La historia del Poder Judicial en la Nueva España está llena de claroscuros. La debilidad del Poder Judicial se manifestaba con la venta de los cargos judiciales que originalmente pertenecían al Rey.
Poco a poco, el Poder Judicial fue separándose de los demás poderes (Ejecutivo y Legislativo) basando su autonomía en una serie de principios como aquellos que dicen “Un pueblo sin justicia, es un pueblo sin alma”, “pobre de aquellos pueblos cuyos jueces merecen ser juzgados”. También al aplicarse la idea de Montesquieu sobre el debido equilibrio de poderes, o sea, un sistema de pesos y contra pesos, mediante el cual un poder vigila a otro poder para evitar la vigencia de poderes absolutos que anulan los principios de democracia y en su caso, de debido proceso.
Hace unos días, hubo que suspender el proceso para elegir un magistrado del orden común, cuestión que entre abogados y estudiosos del derecho causó preocupación porque se hizo la pregunta: ¿Qué, de los 14 aspirantes a magistrado, no había tan sólo uno que pueda desempeñar el cargo con honestidad, vocación, dignidad y autonomía, que tenga experiencia y conocimientos legales? Sobre todo cuando la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del mismo Congreso determinó que todos los aspirantes eran elegibles para el cargo.
Dudo que los actuales diputados aspiren a negociar su voto o apoyo a tal o cual aspirante a magistrado para tener de esta manera canonjías o compromisos personales o de partido político, porque todos sabemos que garantizar la autonomía del Poder Judicial fortalece la democracia, y el orden y la seguridad de la sociedad bajacaliforniana. Es un compromiso, además, de todo servidor público que protesta cumplir y hacer cumplir las leyes.
A mi juicio, la falla radica en el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Pienso que debería ser un voto público de cada diputado, además de los requisitos que establece la Constitución Política del Estado, que sea obligatorio que durante la comparecencia del aspirante se encuentren todos los diputados integrantes de la legislatura, así realmente conocerían al profesionista que aspira al cargo. Sabemos lo que es la Real Politic, o sea la lucha por el poder, pero convertir la elección de magistrados en una trinchera partidista o de grupo, pone en peligro al sistema de Justicia. La imparcialidad de la actuación del Poder Judicial y la tranquilidad y paz social a la que aspira el pueblo de Baja California requiere:
I. Que cada diputado otorgue su voto razonado a favor de cualquiera de los candidatos a magistrado que integren una lista donde destaquen los méritos laborales y académicos. Además de conducta personal de los aspirantes e incluso, mediante un análisis de caso, en razón de lo que constituye la fama pública.
II. Para que haya transparencia, y tomando en cuenta la importancia del proceso de selección de magistrados, cada diputado hará público su voto, fundamentando y transparentando por qué otorga su voto.
III. El nombramiento debería recaer en quien obtenga mayoría de los votos.
*Para mayores datos consultar el libro “La reforma del Poder Judicial del Estado de Baja California”, del cual es autor el que escribe esta columna.
Conclusión, recordemos la importancia que representa un proceso de selección de magistrados transparente y justa, que como sabemos, mejorará la calidad e imparcialidad de las decisiones de estos funcionarios judiciales.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
