Duplicidad en liquidaciones al actual subsecretario de Educación Media Superior, Superior, Formación Docente y Evaluación, y a una ex regidora de Nueva Alianza, además de una adjudicación millonaria, son las irregularidades que dejó ver el resultado de un análisis de la Auditoria Superior del Estado
Indemnizaciones millonarias y adjudicaciones sin proceso de licitación, fueron parte de las transas localizadas por la Auditoria Superior del Estado de Baja California, motivo por el cual el Congreso del Estado rechazó aprobar las cuentas públicas de egresos del Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach), que al parecer, se ha convertido en un refugio para los colaboradores políticos que llevaron a Francisco Vega de Lamadrid al poder, y que finalmente resultaron un desastre ante los malos manejos por parte de las ex directoras Amparo Aidé Pelayo Torres y Arcelia Galarza Villarino.
Galarza fue secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 2 y la encargada de defender la Reforma Educativa en Baja California; como premio, fue nombrada dirigente estatal del Partido Nueva Alianza (Panal) y finalmente diputada de la XX Legislatura, donde fue incondicional del Partido Acción Nacional.
Como agradecimiento a su labor legislativa, se le designó titular del Cobach en 2013, hasta el 7 de marzo de 2016, cuando la sustituyó Aidé Pelayo Torres. Sabido es que esta última es cercana al gobernador y por ello ocupó diversos cargos en su administración, incluyendo la Subsecretaría de Educación Básica.
De acuerdo a lo investigado por la Auditoría Superior del Estado, Pelayo Torres infló la nómina de Cobach con un centenar de colaboradores que a su salida, su sucesor, Javier Santillán Pérez, dio de baja; incluso éste declaró públicamente que ella se aumentó el sueldo al final de la administración, cuestión que el propio Francisco Vega de Lamadrid desmintió y remitió al portal de Transparencia.
Foto: Cortesía.- Contrato millonario sin licitación / Sin licitación
DOBLE INDEMNIZACIÓN
El 10 de noviembre de 2016, del Cobach entregaron 6 millones 381 mil 833 pesos -por concepto de prima de antigüedad por jubilación- a Sergio Arturo Barrosa González, sin considerar que se desempeñaba como jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto, posición que se considera como trabajador de confianza.
En convenio celebrado un día después ante la Junta Especial Número Dos de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, Cobach acordó con Barrosa González el pago por desistir a otorgarle diversas prestaciones.
Sin embargo, Barrosa ya contaba con seguridad social por parte del IMSS, por lo que Cobach no tenía obligación de cubrir dicha prestación demandada por el trabajador.
Por lo tanto, la Auditoría estableció que Cobach dispuso recursos de manera irregular, aunado a que el funcionario se desempeñaba en un cargo como directivo, por lo que no se encontraba bajo el Contrato Colectivo de Trabajo 2010-2012 firmado con el Sindicato Único de trabajadores de Cobach, ya que “El presente contrato se aplicará única y exclusivamente al Trabajador Administrativo Sindicalizado”.
Por si fuera poco, se le duplicó el pago por concepto de “prima de antigüedad”, que ya se había pagado en el primer convenio celebrado el 23 de noviembre de 2011, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, por un millón 87 mil 284 pesos.
De igual manera, el 14 de abril de 2016 la institución educativa giró un pago a dos empleados 513 mil 776 pesos por concepto de terminación de la relación laboral. Según la Auditoría, Cobach pagó a los trabajadores 90 días de salario diario íntegro, más 25 días de salario diario por años de servicio, lo cual calificó de indebido, ya que ambos renunciaron a sus cargos.
Foto: Cortesía.- Galarza con Iván López Báez
Además, se les pagó prima de antigüedad sin tener derecho a recibirla; los ex funcionarios son Iván López Báez y Jaqueline Padilla de la Vega. El primero fungió como director de Planeación Académica, cargo de confianza por lo que debió recibir 5 mil 082 pesos de finiquito, sin embargo, la institución educativa le entregó 292 mil 813 pesos, una diferencia de 287 mil pesos adicionales. Aun así, López Báez continúa en el gobierno, es subsecretario de Educación Media Superior, Superior, Formación Docente y Evaluación en el Sistema Educativo Estatal.
Por su parte, Jaqueline Padilla de la Vega fue regidora por el Partido Nueva Alianza en la administración municipal de Francisco Pérez Tejada, rescatada por su compañera de partido Arcelia Galarza. Estuvo en el Colegio de Bachilleres del 6 de enero de 2014 al 18 de abril de 2016 (técnicamente se fueron juntas).
Aunque el documento no especifica su puesto laboral, ZETA obtuvo un contrato del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, el cual trata de la licitación pública OM-Cobach-013-2016, para el suministro de uniformes de verano para Cobach, documento en el cual Padilla de la Vega firmó como representante del Colegio de Bachilleres, por lo que se deduce, su puesto era de confianza.
Padilla recibió de la mano de Galarza una liquidación de 220 mil 963.07 pesos cuando sólo le correspondían 8 mil 736.24 pesos. En total, de acuerdo a la Auditoría, Cobach pagó en exceso 499 mil 958.19 pesos.
PELAYO, TAMBIÉN IRREGULAR
Sobre Aidé Pelayo Torres, la Auditoría señala que contrató de manera irregular los servicios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en el Distrito Federal, contrato que debió licitar al tratarse de un importe de 3 millones de pesos.
La contratación del servicio se llevó mediante el Programa de Formación Directiva y Docente del Colegio de Bachilleres el 16 de noviembre de 2016, y consistía en un Diplomado Superior en Política y Gestión Educativa para el periodo del 30 de enero al 9 de junio de 2017, dirigido a 103 directivos.
Además el Diplomado en Formación de Docentes (Nuevo Ingreso) del 30 de enero al 27 de abril de 2017, para 200 profesores.
La contratación del servició se efectuó sin proceso de licitación pública, incumpliendo diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, así como su reglamento.
Según los rangos de contratación para el ejercicio fiscal 2016 emitidos por la Secretaría de Planeación y Financias, debió licitarse a razón de que excedió los 13 mil uno salarios mínimos, cantidad que en ese momento ascendía a 949 mil 527 pesos.
En Cobach justificaron que la licitación se efectuó mediante adjudicación directa, tomando como base el Artículo 38, al tratarse de “obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, así como aquellos sujetos a precios oficiales”.
Sin embargo, la Auditoría argumentó que el contrato contraviene los artículos 100 de la Constitución de Baja California y 22 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios para el Estado, además de violentar el Artículo 45 del reglamento de la Ley.
Según el Dictamen 165 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, aprobado el 27 de septiembre de 2018 por el Congreso del Estado con 13 votos a favor y cinco en contra, ambas directoras cometieron diversas irregularidades en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Fue hasta el 27 de marzo que en el Colegio de Bachilleres entregaron la cuenta pública al Congreso del Estado, desde donde se remitió a la Auditoría Superior del Estado, y finalmente, se llevó la confrontación entre ésta y los servidores públicos, quedando diversas irregularidades sin aclarar.
Foto: Cristian Torres.- Arcelia Galarza
Para ello fueron llamadas a declarar Aidé Amparo Pelayo y su titular de finanzas, Bonifacio Navarrete Santamaría, así como Arcelia Galarza Villarino; ninguna de las dos pudo atender las recomendaciones, por lo que el Órgano de fiscalización Superior emitió el informe DMEF/OP97/2017, de fecha 19 de diciembre de 2017, en el cual solicitan al Congreso del Estado negarle la cuenta pública de egresos, al encontrar serias irregularidades.
Otra de las observaciones realizadas fue que la entidad cuenta con un adeudo de 66 millones 338 mil 232 pesos desde hasta hace cuatro años.
Adicionalmente, no se efectuó el cálculo y registro contable de las depreciación de bienes inmuebles por el ejercicio 2016, que acorde con la Auditoría del Estado, suma 190 mil 139 pesos.
SIN RESPUESTAS
Víctor Octavio Soto Aguilar, director de Finanzas del Colegio de Bachilleres, señaló que no ha sido notificado por la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental. Una vez notificado, tendrá un plazo para dar una respuesta. Sobre las observaciones, dijo que se realizará una revisión interna para verificar el alcance que tiene la resolución y así deliberar sobre el pago que se hizo a las personas. “Sera un proceso que tendremos que analizar, es una obligación que tenemos para entender cómo se ejerció el recurso público” explicó el contador.
Insistió en no poder dar una respuesta sobre el tema, pues tendrá que ser Contraloría quien otorgue los detalles particulares.
— ¿Ya se solventaron tales evidencias ante la Auditoría?
“En su momento, cuando la Auditoría Superior del Estado hace una primera fase, ellos emiten observaciones y de ahí el Colegio de Bachilleres emite una respuesta; de ahí ellos deliberan. Como nuevo equipo de trabajo que nos incorporamos con Javier Santillán en mayo del presente (2018), necesitaríamos revisar lo que en su momento los actuantes dieron en respuesta, no nos tocó dar una solventación a eso, ocuparíamos conocerlo y eso es lo que hace la Contraloría: nos da a conocer las referencias”.
Por su parte, la Secretaría de Contraloría y Transparencia gubernamental, informó que no han sido notificados por el Congreso del Estado, por lo que tampoco emitirían una opinión respecto al proceso.
