerpos, sino presentar solo seis. Uno de los 13 restantes, el cadáver de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el policía David Lara Cruz, quien fue abandonado en el municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado, luego de ser secuestrado por sus mismos compañeros.
Bravo Contreras se encuentra prófugo de la justicia desde junio pasado, y hay una recompensa de cinco millones de pesos por información que propicie su captura. Por el delito de desaparición forzada de personas, según ley aplicable desde el pasado 16 de enero, Duarte de Ochoa podría alcanzar una pena de hasta 60 años de cárcel.
