Tras nueve meses de prisión en una cárcel de Chihuahua, el viernes 28 de septiembre fue liberado el ex secretario adjunto del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Gutiérrez, quien fue acusado del desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua para la campaña federal del PRI en 2016, durante la administración del ex gobernador prófugo, César Duarte.
Con brazalete electrónico en el tobillo, Gutiérrez enfrentará en libertad la acusación que le queda por el desvío de 1.7 millones de pesos, y mientras acusa que intentaron hacerlo declarar en contra del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se autoproclama preso político. Así, aunque no ha sido exonerado y el gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral insiste en las denuncias, Gutiérrez se convirtió -en un lapso de 48 horas- en el segundo priista favorecido por una decisión del juez federal Marco Antonio Fuente Tapia.
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Dos días antes, el mismo juez determinó que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado por el desvío de “al menos” 223 millones de pesos del erario, recibiera una sentencia que ofendió al pueblo veracruzano y a todos los mexicanos: el aseguramiento de 41 inmuebles, una multa de 51 mil 890 pesos y nueve años de prisión que podrían bajar a cinco años por “buena conducta”, y como lleva compurgados dos bajo proceso, estará libre en 2021 y con los bolsillos llenos.
Todavía más ofensiva resultó la cuasi exoneración, si se considera, que dos de sus cómplices, empresas favorecidas por la corrupción de su gobierno, firmaron con la Procuraduría General de la República, y están cumpliendo un acuerdo reparatorio para regresarle a los veracruzanos 398 millones de pesos.
Con estos antecedentes, es pertinente recordar el estatus de los otros seis ex gobernadores acusados de corrupción durante el sexenio que está apunto de fenecer.
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César Duarte Jáquez, de Chihuahua, señalado por el desvío de 6 mil millones de pesos del erario, con residencia actual en Estados Unidos, tras adquirir nueve propiedades en Texas. Inició una solicitud de ciudadanía y tiene once causas penales abiertas, ha tramitado más de 60 amparos y a la fecha las varias solicitudes de extradición tramitadas del lado mexicano, no han servido.
En este caso, la PGR firmó un acuerdo reparatorio con una empresa “que probablemente realizó operaciones ilegales” con el gobierno de César Duarte, por 38.7 millones de pesos.
Guillermo Padrés, de Sonora, acusado de un fraude fiscal por 8.8 millones de pesos, se entregó a las autoridades en noviembre de 2016. Ha sido exonerado de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y sigue interno por un cargo de lavado de dinero por 11 millones de pesos.
Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, está siendo procesado por un desfalco de 900 millones de pesos.
En cuanto a los ex mandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington, éste fue extraditado en abril de 2018, de Italia a Brownsville, Texas, donde está siendo juzgado por delincuencia organizada, tráfico de cocaína, extorsión y fraude bancario. Y mientras espera su extradición a Estados Unidos por delitos similares a los de su antecesor, Eugenio Hernández, fue vinculado a proceso en su Estado “por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Inspirados en la evidencia de que el país sigue acumulando gobernadores y ex gobernadores prófugos, que compran terrenos con prestanombres y adquieren deudas millonarias durante sus respectivas administraciones, que usan empresas fantasma, facturas falsas y aprovechan su acceso a información privilegiada para beneficiar con recursos públicos sus negocios personales, los legisladores federales recién estrenados, están presentando una serie de leyes y reformas para evitar esos yerros en el futuro.
Movimiento Regeneración Nacional pretende ampliar la “extinción de dominio” y expropiar los bienes adquiridos ilícitamente a los funcionarios y terceros (prestanombres) que participen en los delitos -hasta ahora no incluidos en esta medida- de abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y de la administración de justicia.
Los panistas proponen cancelar el manejo de dinero en efectivo por parte de los gobiernos estatales y municipales, para evitar que lo usen en el pago de dobles nóminas, campañas electorales y el control político de prensa y grupos sociales.
Mientras los de Movimiento Ciudadano plantean una reforma a la Ley del IVA-ISR para combatir los fraudes de los gobiernos con facturas y empresa falsas, proponen hacer obligatorio que los gobiernos retengan por adelantado tres cuartas partes de los impuestos en toda transacción comercial con particulares, para que sea menos atractivo el negocio fraudulento.
Adicionalmente, anunciaron la creación de una Comisión Especial para investigar las administraciones estatales que trabajaron del 1 de enero de 2006 a enero de 2018.
Son evidentes las buenas intenciones de los legisladores, el problema de estos planteamientos es que son soluciones de papel, que poco valen si las fiscalías y el Poder Judicial no las transforman en acciones materia de procesamiento.
De nada sirven si no se trabaja para evitar la corrupción en las procuradurías, en el Poder Judicial, en todo el sistema de administración de justicia. No habrá avance si los expedientes se siguen armando de manera deficiente, si las investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil que están midiendo el gasto público, tienen más sustento que las carpetas que arma la autoridad. Si los ministerios públicos son incapaces de probar la delincuencia organizada o la asociación delictuosa en los desvíos millonarios, o si los jueces siguen reclasificando delitos, al tiempo que los investigados continúan negociando la impunidad sin ser castigados.
Lo urgente es cambiar el sistema de procuración de justicia y de administración de la misma. Investigaciones fuertes, ministerios públicos eficientes, procuradurías independientes, fiscalías autónomas, para acabar con la impunidad de los corruptos.
