El Estado mexicano presenta síntomas de debilidad política y financiera.
El elevado número de homicidios, “la venta de piso” mediante coerción y el ejercicio de la violencia, han llevado a que muchos ciudadanos porten armas, mientras otros acuden al linchamiento, mejor conocido como auto justicia.
Existen mecanismos de defensa de derechos humanos, pero éstos no son suficientes cuando nos acercamos a lo que se conoce como Estado fallido.
Una de las obligaciones del Estado, es mantener el orden y la seguridad interna, aparte del control financiero y la defensa del territorio nacional. Pero el desbordamiento de la violencia obliga a la reflexión y a la acción. Haciendo prevalecer el derecho, es la única manera de evitar los estallidos de descontento social, sobre todo si no hay éxito en el combate a la corrupción y la impunidad nacida de las negociaciones ilícitas, el peculado y los abusos de poder.
Volvemos a repetir lo que en varias ocasiones hemos escrito en esta columna, sino se castiga severamente a los autores de peculados y abuso del poder, si se otorgan perdones a exfuncionarios que se han enriquecido sin límite y a costa de la miseria del pueblo; no habrá tranquilidad social ni confianza en el gobierno. Por ser este ejemplo trascendente de lo que no debe hacer la autoridad dotada de fuerza que emana del derecho.
Vemos con tristeza que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, antes de asumir el poder se retracta de sus promesas de hacer justicia a favor de aquellos que sufren siglos de explotación y discriminación.
Malo apartarse de la voluntad popular y de lo que los mexicanos queremos, que es justicia, y si ésta no se da, seguirá latente el peligro de un levantamiento armado que sabemos, sólo traerá muerte y miseria.
Hermann Heller en su libro “Teoría del Estado”, define a éste como un poder de mando jurídicamente regulado, sino se aplica el poder de mando regulado por el derecho, pronto estará presente la anarquía o la dictadura que suelen presentarse en gobiernos débiles o de mano dura.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
