Mientras que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijó su postura contra la posibilidad de modificar el periodo de la gubernatura de Baja California a cinco años en lugar de dos, tal como se establece actualmente en la constitución, la diputada priista Blanca Patricia Ríos, presentó la iniciativa de reformas, contradiciendo lo dicho por su partido.
En entrevista con CUENTAHILOZ, el delegado regional del CEN, Fernando Moreno Peña, ex gobernador de Colima y sobreviviente de un atentado armado, aseguró que a la única fuerza que le interesa la modificación de la gubernatura es a Morena: “eso es obvio, que es Morena quien quiere de 5 años esta elección porque quieren aprovechar la alta votación que sacaron, la ola de López Obrador que les dio muchos votos para de una vez ganar una elección de cinco, eso está claro, eso no tiene duda”.
Sin embargo, fue la legisladora de su partido quien introdujo la iniciativa para reformar la Ley el jueves 25, día en que sesionó el pleno de la Cámara de Diputados local.
Pero lo curioso es que la diputada Blanca Patricia ha figurado en el congreso por no figurar. Es decir, es una joven sin experiencia política, danzante de los ritmos que sus dos padrinos dentro de la cámara le toquen.
Basta con recordar que la novata priista llegó a su curul gracias a una impugnación de género y por la vía de la representación proporcional. Blanca Patricia es identificada como una incondicional de Alejandro Arregui que, junto con Benjamín Gómez negocian a nombre del PRI con otras fuerzas en el congreso local. Más ahora que la fracción está dividida en dos grupos.
Foto: Archivo.- Blanca Patricia
Lo que es obvio, contrario a lo que dijo el delegado, es que no es “únicamente” Morena la fuerza política interesada en cambiar el plazo de la gubernatura, sino que también algunos integrantes de su partido que, o por negocio o gratificación política, están en amorío con el partido de Andrés Manuel López Obrador para intentar sacar el sueño de los 5 años.
Al respecto, el delegado del CEN, dijo: “Nosotros queremos dejar claramente una posición, estamos del lado de la legalidad porque ya una vez iniciado los procesos electorales, ya no puede haber modificaciones legales y este proceso ya empezó en septiembre”.
Y argumenta: “la constitución de la República y la constitución local establecen que todas las modificaciones se tienen que hacer 90 días antes de que comience el proceso electoral, es inconstitucional… Imagínate una elección que esté constitucionalmente impugnada, no le da certeza al proceso, esto no ayuda. Si ya está caminando el proceso y al mismo tiempo se encuentra en tribunales pues eso no abona al principio de certeza electoral”.
Moreno Peña aseguró que esa –y no la de la diputada– era la “postura del PRI”.
Esos son todos los argumentos y posturas del PRI que salieron sobrando para la manejable diputada y sus aliados (incluyendo a Catalino Zavala y Víctor Morán de Morena). Lo van a intentar negociar con el PAN y el resto para votar con mayoría calificada, pasarla por los cabildos y librar las posibles impugnaciones. Un acto de gran hazaña.
